El Senado abre el debate sobre una ley de cierre de minas con foco en las garantías ambientales y financieras

El Senado avanzará este miércoles a las 15 con un debate largamente reclamado por especialistas, provincias mineras y sectores ambientales: la regulación del cierre de minas una vez finalizada la explotación de los yacimientos.

La discusión se llevará a cabo en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que se reunirá en el Salón Azul del Palacio Legislativo para analizar tres proyectos de ley que apuntan a establecer obligaciones específicas para la etapa final de la actividad minera.

Las iniciativas corresponden al expediente S-285/25, presentado por el ya fallecido senador Antonio Rodas; al expediente S-257/26, impulsado por los senadores Flavio Fama y Edith Terenzi; y al expediente S-525/26, promovido por la senadora Lucía Corpacci.

Más allá de diferencias de técnica legislativa, los tres proyectos parten de un diagnóstico común: Argentina carece de una regulación específica y uniforme sobre el cierre de minas, una etapa que hasta ahora está contemplada de manera indirecta en la legislación ambiental minera, pero sin un régimen detallado que establezca procedimientos, responsabilidades y garantías.

La propuesta de Rodas plantea una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el cierre de minas. El texto define al Plan de Cierre de Minas como un instrumento de gestión ambiental destinado a rehabilitar las áreas afectadas por la actividad extractiva y exige que las empresas presenten dicho plan desde el inicio de sus operaciones, además de constituir garantías financieras para asegurar su cumplimiento.

Por su parte, los proyectos del catamarqueño Fama y la chubutense Terenzi y de la catamarqueña Lucía Corpacci proponen incorporar directamente al Código de Minería un nuevo título denominado “Régimen de Cierre de Minas”, creando un marco regulatorio integral para todas las etapas de cierre y post cierre de los emprendimientos mineros.

Entre los puntos centrales de ambas iniciativas figura la obligación de presentar un Plan de Cierre al inicio de la actividad minera junto con el correspondiente Informe de Impacto Ambiental, con actualizaciones periódicas durante toda la vida útil del proyecto. Los textos buscan asegurar la estabilidad física y química de los sitios intervenidos, la rehabilitación ambiental de las áreas afectadas y la disponibilidad de recursos económicos suficientes para afrontar los costos de remediación una vez concluida la explotación.

Los proyectos también incorporan mecanismos de participación ciudadana. En el caso de la iniciativa de Fama, la autoridad de aplicación deberá institucionalizar procedimientos participativos antes de aprobar cada plan de cierre y garantizar el acceso público a la información.

Otro de los aspectos centrales del debate serán las garantías financieras. Tanto el proyecto de Fama como el de Corpacci establecen que las empresas deberán constituir fondos o instrumentos financieros específicos para cubrir los costos del cierre y post cierre, evitando que eventuales incumplimientos deriven en cargas económicas para las provincias o el Estado. Además, contemplan la posibilidad de ejecutar esas garantías si las empresas no cumplen con las obligaciones asumidas.

A su vez, ambas iniciativas prevén la creación de mecanismos fiduciarios o fondos permanentes de vigilancia destinados a financiar tareas de monitoreo y control ambiental una vez finalizado el período formal de post cierre.

En los fundamentos de los proyectos se señala que países mineros de la región como Chile y Perú cuentan desde hace años con regulaciones específicas sobre el cierre de faenas, mientras que Argentina mantiene un vacío legal en la materia. Los autores sostienen que una normativa de estas características permitiría compatibilizar el desarrollo minero con estándares ambientales más exigentes y con una mayor previsibilidad para las comunidades involucradas.