Agua en Jujuy: aumentos programados y reclamos en Perico ponen a prueba a la SUSEPU

Noviembre llega con una nueva actualización tarifaria del agua, mientras persisten las preguntas sobre el suministro en Perico. La SUSEPU debe demostrar que el control de la calidad y la protección de los usuarios tienen la misma atención que la revisión de los costos empresariales.

La actualización de las tarifas de Agua Potable de Jujuy tiene un calendario preciso. La Resolución 312-SUSEPU/2026 aprobó para octubre, noviembre y diciembre la continuidad de un esquema de incrementos mensuales del 2,481395%, correspondiente a una recomposición de costos reconocida previamente. El fundamento oficial contempla la sustentabilidad del servicio y la aplicación gradual de los ajustes. Esa precisión administrativa permite plantear una exigencia igualmente concreta: los usuarios necesitan conocer qué mejoras, controles y garantías acompañan el esfuerzo económico que se les solicita.

En Perico, esa discusión adquiere especial relevancia por los reclamos de familias sobre olores en el agua y episodios gastrointestinales. Agua Potable sostiene que los análisis realizados no detectaron contaminación y que se efectúan muestreos en distintos puntos de la red. Ambas cuestiones deben exponerse con claridad: existen denuncias que requieren atención y una respuesta técnica oficial que debe poder verificarse. Publicar resultados completos, fechas y lugares de muestreo contribuiría a resolver dudas y fortalecer la confianza. La investigación sanitaria debe determinar, por su parte, las causas de los cuadros denunciados.

La responsabilidad de la SUSEPU abarca la regulación, fiscalización y protección de los usuarios. Por eso corresponde conocer qué actuaciones específicas realizó ante los reclamos, qué información examinó y qué verificaciones propias respaldan sus conclusiones. El control debe ser visible mediante documentos, inspecciones y respuestas accesibles. La autonomía técnica del organismo se demuestra cuando puede explicar a la comunidad cómo evalúa el servicio, qué deficiencias identifica y qué medidas exige para corregirlas. Esa intervención resulta esencial para que la garantía de calidad tenga un respaldo independiente de la prestataria.

El debate tarifario también necesita incorporar la experiencia cotidiana de los hogares. La continuidad, la presión, la atención de pérdidas y los tiempos de respuesta forman parte de la calidad de un servicio esencial. Cada actualización debería acompañarse de indicadores públicos que permitan seguir esos aspectos y evaluar las inversiones. La sustentabilidad de una empresa estatal debe traducirse en una prestación confiable para quienes la financian con sus pagos. El municipio y los representantes locales pueden contribuir reuniendo reclamos, solicitando información y sosteniendo su seguimiento hasta obtener respuestas.

Jujuy tiene la oportunidad de convertir esta controversia en una mejora institucional. Una agenda de análisis accesibles, controles verificables y compromisos de servicio permitiría ordenar la discusión alrededor de resultados. La SUSEPU debe encabezar ese proceso dentro de sus competencias. Cuando la tarifa tiene fecha de actualización, la respuesta al usuario también necesita plazos claros. La confianza en el agua y en las instituciones se construye con información suficiente, atención efectiva y autoridades capaces de rendir cuentas.