Colombia | Seis museos de arte alzan la voz contra el retiro de obras del Museo Nacional y reclaman autonomía cultural

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La decisión del Gobierno colombiano de retirar más de 30 piezas de las salas de exposición del Museo Nacional, en Bogotá, desató una controversia que trasciende los espacios culturales y reabre el debate sobre la memoria histórica, la libertad de expresión y el papel de las instituciones públicas en la construcción del relato nacional.

Seis de los principales museos de arte del país rechazaron conjuntamente la medida y pidieron al Ministerio de Cultura garantizar la autonomía de las instituciones, así como abrir un debate público sobre los criterios utilizados para decidir qué obras permanecen en exhibición y cuáles salen de las salas.

El pronunciamiento fue suscrito por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo Rayo de Roldanillo y el Museo de Arte Moderno del Tolima. Las entidades advirtieron que retirar bienes culturales por razones ideológicas puede limitar la comprensión de la historia colombiana y excluir experiencias fundamentales para entender las transformaciones sociales del país.

“Imponer la unificación de los discursos mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia”, señalaron los museos en su declaración conjunta.

La controversia se centra en más de 30 elementos relacionados con movimientos sociales, procesos políticos, memoria de las víctimas y construcción de paz. Entre las piezas retiradas figuran una bandera del orgullo LGBTI donada por la activista Elizabeth Castillo, material impreso de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el denominado Balígrafo, elaborado a partir de un cartucho de munición y asociado a la firma del acuerdo de paz de 2016.

Para las instituciones firmantes, la revisión de las exposiciones forma parte de la evolución natural de los museos, pero debe sustentarse en investigación académica, criterios curatoriales transparentes, discusión abierta y participación de las comunidades representadas. A su juicio, ninguna transformación de los contenidos debería convertirse en un mecanismo para imponer una interpretación única del pasado.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron en el documento, en el que también solicitaron explicaciones públicas sobre los fundamentos de las decisiones adoptadas.

El debate se intensificó después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara cambios en la orientación del Ministerio de Cultura y defendiera el retiro de representaciones que, según su postura, podrían exaltar a organizaciones al margen de la ley, con referencias explícitas al antiguo movimiento guerrillero M19.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió las determinaciones del Gobierno con el argumento de que el Museo Nacional no debe convertirse en un escenario de sesgo político ni de revictimización. También confirmó una evaluación de las propuestas museológicas y curatoriales de los recintos bajo administración directa del Ministerio, como parte de una revisión más amplia de sus contenidos.

Mientras el Gobierno sostiene que las exposiciones deben responder a criterios institucionales y evitar interpretaciones que considere problemáticas, los museos y distintos sectores ciudadanos advierten sobre los riesgos de que las decisiones políticas condicionen la representación de episodios sensibles de la historia nacional.

La discusión también llegó a las calles. Ciudadanos y colectivos culturales se congregaron frente al Museo Nacional de Colombia para expresar su rechazo al retiro de las piezas. Durante la jornada, un grupo de jóvenes pegó reproducciones en papel de las obras desmontadas sobre uno de los muros exteriores, en una acción simbólica para reclamar su presencia y mantener visible el debate.

La controversia plantea una pregunta que trasciende las fronteras colombianas: ¿quién debe decidir cómo se representa la historia de una nación? Para los museos que suscribieron el pronunciamiento, la respuesta no puede depender exclusivamente de la orientación política del gobierno de turno. La memoria colectiva, sostienen, requiere pluralidad de voces, rigor histórico y espacios abiertos para la discusión.

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