De la Espriella y los límites del Llanero Solitario 

Entre los recuerdos de mi niñez hay una serie a la que guardo especial cariño: El Llanero Solitario. Me atraían el personaje, su sentido de la justicia y su disposición a acudir donde la gente había quedado desprotegida. Para un niño, el mensaje era sencillo: el abuso no debía tener la última palabra y alguien tenía que ponerse del lado de quienes no podían defenderse.

Muchos años después, al observar al presidente Abelardo de la Espriella y escuchar sus intervenciones, he vuelto a recordar aquella serie. En su manera de presentar la lucha contra la delincuencia, la corrupción y los poderes tradicionales encuentro una semejanza con el personaje dispuesto a enfrentar un orden que parecía inamovible. Es una lectura de su liderazgo: la figura de quien promete llegar donde otros fracasaron y enfrentar aquello que los demás terminaron aceptando.

Esa imagen tiene fuerza en un país donde numerosas personas sienten que trabajan, pagan impuestos y cumplen las reglas sin recibir protección suficiente. Quien vive bajo extorsión, pierde su negocio por un robo o espera durante meses una respuesta institucional, puede encontrar esperanza en una autoridad que promete actuar. Sería un error despreciar esa expectativa. También lo sería confundirla con una capacidad de gobierno ya demostrada.

En Colombia, salir a trabajar puede terminar en una despedida que nadie imaginó. Medicina Legal registró 14.780 presuntos homicidios en 2025: unos 40 diarios. Detrás de cada muerte queda una familia que debe aprender a vivir con una ausencia irreparable. En ciudades y campos, la violencia de delincuentes comunes y grupos armados recuerda la distancia que todavía separa el derecho a la vida de su protección efectiva. 

Aquí comienza el problema que me interesa discutir. La figura del Llanero Solitario concentra la confianza en las cualidades del protagonista. Gobernar un país exige que esa confianza se convierta en instituciones, acuerdos y resultados que puedan sostenerse sin su intervención permanente. ¿Puede De la Espriella aprovechar la fuerza de esa imagen sin quedar atrapado en ella?

Quién manda y quién protege

En las historias del Llanero Solitario había una comunidad sometida por quienes imponían su voluntad. El héroe aparecía y modificaba la relación de fuerzas. En Colombia, esa escena permite preguntar quién manda realmente en cada territorio.

La respuesta está en quién decide si un comerciante puede abrir su negocio, una familia permanecer en su finca o un productor transportar su cosecha sin entregar parte de sus ingresos a un tercero. Donde una organización criminal cobra por trabajar, restringe la circulación o impone silencio, ejerce un poder que disputa la autoridad del Estado. Recuperar ese territorio significa devolver a sus habitantes la libertad de decidir sobre su vida.

En las ciudades, esa disputa ocurre en las calles, el transporte y los establecimientos comerciales. El hurto y la extorsión modifican recorridos, horarios y decisiones de inversión. Su costo comprende lo robado, pero también las ventas perdidas, los gastos de protección y las oportunidades abandonadas. Cuando una familia organiza su vida alrededor del miedo, la delincuencia ha conseguido imponer parte de sus reglas.

La exigencia de firmeza tiene, por tanto, un fundamento concreto. Su eficacia debe juzgarse por la protección que consigue sostener. Capturar a un extorsionista será insuficiente si otro ocupa su lugar, la denuncia expone a la víctima o el negocio termina cerrando. Una intervención puede recuperar una calle durante unas horas; la autoridad legítima debe permitir que sus habitantes la utilicen con tranquilidad todos los días.

Pero el país comprende más de 1.100 municipios y distritos con capacidades profundamente desiguales. Las brechas abarcan ingresos, infraestructura, educación, salud, conectividad, justicia y posibilidades de producir. Un derecho puede estar reconocido nacionalmente y ser casi inaccesible en determinados territorios. Esa distancia entre reconocimiento y ejercicio efectivo también expresa una debilidad del Estado.

El Dane permite dimensionar esas asimetrías: en 2025, la pobreza monetaria alcanzó el 65,3% en Chocó y el 60,2% en La Guajira, frente al 15,1% en Cundinamarca. Una política nacional necesita instrumentos diferenciados para responder a condiciones tan distintas. La amplia presencia de municipios de quinta y sexta categoría obliga a examinar los fundamentos fiscales de esa desigualdad. Muchos gobiernos locales enfrentan responsabilidades complejas con ingresos propios limitados y equipos reducidos. No basta exigirles resultados desde Bogotá. Se necesita establecer qué capacidades les faltan, cómo financiarlas y qué apoyo deben proporcionar departamentos y Nación.

La seguridad debe entenderse dentro de esa realidad. La personal permite vivir sin amenazas; la alimentaria exige acceso estable a alimentos suficientes y nutritivos; la económica requiere medios de vida capaces de resistir dificultades. La seguridad social protege frente a riesgos como la enfermedad y la vejez. La ambiental comprende la prevención de desastres y la preservación del agua, los suelos y los ecosistemas. La tecnológica exige conectividad, capacidades para aprovechar la inteligencia artificial y protección frente a los riesgos digitales. La institucional supone reglas confiables y derechos que no dependan del favor de un funcionario.

Ampliar esta mirada exige precisar responsabilidades. La Policía no puede resolver por sí sola la desnutrición, como una transferencia monetaria no puede desarticular una organización criminal. Cada problema requiere instrumentos específicos y una coordinación que permita proteger a la misma población desde distintos frentes. El liderazgo presidencial será decisivo para conseguirla, pero ninguna voluntad individual puede sustituirla.

Gobernar cuando la voluntad no basta

El límite de la comparación aparece cuando dejamos de imaginar al país como una comunidad que espera ser rescatada. Colombia está formada por ciudadanos con conocimientos, organizaciones, iniciativas y capacidades para actuar. Un gobierno que los trate únicamente como beneficiarios de su protección desaprovechará parte de los recursos necesarios para transformar sus condiciones de vida.

En muchos territorios conviven personas preparadas sin empleo, instalaciones subutilizadas, equipos disponibles y necesidades que podrían atenderse mediante producción local. Articular esas capacidades requiere identificar demanda, financiar inversiones y conectar mercados. El Sena, las universidades, las empresas y las comunidades necesitan tareas y compromisos concretos. La oportunidad consiste en construir capacidad económica donde hoy predominan esfuerzos dispersos.

La informalidad muestra la dificultad de esa tarea. Según el Dane, en junio-agosto de 2026 alcanzó al 83,1% de los ocupados en centros poblados y zonas rurales dispersas. Allí, tener trabajo difícilmente garantiza estabilidad económica.  Un pequeño negocio puede reunir experiencia y esfuerzo, pero generar ingresos insuficientes para invertir y contratar formalmente. Exigirle obligaciones sin mejorar sus condiciones productivas puede destruir su sustento. Facilitar su crecimiento requiere comprender sus costos, sus compradores y sus posibilidades de financiación. La autoridad puede hacer cumplir una norma; la política económica debe contribuir a que cumplirla sea viable.

También habrá decisiones que no puedan resolverse identificando a un adversario. Distribuir recursos entre salud, infraestructura, seguridad y educación supone elegir entre necesidades legítimas. Negociar competencias con los territorios exige reconocer intereses distintos. Un desacuerdo sobre impuestos o prioridades de gasto puede expresar diferencias razonables acerca de quién debe asumir los costos. Interpretar toda controversia como resistencia al cambio impediría comprender esas tensiones.

El presupuesto será una prueba de esa capacidad de gobernar. Cada promesa necesita financiación y una estimación de sus obligaciones futuras. El gasto debe evaluarse por los servicios y capacidades que produce; la deuda, por su costo, sus riesgos y las posibilidades de atenderla. Una instalación sin recursos para operar puede ofrecer una inauguración y dejar después otra puerta cerrada.

El Sistema General de Participaciones sitúa este desafío en la relación entre Nación y territorios. Las transferencias deben contribuir a financiar derechos y compensar capacidades fiscales desiguales. Su eficacia requiere competencias claras, asistencia técnica y control sobre los resultados. El desarrollo productivo puede ampliar los ingresos propios, pero no elimina las diferencias estructurales ni vuelve innecesaria la redistribución nacional.

Aquí surge una pregunta incómoda para cualquier liderazgo que concentra expectativas: ¿estará dispuesto a fortalecer autoridades e instituciones que puedan actuar con autonomía, exigirle explicaciones e incluso contradecirlo? La lucha contra la corrupción exige controles sobre los adversarios, pero también sobre los aliados. La descentralización necesita gobiernos territoriales responsables, cuya capacidad de actuar no dependa de su cercanía política con la Presidencia.

La fortaleza del gobernante se hará visible en su capacidad de conducir esa cooperación y aceptar sus límites. Si cada obra necesita su llamada y cada conflicto su presencia, la excepcionalidad presidencial seguirá encubriendo una administración débil. Su éxito debería permitir que más decisiones se resuelvan correctamente sin llegar a su despacho.

Mi recuerdo del Llanero Solitario conserva el afecto de la niñez. Comprendo la esperanza que despierta quien promete enfrentar el abuso. Pero hoy me interesa lo que aquella ficción dejaba fuera del episodio: cómo vivía la comunidad después de la partida del protagonista.

Ese es el debate que De la Espriella debe afrontar. La imagen del héroe puede ayudarlo a conquistar confianza; gobernar exige convertirla en capacidad colectiva. Si al terminar su mandato Colombia sigue esperando que otro hombre venga a salvarla, habrá sobrevivido el personaje. La transformación comenzará a demostrarse cuando esa espera deje de ser necesaria.