
El exdefensor del Pueblo de Boyacá, tres veces decano de la Facultad de Derecho y aspirante por tercera ocasión a la Rectoría de la UPTC, cuestiona el sistema mediante el cual cinco de los nueve integrantes del Consejo Superior pueden decidir quién dirige la universidad, independientemente de los resultados de las consultas. En entrevista con EL DIARIO, propone una reforma que combine el voto vinculante de la comunidad universitaria con la valoración de los méritos académicos. También denuncia oportunidades perdidas en las últimas administraciones, cuestiona las restriccionedebate político y plantea llevar a la UPTC al grupo de las cinco mejores universidades del país.
En medio de una de las contiendas rectorales más competidas de los últimos años en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con once aspirantes en carrera, el profesor Luis Bernardo Díaz Gamboa ha decidido poner sobre la mesa una discusión que va mucho más allá de su propia candidatura: ¿hasta qué punto es democrático un sistema en el que miles de estudiantes, profesores, trabajadores y egresados participan en una consulta, pero la decisión definitiva queda en manos de apenas cinco personas?
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Díaz Gamboa, uno de los candidatos más conocidos dentro de la universidad, no tiene reparos en cuestionar el mecanismo mediante el cual se designa al rector. Considera que el actual modelo ha terminado por restarle legitimidad al proceso, desalentar la participación y abrir espacio a la influencia de estructuras de poder que, según sostiene, deberían dejar de ser determinantes en el futuro de la institución.
“Cinco personas, por muy respetables que sean, no pueden suplantar la voluntad de más de 150.000”, afirmó en entrevista con EL DIARIO, al referirse a los integrantes del Consejo Superior Universitario que pueden conformar la mayoría necesaria para elegir al rector.
El candidato hace sus cuentas: la UPTC tiene, según las cifras que expone, alrededor de 122.300 egresados, 32.000 estudiantes, más de 2.000 profesores y más de 2.000 trabajadores. Sin embargo, aunque estos sectores participan en las consultas, la decisión final corresponde al Consejo Superior, integrado por nueve miembros.
Para Díaz, esa concentración de poder explica buena parte de la desconfianza que rodea las elecciones universitarias. “El número mágico es cinco. Entonces, ¿para qué voto si los cinco del Superior son los que deciden?”, se pregunta el aspirante, quien asegura que las abstenciones en estos procesos superan el 60 por ciento.
Su propuesta no consiste, sin embargo, en establecer una elección popular directa y sin condiciones. Considera que semejante fórmula también podría abrir las puertas a la compra de votos y a la llegada de personas sin suficiente formación académica. Lo que plantea es un modelo mixto que combine consultas vinculantes con una valoración rigurosa de la trayectoria, la experiencia y la formación de los candidatos.
La reforma incluiría ampliar el derecho al voto a profesores ocasionales y de cátedra, trabajadores vinculados mediante determinadas modalidades contractuales y estudiantes de programas en convenio. También propone que cada persona tenga un solo voto, independientemente de que pertenezca a varios estamentos, y convocar una Constituyente Universitaria para transformar el sistema de gobierno de la institución.
«Si maneja la chequera, ¿cómo compite uno que no maneja chequera?»
Otro asunto que considera fundamental es garantizar condiciones de igualdad entre los aspirantes. Por eso propone que quienes ocupen cargos de dirección y tengan capacidad para ordenar el gasto renuncien con un año de anticipación si pretenden aspirar a la Rectoría. «Si maneja la chequera, ¿cómo compite uno que no maneja chequera?», pregunta, al advertir sobre las ventajas que pueden tener quienes administran presupuestos de cientos de miles de millones de pesos.
Díaz Gamboa es abogado de la Universidad Nacional, doctor de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios posdoctorales en la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva 24 años como profesor de planta de la UPTC, ha sido tres veces decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y dirigió en igual número de ocasiones la Maestría en Derechos Humanos.
También fue defensor regional del Pueblo en Boyacá, investigador y autor de publicaciones académicas. Esta es su tercera aspiración a la Rectoría y se presenta como un candidato independiente, sin compromisos con estructuras o maquinarias políticas.
Aunque reconoce aciertos en las últimas administraciones universitarias, considera que también se han perdido oportunidades importantes. Menciona el caso del Hotel Hunza, cuya administración, según asegura, pudo haber asumido la UPTC para facilitar las prácticas de estudiantes de hotelería y turismo y generar ingresos adicionales. «Yo lo hubiera recibido», afirma. También cuestiona que no se hubieran concretado proyectos financiados con regalías para ciencia y tecnología y que se frenara la creación de programas como Ciencia Política, Trabajo Social y Sociología Comunitaria, que, según él, tenían posibilidades de respaldo del Ministerio de Educación.
«Tenemos el derecho y el deber, además, como universidad, de escuchar todos los pensamientos».
Otra de sus críticas apunta a las restricciones al debate político dentro de la universidad. Relata que quiso organizar un foro con candidatos a la Alcaldía de Tunja, pero tuvo que realizarlo en una institución privada. También asegura que se impidió la participación de figuras políticas como Camilo Romero. Considera que las directivas confunden el proselitismo electoral con la deliberación democrática. “Tenemos el derecho y el deber, además, como universidad, de escuchar todos los pensamientos. Derecha, centro, izquierda, todos escuchémoslos, pero no prohibamos”, sostiene.
En materia académica, su principal apuesta es llevar a la UPTC al grupo de las cinco mejores universidades de Colombia, mediante el fortalecimiento de la investigación, la ampliación de la oferta académica y la consecución de nuevos recursos. Propone impulsar el doctorado en Derecho, defender la autonomía universitaria y preservar la política de matrícula cero, cuya eliminación, advierte, afectaría especialmente a estudiantes de menores recursos.
También plantea avanzar en la formalización laboral de los docentes ocasionales y de cátedra. Como vicepresidente de Asoacadémica, asegura que ha participado en un proceso para formalizar inicialmente 126 plazas docentes, iniciativa que, según explica, cuenta con recursos previstos, pero está pendiente de decisiones del Ministerio de Educación.
Con once candidatos en competencia, la elección del rector de la UPTC para el periodo 2027–2030 pone en discusión mucho más que el nombre de quien dirigirá la institución durante los próximos cuatro años. La democracia interna, la transparencia, la autonomía universitaria, la calidad académica y la influencia de los sectores políticos también están en juego.
Díaz Gamboa espera obtener el respaldo de la comunidad universitaria en las consultas de noviembre para llegar a la decisión definitiva del Consejo Superior. Pero insiste en que, independientemente del resultado de su candidatura, el modelo de elección debe cambiar. Su planteamiento deja una pregunta que la UPTC tendrá que resolver: ¿qué sentido tiene convocar a miles de personas a votar si, al final, cinco pueden decidir por todas ellas?
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