Caso Julio Iglesias: La Fiscalía pide investigar en España las denuncias contra el cantante

El Ministerio Público sostiene en la actualidad que la Audiencia Nacional posee la competencia legal requerida para procesar e indagar en el caso contra el artista Julio Iglesias por agresión y explotación laboral.

El representante del Ministerio Fiscal asignado a esta causa, Vicente González Mota, ha remitido formalmente un dictamen técnico al titular del Juzgado Central de Instrucción competente, el magistrado Antonio Piña.

En el escrito presentado, la representación pública concluye que los tribunales de España cuentan con potestad jurisdiccional para admitir a trámite las denuncias.

Esta postura jurídica cuenta con el respaldo directo de la Fiscalía General del Estado. La fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez, revisó y avaló el dictamen emitido por el fiscal del caso antes de su incorporación al expediente judicial.

Naturaleza de las acusaciones

El trasfondo del proceso proviene de la acción penal promovida por dos exempleadas —identificadas bajo los nombres de protección Rebeca y Laura— que prestaron servicios en las propiedades del intérprete situadas en República Dominicana y Bahamas durante el periodo lectivo de 2021.

La querella atribuye al artista la presunta comisión de múltiples infracciones penales. Entre los cargos señalados se incluyen supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de servidumbre laboral, agresiones contra la libertad sexual, vulneración de los derechos de los trabajadores mediante condiciones gravosas, así como trato degradante y lesiones.

Modificación del criterio institucional

Este nuevo planteamiento rectifica la línea argumental que la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantuvo meses atrás. En enero del presente ejercicio, la teniente fiscal Marta Durántez resolvió el archivo de una reclamación administrativa inicial elevada directamente ante la Fiscalía.

En aquella resolución primigenia, la representación fiscal alegó falta de jurisdicción territorial. El argumento principal señalaba que los acontecimientos denunciados tuvieron lugar fuera de las fronteras nacionales y que no concurrían los nexos de conexión personal ni geográfica que exige la legislación vigente.

La investigación de ese primer expediente determinó que las querellantes carecen de nacionalidad española y no realizaron desplazamientos al territorio nacional junto al investigado. Asimismo, se estimó entonces que el centro de intereses del cantante no se localizaba en el país, a pesar de conservar la ciudadanía y poseer inmuebles en España.

La decisión final está en manos del instructor

A diferencia de la actuación previa, que no tuvo recorrido en sede judicial, el expediente reposa ahora en los juzgados de la Audiencia Nacional. Será el juez Antonio Piña quien deba sopesar el informe del Ministerio Público y resolver formalmente si decreta la apertura de diligencias previas o rechaza la admisión de la querella.