Colombia — Sin alternativas rápidas, Colombia seguirá dependiendo del gas caro importado

Una falla reciente en la regasificadora de Cartagena puso en evidencia la fragilidad actual del abastecimiento del gas nacional. Esa es la única regasificadora que tiene el país para traer el gas importado, que hoy representa el 40 por ciento del total que consume Colombia entre usuarios e industrias, tras haber perdido su soberanía durante el pasado gobierno. 

El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella pone el retrovisor en el gobierno Petro y en su orientación de no conceder nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos como la herencia que le legaron y que llevó a esta situación. Mientras tanto, los exfuncionarios de Petro culpan al gobierno actual por no tomar decisiones adecuadas para aumentar la disponibilidad de gas en el corto plazo. 

Para el gobierno De la Espriella, que ha prometido señales positivas de inversión para reactivar el sector y crecer la producción de hidrocarburos, está en juego la relación con sus votantes. Quiere evitar que aumenten mucho más los costos del gas para los usuarios residenciales y las empresas que se abastecen con este. Sin embargo, las soluciones de corto plazo no le garantizan reducir la dependencia del gas importado. Los planes grandes para hacerlo estarán listos sólo hacia el final del gobierno, como el proyecto costafuera Sirius. 

En la mira del gobierno está asegurar un logro menos ambicioso, pero también complejo: asegurarse que el gas que se importe sea de menor costo y su suministro sea confiable. Para ello tiene como prioridad reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, con Venezuela, montado en la ola de la reactivación petrolera de la alianza Trump–Rodriguez. Su otro objetivo está en la puesta en marcha de dos terminales alternativas de regasificación que estarán listas hasta comienzos del 2027, pero que, por ahora, no tienen asegurado el suministro.

Más gas importado y menos gas producido

La dependencia de Colombia del gas natural importado ha aumentado considerablemente en los últimos años y ha dejado de ser un mecanismo excepcional de respaldo para las plantas de energía térmica, que se usan en mayor medida cuando hay sequías, y hoy ocupa una proporción significativa del abastecimiento nacional. 

De una participación de menos del 1 por ciento en 2022, el gas importado ocupa alrededor del 30–35 por ciento de la participación en la oferta de gas comercializado en 2026. 

De hecho, en octubre de este año, Naturgas (la Asociación Colombiana de Empresas de Gas Natural) reportó que las importaciones alcanzaron el 41 por ciento del suministro nacional.  

Esa dependencia se debe, principalmente, a una caída de la producción nacional que se ha venido acentuando con los años. Según un reciente informe de Promigas, entre 2021 y 2025 cayó la producción fiscalizada de gas en un 31 por ciento. Es decir, la cantidad total de gas extraído de los pozos que es verificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Una revisión a detalle de la oferta de gas de los campos maduros de Colombia hecha por el experto del sector, Sergio Cabrales, muestra que en los principales campos la oferta continúa en declive pronunciado desde 2024. En el Piedemonte llanero la caída es del 32 por ciento, en los pozos del Valle del Magdalena de Canacol Energy es del 76 por ciento y en La Guajira es el 55 por ciento. 

Un campanazo de alerta frente a esta situación llegó la semana pasada, tras una falla en los trenes de regasificación en SPEC –la única terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural en el país. Es de propiedad de Promigas, del grupo Sarmiento Angulo, y de Royal Vopak, una multinacional de origen holandés–. Esto redujo la capacidad de regasificación de la planta en un equivalente al 10 por ciento de la demanda nacional. 

La falla activó un racionamiento programado de gas natural por parte del Ministerio de Energía para priorizar la demanda esencial, que son los usuarios residenciales, los pequeños usuarios comerciales, el gas natural vehícular y el destinado a las refinerías. Luego de estos, la prioridad está en las térmicas, que hoy aportan entre el 27 y 30 por ciento de la energía total del Sistema Interconectado Nacional entre 40 plantas en operación que son claves para darle confianza al sistema en pleno fenómeno del Niño. 

Aunque esta semana la terminal SPEC recuperó su capacidad de producción, fue la segunda falla operativa en poco más de un mes, lo que mostró la fragilidad que tiene el país al depender únicamente de esa fuente para abastecerse del gas natural importado. Los críticos del gobierno han tomado nota. 

El exministro de la cartera de energía en el gobierno Petro, Edwin Palma, dice sobre estos episodios: “Ya van dos racionamientos en menos de tres meses de gobierno. Con nosotros en el gobierno, gremios, expertos, políticos y la gran prensa nos habrían acabado”, dice. 

Las alternativas son, por ahora, seguir importando

En el largo plazo, la apuesta es recuperar la autosuficiencia de gas natural. Para ello será clave completar Sirius, el proyecto costafuera en el mar caribe que hace Ecopetrol y Petrobras. Con este se podrían cuadruplicar las reservas y podría aportar el 40 por ciento de la producción actual. 

Aunque el camino es culebrero. El proceso de consulta previa con una comunidad de pescadores en Taganga tiene al proyecto enredado en medio de un largo diálogo que tiene que adelantar y que le implica tramitar 120 consultas previas. En las cuentas del presidente de Petrobras, Alcindo Moritz, el proyecto verá la luz hasta 2030 o 2031, por lo que Sirius dará gas ya en el próximo gobierno. 

Para el gobierno De la Espriella ese largo plazo no resuelve los problemas más inmediatos, que es el aumento del costo entre los usuarios. Ya es una realidad el aumento del gas vehicular, que subió casi en un 20 por ciento (pasó de $4.200 a $5.000 por metro cúbico). También el aumento de los costos se da entre los usuarios residenciales, como muestra la gráfica, que refleja un aumento acumulado de 36 por ciento de los precios entre diciembre de 2021 y septiembre de 2025.

Por esa razón, sus esperanzas descansan en un soluciones más rápidas, que pueda completar en tiempos más realistas para su gobierno.   

Una de esas soluciones pasa por diversificar la infraestructura de importación de gas natural poniendo en funcionamiento dos proyectos de importación que ya están en curso: la regasificadora del Pacífico (ubicada en Buenaventura y en Buga) y Puerto Bahía (en Cartagena). Ambos tienen avances distintos. La regasificadora del Pacífico sigue siendo un proyecto en desarrollo, mientras que Puerto Bahía tiene ya una infraestructura con antecedentes de operación, pero que se puede ampliar. 

Para junio de 2026, el proyecto del Pacífico tenía un avance del 80 por ciento, y tendrá una capacidad inicial de producir 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD). Su entrada en funcionamiento tendrá que esperar hasta comienzos del próximo año. 

En cuanto a la regasificadora de Cartagena, que realiza Ecopetrol y Frontera Energy, esta tendría una capacidad inicial de 124 MPCD, pero se puede extender a 370 o 400 en una fase posterior. Su entrada está prevista para diciembre de 2026, según el cronograma anunciado por Ecopetrol. Entre ambos proyectos podrían traer al país una quinta parte del suministro que hoy debe cubrirse con importaciones. 

Pero construir los proyectos es apenas una parte. La otra consiste en asegurar que el gas internacional llegue a ellas, algo que no está garantizado actualmente. Esto es así especialmente desde que, el 19 de octubre pasado, Ecopetrol declaró desiertos los procesos de contratación de gas natural a cinco años destinados a ambas regasificadoras. 

La primera decisión de calado de la nueva Junta de Ecopetrol, encabezada por el poderoso del gobierno, Carlos Suárez, se justificó porque las ofertas internacionales no resultaron compatibles con las condiciones comerciales que Ecopetrol estaba dispuesto a aceptar, es decir, los precios que les ofrecieron del gas eran muy altos.

La ministra de la cartera, María Nohemí Arboleda, respaldó la decisión: “Hoy Ecopetrol toma decisiones responsables y el gobierno las respalda. Apoyamos los esfuerzos de Ecopetrol por aumentar la oferta de gas en el país”, dijo.   

El segundo frente está en Venezuela. La petrolera Ecopetrol y el gobierno nacional, anunciaron hoy que la reactivación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte es prioritaria para asegurar el suministro de gas hacia Colombia. El proyecto fue incluído entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), lo que implica que, desde la vicepresidencia en cabeza de José Manuel Restrepo, se podrán coordinar a las entidades necesarias para sacar adelante su rehabilitación. 

El gasoducto fue inaugurado en 2007, tiene 225 kilómetros de longitud, y conecta a La Guajira con la región del Lago de Maracaibo. Durante años estuvo averiado por el desgobierno sobre la infraestructura de hidrocarburos de Nicolás Maduro, pero en la reactivación del sector de los hidrocarburos en cabeza del gobierno de Donald Trump esa situación podría cambiar.  

Para el experto Sergio Cabrales, el gasoducto Antonio Ricaurte es una opción interesante, pues podría reducir hasta el 75 por ciento el costo del gas importado y diversificar las fuentes del abastecimiento. Esto porque el gas importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificar al llegar al país, lo que incrementa su costo final.

En su comunicado, Ecopetrol dice que, en una primera fase, se prevé importar por el gasoducto 50 millones de piés cúbicos diarios, aproximadamente el 5 por ciento del consumo nacional. Sin embargo, su puesta en funcionamiento todavía está condicionada a que se rehabilite la infraestructura, algo que podría tomar al menos uno o dos años, y a que Ecopetrol obtenga la licencia requerida por la Ofac para poder comerciar con Venezuela.      

Eso deja un panorama donde hay alternativas en marcha para asegurar el abastecimiento— las dos regasificadoras contratadas por Petro y la reactivación del gasoducto— pero no una solución para el problema del precio. Ese, en medio del Niño, será un dolor de cabeza adicional para un gobierno que justo propone subir impuestos con una reforma tributaria y no ha podido contener la inflación.