Milei cedió ante Estados Unidos y llevará la ley…

El presidente Javier Milei aceptó modificar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tras la falta de apoyos en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca frenar el rechazo opositor y endurecer sanciones por la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas.

La decisión se tomó luego del duro traspié parlamentario de la semana pasada. En esa oportunidad, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, no logró juntar las voluntades necesarias para firmar un dictamen unificado en el recinto.

El proyecto, ideado y redactado por los equipos técnicos del asesor Santiago Caputo, acumuló severas críticas desde su presentación. La iniciativa otorgaba facultades desmedidas al Poder Ejecutivo y ponía en alerta a diversos sectores políticos y empresariales.

La presión diplomática de Estados Unidos y las quejas del PRO

En el ámbito legislativo, los bloques del PRO y el MID exigieron cambios urgentes. Los legisladores aliados advirtieron que varios artículos ponían en riesgo garantías constitucionales y la convivencia democrática en el país.

En paralelo, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires encendió las alarmas por el impacto de la norma. El embajador Peter Lamelas y autoridades de la AmCham se contactaron con la Casa Rosada para exigir precisiones sobre las inversiones norteamericanas.

Las presiones diplomáticas apuntaron a proteger las empresas estadounidenses que operan en el país. Pese a los desmentidos públicos, la gestión libertaria debió reescribir la letra chica para no ahuyentar desembolsos en infraestructura clave.

Fondos eximidos, blindaje al periodismo y el rol de las Fuerzas Armadas

Entre las modificaciones principales, el oficialismo acotó el alcance de los castigos por negocios ilegales en territorio nacional. Las sanciones recaerán solo sobre operadoras directas, licenciatarias, proveedoras y accionistas directas, dejando fuera a los fondos de inversión indirectos.

Asimismo, la Casa Rosada modificó el polémico artículo 111 que fijaba penas de 5 a 12 años de prisión por campañas de desinformación masiva. En la nueva redacción se exceptuó explícitamente al periodismo, la investigación académica, la diplomacia y la representación de intereses.

En materia de seguridad, se delimitó la acción de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas únicamente ante amenazas a la Defensa. Además, se sumó a la ministra Alejandra Monteoliva, de Seguridad, como integrante del futuro Consejo de Seguridad Nacional.

Control parlamentario y la interna feroz en la mesa chica libertaria

Para abrochar los votos dialoguistas, el Gobierno aceptó crear una Comisión Bicameral en el Congreso. Este órgano auditará las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, una demanda clave de la oposición para no dejar todo en manos del Ejecutivo.

Sin embargo, las concesiones desataron un fuerte cruce en la mesa política del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich criticó el apuro por votar el proyecto mientras la Corte Suprema de Justicia marca los tiempos institucionales del país.

Pese a los reparos de Patricia Bullrich, el sector alineado con Santiago Caputo exige acelerar el trámite. Buscan dictaminar la iniciativa el martes 27 y tratarla en el recinto al día siguiente con el respaldo de catorce gobernadores allegados al Gobierno.