La Iglesia argentina intensificó su reclamo formal para que la Cámara alta avance con la sanción de la ley contra la ludopatía y la regulación de las plataformas de juego virtual. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzó una junta de firmas para exigir el tratamiento inmediato de la iniciativa antes del 30 de noviembre, fecha límite de las sesiones ordinarias.
La advertencia eclesiástica se produjo en la antesala de la llegada del papa León XIV al país y luego de que el Senado avalara una moción de preferencia sobre un texto que acumula casi dos años sin definición.
A través de la plataforma Change.org, la entidad impulsó el petitorio bajo una consigna tajante: “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”. La iniciativa ya sumó cerca de 1.400 firmas, tras incorporar más de 500 adhesiones en apenas 24 horas.
El planteo reiteró los términos de la carta enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al resto de los legisladores, donde se expusieron las severas consecuencias del juego compulsivo en las infancias y juventudes.
En ese documento, los religiosos remarcaron una postura contundente: “La ludopatía es un atentado contra la vida”, advirtieron. En la misma línea, cuestionaron los intereses económicos del sector y reclamaron una intervención directa del Estado.
El avance del juego digital en menores
Desde la Pastoral advirtieron que la proliferación de plataformas de azar impacta de lleno en la salud mental de los jóvenes, desestabiliza la economía familiar y altera el rendimiento en las escuelas.
Bajo esa premisa, demandaron que los representantes legislativos ejerzan la defensa de los sectores más desprotegidos frente a las dilaciones parlamentarias.
Y sentenciaron con dureza sobre la inacción política: “No hacer nada” también es una decisión, remarcaron.
Las estadísticas oficiales reflejan la gravedad de la situación actual. De acuerdo con el relevamiento Kids Online Argentina, desarrollado en conjunto por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de 12 a 17 años apostó dinero en internet en alguna oportunidad.
El mismo informe determinó que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a personas de su entorno que participan activamente en sitios de juego.
En sintonía, los registros del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señalaron que seis de cada diez adolescentes se encuentran expuestos a este tipo de plataformas, mientras que uno de cada ocho menores apostadores ya contrajo deudas.
El psicólogo y exintegrante del seleccionado de rugby Los Pumas, Matías Dalla Fontana, colabora activamente con la Pastoral Social y participó de los encuentros técnicos con senadores y diputados.
Al respecto, Dalla Fontana vinculó el resguardo de las infancias con la soberanía nacional: “Cuidar la vida es Soberanía: No habrá futuro posible sin un debido resguardo, sin un debido cuidado de los más pequeños, de los más débiles”, sostuvo.
Alcances del proyecto y el riesgo de archivo
La propuesta legislativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, tras cosechar 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones, quedando frenada desde aquel momento.
Durante las últimas jornadas, la senadora peronista Lucía Corpacci impulsó la moción de preferencia para intentar forzar el tratamiento del expediente en el recinto, moción que fue aprobada por el pleno.
Por su parte, la diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade denunció las maniobras dilatorias y alertó sobre la intención oficial de dejar caer el proyecto.
La iniciativa contempla normativas de fondo para proteger a los usuarios:
– Prohibición absoluta de publicidad, sponsoreo y acciones comerciales en redes sociales, medios tradicionales, indumentaria deportiva y promociones a cargo de figuras públicas o influencers.
– Obligatoriedad de controles biométricos de acceso para certificar fehacientemente la identidad y la mayoría de edad de los apostadores.
– Aplicación de penas de prisión efectiva a los administradores de juego clandestino, con penas agravadas si intervienen menores.
– Programas obligatorios de prevención escolar, mecanismos de autoexclusión y topes operativos de dinero y tiempo.
– Prohibición estricta del uso de tarjetas de crédito para fondear cuentas de juego.
La traba principal radica en los tiempos legislativos, ya que las sesiones ordinarias concluyen este 30 de noviembre, aunque el proyecto retiene vigencia parlamentaria formal hasta el 1° de marzo de 2027.
Para habilitar su debate fuera de término, el Poder Ejecutivo debería incluir la norma en el temario de sesiones extraordinarias. Asimismo, en caso de sufrir modificaciones en el Senado, la redacción regresará a la cámara de origen.
Frente a este escenario, la Iglesia y los sectores que acompañan la normativa aceleran las gestiones políticas para esquivar el vencimiento de los plazos parlamentarios.
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