Yuto: los chicos marcharon por una escuela sin ratas y dejaron al Estado frente a su fracaso

La protesta de alumnos y familias de la Escuela Primaria Nº 253 profundizó el reclamo por condiciones sanitarias seguras. La Provincia y el municipio deben explicar por qué la prevención no evitó esta crisis. El caso también exige rendir cuentas sobre el alcance y la ejecución del PROMACE, presentado como una transformación de la infraestructura educativa jujeña.

Los niños de la Escuela N.º 253 “Provincia del Chaco”, de Yuto, tuvieron que salir a reclamar algo que ningún gobierno debería obligarlos a pedir: un establecimiento en condiciones para aprender. La movilización del viernes 30 de octubre reunió a alumnos y familias después de que la presencia de roedores interrumpiera la asistencia presencial y desatara una crisis de confianza. Que una comunidad escolar deba marchar para exigir una escuela sin ratas constituye un fracaso de la prevención pública. Las familias cuestionaron las intervenciones realizadas y reclamaron una solución integral antes del regreso a las aulas.

El Ministerio de Educación debe responder por ese fracaso con documentos, responsables y plazos. Las denuncias familiares describen episodios reiterados, presencia de roedores en distintos sectores y problemas edilicios que requieren inspección y mantenimiento. Frente a esos antecedentes, anunciar que se activaron protocolos resulta insuficiente: ¿qué controles se hicieron antes, qué reclamos se recibieron y quién verificó que las medidas anteriores funcionaran? La continuidad virtual sostiene parte de la actividad pedagógica, pero no repara las condiciones del edificio ni elimina la desigualdad entre hogares. Trasladar temporalmente las clases tampoco libera al Estado de recuperar la escuela de sus alumnos.

La Municipalidad de Yuto también tiene que explicar su actuación. Su colaboración fue reconocida por el responsable educativo regional, pero corresponde conocer cuándo comenzó, qué tareas comprendió y cómo se sostendrá el control del entorno. La responsabilidad provincial sobre el establecimiento exige una coordinación efectiva con las autoridades locales, no una sucesión de intervenciones cuando la protesta ya estalló. El municipio no puede reducir su papel a acompañar un operativo: debe dar cuenta de las acciones que le corresponden y de las gestiones realizadas ante las alertas vecinales. Las competencias administrativas deben servir para ordenar respuestas, nunca para dejar a las familias atrapadas entre oficinas.

En este contexto, la pregunta por el PROMACE es inevitable. El Gobierno provincial presentó en 2019 una inversión prevista de USD 307 millones, destinada a infraestructura educativa, capacitación, conectividad, equipamiento y gestión. La información de Hacienda registra, al 31 de diciembre de 2025, USD 168,69 millones recibidos entre tres préstamos vinculados al programa. Esa precisión fortalece el reclamo: el Gobierno debe publicar cuánto se ejecutó, en qué establecimientos y con qué resultados, además de explicar si la Escuela 253 fue incluida, evaluada o postergada. La existencia de financiamiento no demuestra una irregularidad; pero obliga a una rendición de cuentas exigente sobre las prioridades.

El gobernador Carlos Sadir tiene una responsabilidad política directa en esa explicación: participó como ministro de Hacienda de la presentación del PROMACE ante la Legislatura. Hoy debe responder desde la conducción provincial por la distancia entre aquella promesa de mejora y una comunidad que reclama condiciones elementales. La respuesta debe incluir un informe sanitario, las reparaciones necesarias, controles posteriores y condiciones verificables para recuperar la presencialidad, junto con una explicación municipal de su intervención. Los chicos ya hicieron lo que jamás debió recaer sobre ellos: poner el problema frente a las autoridades. Ahora les toca gobernar a quienes tienen presupuesto, equipos y obligaciones. Una escuela segura debe estar garantizada antes de la marcha.