Discapacidad: Biella defendió una ley para terminar con la emergencia permanente y garantizar financiamiento estable

El diputado nacional por Salta Bernardo Biella ratificó el acompañamiento de Argentina Federal al proyecto de ley que busca dejar atrás el esquema de emergencia permanente en materia de discapacidad y avanzar hacia un sistema con reglas claras, financiamiento asegurado y respuestas sostenibles en el tiempo.

Durante el debate de la iniciativa, el legislador destacó las modificaciones impulsadas por su bloque y defendió el proceso de elaboración del texto, rechazando las críticas vinculadas a una supuesta falta de consulta a las organizaciones representativas del sector.

Según explicó, la propuesta incorporó aportes surgidos de encuentros mantenidos en Salta con representantes de la Subsecretaría de Discapacidad, del Consejo de Profesionales de Asistencia de las Personas con Discapacidad y de distintas instituciones vinculadas con la temática.

“Decir que este proyecto no escuchó al colectivo de la discapacidad es absolutamente falso. Desde Argentina Federal nos encargamos de escuchar y de devolver esas propuestas en una ley concreta”, afirmó Biella.

El diputado también recordó las gestiones realizadas para atender las deudas que afectan a instituciones y hospitales de día que brindan servicios a personas con discapacidad. En ese contexto, consideró que tanto las familias como los prestadores requieren soluciones de carácter estructural y no medidas transitorias.

“Las familias y el colectivo de la discapacidad viven permanentemente en emergencia. Necesitamos una ley transversal que perdure a través de los gobiernos y del tiempo”, señaló.

Finalmente, Biella remarcó que la iniciativa apunta a garantizar derechos y otorgar previsibilidad al sistema, evitando que la atención y los servicios destinados a las personas con discapacidad dependan de mecanismos extraordinarios o de los cambios de administración gubernamental.

Para el legislador salteño, el desafío es consolidar una política pública de largo plazo que asegure continuidad en las prestaciones y brinde certezas tanto a los beneficiarios como a las instituciones que integran el sistema.