El plazo razonable y la extinción de la acción penal

La justicia debe de llegar a tiempo

La justicia no consiste únicamente en investigar delitos y aplicar sanciones. También debe ofrecer respuestas oportunas y respetar los derechos de todas las personas. Cuando un proceso penal se prolonga sin una razón válida, tanto la persona investigada como la víctima sufren las consecuencias. Por eso, el plazo razonable y la extinción de la acción penal son garantías importantes para el sistema de justicia dominicano.

El artículo 69 de la Constitución dominicana reconoce el derecho a recibir una justicia efectiva y a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Esto significa que las autoridades deben actuar con diligencia y evitar que los procesos se extiendan innecesariamente. La persona investigada no debe permanecer indefinidamente en la incertidumbre, mientras que la víctima merece una respuesta oportuna a su reclamo de justicia.

La extinción de la acción penal ocurre cuando se presenta una causa establecida por la ley que impide continuar con la persecución penal. Entre esas causas se encuentran la prescripción y el vencimiento del plazo máximo del proceso, cuando se cumplen los requisitos legales. La Ley núm. 97–25 regula la duración de los procedimientos y las consecuencias de superar los límites establecidos. Sin embargo, cada caso debe evaluarse conforme a las normas aplicables y sus circunstancias particulares.

Es importante aclarar que la extinción de la acción penal no significa automáticamente que una persona sea inocente ni constituye una absolución sobre los hechos investigados. Su finalidad es garantizar que el Estado ejerza su poder dentro de los límites de la ley. Por tanto, esta figura no debe entenderse como un premio a quien comete un delito, sino como una protección frente a procesos que se prolongan indebidamente.

La Ley núm. 74–25, que establece el nuevo Código Penal dominicano, y la Ley núm. 97–25, que reforma el procedimiento penal, plantean el desafío de fortalecer una justicia eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales. Para lograrlo, el Ministerio Público y los tribunales deben mejorar la organización de las investigaciones, controlar los plazos, evitar suspensiones injustificadas y utilizar adecuadamente los recursos tecnológicos.

La extinción de un proceso también puede generar frustración en las víctimas, especialmente cuando han esperado durante años una decisión. Por eso, las instituciones tienen la responsabilidad de investigar oportunamente y evitar que sus propias deficiencias perjudiquen a quienes reclaman justicia o a quienes enfrentan una acusación.

En definitiva, la solución no consiste en debilitar el derecho al plazo razonable, sino en lograr que las autoridades cumplan sus obligaciones a tiempo. Una justicia verdaderamente eficaz es aquella que investiga con seriedad, protege a las víctimas, respeta el derecho de defensa y toma decisiones fundamentadas. La confianza ciudadana se fortalece cuando la justicia no solo actúa conforme a la ley, sino que también llega a tiempo.

Felixa Georgina Duran Vásquez | Licenciada en Derecho