Corrupción en la ANDIS: piden indagar a directivos de la Suizo Argentina

La Justicia federal avanzó de lleno contra el entramado de corrupción en la ANDIS tras confirmarse el pedido de indagatoria para los máximos responsables de la firma Suizo Argentina S.A. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez acusaron a la compañía de haber cooptado el funcionamiento del organismo para beneficio propio mediante un circuito cartelizado de remedios de alto costo.

El dictamen, que supera las 300 páginas, expone que la droguería administró de facto las adquisiciones del Programa Federal Incluir Salud junto a otras 14 droguerías entre mayo de 2024 y agosto de 2025. “Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, señalaron los investigadores sobre la maniobra.

El monto detectado resulta abrumador: la empresa obtuvo órdenes de compra por un total de $137.118.708.357 en tan solo 15 meses, lo que representó cerca del 30% del gasto total del organismo estatal. Para la fiscalía, una entidad privada tomó el control de un ente destinado a garantizar tratamientos esenciales a sectores vulnerables.

Información privilegiada y disciplinamiento a proveedores

El mecanismo se basaba en la filtración de datos que los propios funcionarios aportaban a la firma antes de cada licitación oficial. Con esa ventaja, la compañía fijaba montos propios y ajenos, pero además definía a qué firmas se les pagaba en término y a quiénes se les demoraban las liquidaciones.

Los fiscales identificaron un esquema de doble pacto que combinaba favores estatales y sumisión de los competidores. Como prueba del apriete comercial, el expediente cita un mensaje explícito de Pablo Atchabahian a Daniel María Garbellini: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”, advirtió el imputado.

La revisión de archivos internos demostró que la droguería ya tenía confeccionadas las listas de ganadores y precios antes del cierre formal en el sistema oficial SIIPFIS. Esos registros previos coincidían de forma exacta con las posteriores adjudicaciones estatales.

Sobreprecios de más del 4.000% en remedios críticos

El caso más alarmante se detectó en la compra de una medicación para la esclerosis múltiple. La droguería adquiría el producto por $92.000 y se lo facturaba a la agencia estatal a valores exorbitantes que superaban los $3,8 millones por unidad.

Durante la investigación apareció la orden directa impartida por el gerente del área corporativa: “[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, exigió el directivo a su equipo de ventas.

El Estado convalidó adquisiciones de ese producto por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912, lo que significó un sobreprecio extraordinario de 4.106,95%. La gravedad del hecho quedó expuesta al comprobarse que el mismo producto había sido comprado a otro proveedor por $281.400 dos meses antes.

Los dictámenes remarcan que estos “precios irracionales” se cancelaron con fondos públicos sin ningún tipo de objeción institucional durante las gestiones de Diego Orlando Spagnuolo y con la inserción de Garbellini en el área administrativa.

En ese marco se identificó a Atchabahian como el operador clave calificado internamente como un “gran soldado”, mientras se detectaron pagos sin justificación comercial de más de 54.000 dólares dirigidos a Miguel Ángel Calvete durante el año 2024.

La maniobra de triangulación y dádivas al exterior

Para desviar fondos, se habría utilizado a la firma Droguería Génesis S.A., pantalla que incrementó sus operaciones en un 200% tras no registrar casi actividad comercial previa. La empresa obtuvo contratos oficiales por $34.066.729.176 y es presidida por Andrés Horacio Arnaudo.

El cerco probatorio sumó además un viaje personal de Spagnuolo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024 financiado de manera íntegra por Calvete. Los investigadores catalogaron los pasajes y alojamientos como sobornos directos vinculados al direccionamiento de expedientes.

El expediente también dejó constancia de la resistencia detectada en los allanamientos judiciales a la sede comercial, donde los responsables corporativos mantuvieron servidores bajo discos encriptados para ocultar archivos.

Ante estas pruebas, la fiscalía requirió la citación indagatoria de los titulares de la firma, Jonathan Kovalivker y Emmanuel Kovalivker, además de los directivos Diego Viner, Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez, extendiendo la imputación a los miembros de otras 14 empresas cartelizadas.

En el cierre del dictamen, los acusadores rechazaron que el fraude carezca de damnificados directos. “Se suele sostener que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta, pero el caso ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera, ya que tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias”, sentenciaron los fiscales.