Nación promete bajar impuestos y Jujuy se prepara para pagar peajes: el alivio que siempre termina lejos del bolsillo

Caputo propondrá eliminar el impuesto de Sellos con una compensación nacional parcial, mientras avanza el esquema de peajes sobre rutas que atraviesan Jujuy. La contradicción exige respuestas: ¿cuánto se ahorrará realmente y cuánto más costará transportar, producir y trabajar?

El Gobierno nacional vuelve a anunciar alivio fiscal mientras los jujeños se preparan para afrontar nuevos costos de circulación. Luis Caputo adelantó que propondrá a las provincias eliminar el impuesto de Sellos, ofreciendo compensar la mitad de su recaudación a las jurisdicciones comprendidas en la propuesta, que deberán resignar la otra mitad. No existe todavía una eliminación acordada ni una compensación integral. Hay una negociación por delante y una pregunta que el anuncio no resuelve: ¿cómo reemplazarán las provincias los recursos que perderían sin deteriorar servicios ni trasladar la carga hacia otros contribuyentes? La publicidad de una rebaja no puede esconder la discusión sobre quién terminará financiándola.

Para Jujuy, esa discusión requiere números y responsabilidad. Según el informe de coyuntura del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Sellos representó el 10,4% de la recaudación tributaria provincial propia en junio de 2026. No equivale a ese porcentaje del presupuesto total, pero tampoco es un ingreso que pueda descartarse con una frase de conferencia. Suprimirlo podría reducir costos en operaciones alcanzadas por el tributo; hacerlo sin un reemplazo sostenible puede abrir otro problema fiscal. El gobernador Carlos Sadir debe explicar qué posición llevará a la negociación y cómo protegerá los recursos destinados a las necesidades de la población. Defender las cuentas públicas exige también revisar prioridades, eficiencia y distribución del gasto.

Mientras esa promesa se discute, el esquema de concesiones nacionales incorpora dos peajes en territorio jujeño. El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, informó que estarán en Barro Negro, sobre la Ruta 34, y entre Perico y Palpalá, sobre la Ruta 66. Aclaró que el cobro depende de obras previas de mejora y reposición de calzada. Este 3 de noviembre, el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, reiteró esa condición. Las obras son necesarias, pero su necesidad no exime al Gobierno de justificar las condiciones del cobro. La Provincia debe defender a los usuarios ante una concesión nacional, publicar información precisa y exigir obligaciones verificables. Anunciar dónde se pagará resulta insuficiente si todavía no se explica cómo se protegerá a quienes necesitan circular todos los días.

El peaje tiene consecuencias que exceden al automovilista. Puede incrementar el costo de trasladar mercadería, distribuir alimentos, prestar servicios y llegar al trabajo. Su traslado a los precios dependerá de las tarifas, la frecuencia de los viajes, las alternativas disponibles y la capacidad de cada empresa para absorber el gasto: hay una presión potencial sobre el costo de vida, aunque todavía no pueda cuantificarse su impacto inflacionario. Tampoco debe confundirse un aumento puntual de costos con una aceleración permanente de la inflación. Pero esa precisión económica no vuelve inocua la medida: cuando el comercio tiene márgenes estrechos y las familias poco ingreso disponible, cualquier cargo adicional obliga a resignar rentabilidad, consumo o ambas cosas.

La contradicción política está a la vista: se ofrece competitividad mediante una rebaja tributaria todavía negociable y se prepara un nuevo costo para circular por corredores esenciales. Una ruta segura puede reducir accidentes, tiempos y daños en los vehículos; esos beneficios deben demostrarse junto con el costo que se cobrará por obtenerlos. Antes de habilitar peajes, Jujuy necesita conocer tarifas definitivas, mecanismos de actualización, beneficios para usuarios frecuentes y controles sobre las obras. Nación y Provincia tienen que presentar el balance completo. Porque una política de alivio se mide en lo que finalmente paga el ciudadano. Si el ahorro queda en el anuncio y el nuevo gasto llega a cada viaje, el bolsillo jujeño habrá vuelto a financiar una promesa ajena.