Aberración jurídica: En el Jurado, miembros cambian su voto 8 días después de decisión

Una aberración jurídica en el ámbito del derecho, se usa para calificar un grave error en el razonamiento, una interpretación absurda o una norma, acto o resolución que contradice de manera flagrante los principios lógicos, constitucionales o legales de un sistema de justicia. Así se podría catalogar lo que pasó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el jueves pasado, cuando cinco de sus miembros rectificaron su voto, ocho días después de haber tomado la decisión de enjuiciar de oficio al juez civil de Santa Rosa del Aguaray, Nelson Mercado, por la comisión de hecho punible, suspender los trámites y pedir su suspensión a la Corte Suprema.

El diputado Alejandro Aguilera fue el que, antes de aprobarse el acta de la sesión anterior, planteó rectificar su voto para sostener, esta vez. que el artículo 13 de la ley 6814/21, no permite al JEM abrir el enjuiciamiento de oficio por la presunta comisión de hecho punible. Se le adhirieron los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, el diputado Diego Candia y la exministra Alicia Pucheta. Todos ellos, ocho días antes, en la sesión anterior, se habían adherido a la posición del ministro de la Corte Manuel Ramírez, que sostiene una postura contraria. ¿Qué les hizo cambiar de posición? ¿En base a que norma lo hicieron? ¿Qué intereses hicieron primar?

Estas decisiones arbitrarias o basadas en caprichos o intereses de los miembros del Jurado de diputados o senadores, a quienes responden los representantes del de ambas, desacreditan total y absolutamente al Jurado.

¿Qué estaban haciendo la sesión anterior? ¿En que estaban pensando? ¿Por qué no atendieron los argumentos del ministro Ramírez Candia? ¿Votaron sin saber lo que estaban asumiendo o alguien le pidió que rectifiquen por intereses económicos que hay en juego en el juicio civil que manejó el juez Mercado y en el que es parte Willian Bogarín, asesor jurídico de la Cámara de Diputados?

REGULACIÓN DE HONORARIOS Y PROCESO PENAL

El juez Mercado tenía a su cargo un juicio sucesorio en el que es parte la abogada Ilsa Paredes, quien solicitó su regulación de honorarios. A la citada profesional, el magistrado habría pedido US$ 30 mil, a lo que la abogada respondió que ya le entregaron un cheque de US$ 15 mil. Es situación es muy grave, porque Paredes es parte en un juicio que entonces estaba a cargo del magistrado Mareco, que luego de las publicaciones se apartó del proceso civil a su cargo.

A su vez, también tiene regulación de honorarios en dicho juicio el abogado Willian Bogarín Campuzano, asesor jurídico de la Cámara de Diputados. El letrado tendría vínculos con varios integrantes de la Cámara de la Cámara.

LA ACUSACIÓN POR ESTAFA DE US$ 1.600.000

Tanto Ilsa Paredes como Bogarín Campuzano, además José Ljubetic están acusados por el Ministerio Público por una estafa de US$ 1.600.000 a los hermanos Friessen. Prometieron entregarles tierras en el Chacho y se comprobó con pericia que las mismas eran inexistentes.

En el proceso penal, hasta ahora no se puede hacer la extracción de datos del celular de Bogarín Campuzano. La querella ejercida por la abogada Gessy Ruiz Díaz presume que en el aparato se podría encontrar conversaciones de Bogarín Campuzano con integrantes del Legislativo, razón por la cual se chicanea la realización de la diligencia.

El proceso penal está a cargo del juez Vicente Coronel, que luego de dos suspensión de la preliminar, convocó ahora recién para diciembre a fin de hacer la diligencia en la cual tiene que resolver si envía o no a juicio oral a los procesados.