El Gobierno aceptó restablecer límites a la compra de tierras por extranjeros

El oficialismo alcanzó un acuerdo con bloques aliados en la Cámara de Diputados para restablecer los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa quedó lista para su tratamiento en el recinto, previsto para el 21 de octubre, luego de que el Gobierno aceptara incorporar cambios vinculados con la Ley de Tierras.

La decisión se produjo días después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente la derogación de esa normativa, dispuesta por el presidente Javier Milei a través del DNU 70/2023. Con el acuerdo parlamentario, La Libertad Avanza busca responder a los reclamos de sus aliados y reducir las diferencias con los bloques que rechazan la eliminación de las restricciones a la propiedad rural extranjera.

Qué establece la Ley de Tierras

La modificación fue impulsada durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El diputado radical Diógenes González propuso incorporar dos artículos al proyecto: uno para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y otro para restituir la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.

La normativa establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, fija un límite del 30% del cupo extranjero para una misma nacionalidad y contempla restricciones para la adquisición de terrenos que contengan cuerpos de agua relevantes o estén ubicados en zonas de seguridad de frontera.

La decisión del oficialismo representa un cambio respecto de la postura inicial del Gobierno, que había impulsado la derogación de esas restricciones mediante el decreto de necesidad y urgencia. La incorporación de los artículos permitió reunir el respaldo necesario para avanzar con el dictamen del proyecto.

Las críticas de la oposición

Durante el debate, la diputada peronista Paula Penacca cuestionó la decisión del oficialismo y apuntó contra el cambio de postura respecto de una ley aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“¡Qué manotazo de ahogado que pegaron! Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado”, afirmó. También cuestionó que el Gobierno aceptara restablecer una normativa que había buscado eliminar.

El acuerdo se alcanzó en un contexto de tensión política por el futuro del DNU 70/2023. Mientras sectores de la oposición buscan rechazar el decreto en su conjunto, el oficialismo intenta sostener sus principales reformas y evitar que las diferencias con sus aliados debiliten su posición parlamentaria.

Qué propone la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El proyecto obtuvo media sanción en el Senado a principios de agosto e incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, la regularización dominial y los procedimientos vinculados con la restitución de inmuebles.

En materia de expropiaciones, plantea mayores exigencias para justificar la utilidad pública y cambios en los criterios de cálculo de las indemnizaciones. También incorpora disposiciones sobre la restitución de propiedades y los desalojos por falta de pago.

Con la incorporación del capítulo sobre tierras rurales, el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría que reúne modificaciones reclamadas por sus aliados. Sin embargo, la aprobación definitiva todavía depende del trámite legislativo: si Diputados sanciona el proyecto con cambios respecto del texto aprobado por el Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta.