La controversia por las rebajas de condenas concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad desde marzo de 2026 abrió un debate jurídico sobre la interpretación de una reforma legal promulgada en febrero de 2022 y los distintos criterios aplicados por la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido las decisiones adoptadas por su cartera argumentando que responden a la jurisprudencia del máximo tribunal, mientras parlamentarios de distintos sectores buscan impulsar modificaciones legales para impedir nuevas rebajas.
El principal obstáculo jurídico radica en el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, que impide aplicar a una persona disposiciones posteriores al delito cuando estas agravan su situación.
El procedimiento comienza cuando una persona condenada solicita al Ministerio de Justicia una reducción de su pena. Si la autoridad rechaza la petición, el solicitante puede recurrir de amparo ante la Corte de Apelaciones, alegando una afectación ilegal de su libertad personal.
El tribunal puede acoger la acción y ordenar la concesión o revisión del beneficio, o bien rechazarla y respaldar la decisión administrativa. Posteriormente, cualquiera de las partes puede recurrir ante la Corte Suprema.
En el máximo tribunal se han desarrollado dos interpretaciones diferentes sobre la aplicación de las restricciones establecidas en 2022.
La primera considera que las rebajas de condena inciden directamente en la duración efectiva de la pena y, por lo tanto, forman parte de las condiciones penales que deben evaluarse conforme a la legislación vigente al momento de cometerse el delito.
Según este criterio, aplicar la prohibición introducida en 2022 a hechos anteriores significaría empeorar retroactivamente la situación del condenado, al impedirle acceder a una reducción que estaba contemplada cuando ocurrieron los hechos.
Bajo esta interpretación, la Corte Suprema ha acogido recursos de amparo y ordenado conceder beneficios, decisiones que el Ministerio de Justicia debe ejecutar mediante los correspondientes decretos administrativos.
La segunda interpretación sostiene que la reducción de condena no constituye un derecho adquirido, sino una mera expectativa sujeta al cumplimiento de requisitos legales y a una resolución posterior de la autoridad competente.
Desde esta perspectiva, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de resolver la solicitud, incluso cuando el delito haya sido cometido antes de febrero de 2022.
El fundamento es que la prohibición no modifica ni aumenta la pena originalmente impuesta por el tribunal, sino que restringe el acceso a un beneficio cuya concesión no estaba garantizada.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, durante 2026 la posición mayoritaria de la Corte Suprema se ha inclinado hacia esta segunda interpretación, rechazando recursos de amparo presentados por condenados que buscan acceder a las rebajas.
La coexistencia de ambos criterios explica parte de las dificultades jurídicas que enfrenta el Ministerio de Justicia y plantea interrogantes sobre el alcance de las resoluciones judiciales que ordenan conceder estos beneficios.
En paralelo, el Gobierno comprometió su respaldo a iniciativas legislativas destinadas a reforzar las restricciones para condenados por delitos sexuales contra menores, aunque su eventual aplicación a hechos anteriores deberá considerar los límites constitucionales relacionados con la retroactividad penal.
La discusión se desarrolla mientras el ministro Rabat enfrenta cuestionamientos políticos por las reducciones de condenas autorizadas durante su gestión y la oposición evalúa la presentación de una acusación constitucional.
El debate jurídico permanece centrado en determinar si la reducción de una condena constituye una condición vinculada a la pena original o un beneficio sujeto a la legislación vigente al momento de solicitarlo, distinción que resulta decisiva para establecer el alcance de la reforma de 2022. (NP-ChatGPT-Emol)
https://www.nuevopoder.cl/suprema-mantiene-criterios-divergentes-sobre-rebajas-de-condenas-a-abusadores-de-menores/
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