Estas son las preguntas que Martínez Simón no pudo responder al senador Iramain

El senador Ignacio Iramain hizo preguntas claves sobre el funcionamiento del Poder Judicial, muchas de las cuales no pudo responder el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón. Tasa de suspensión de audiencias, tiempo de reprogramación, dilación en la Corte en los casos institucionales, medidas para evitar notificaciones fraudulentas, tras el caso Hernán Rivas como se verifican credenciales para otorgar matrícula de abogado, RUN, etc.

– ¿Qué reducción concreta de la duración de los procesos y del inventario de expedientes atrasados se compromete a lograr la Corte en el 2027 por fuero y circunscripción? Es lo que a mí me gustaría tener disponible. Solicito la situación de partida, el costo y el responsable de cada meta. En segundo término, recursos disponibles.

– ¿Qué explica los 205.000 millones no ejecutados en 2025? Hablamos de que hubo un problema en el plan de cuentas, pero cuánto va por restricciones financieras, vacancias, contrataciones demoradas, proyectos sin preparación o ahorros. Tercera. Inversiones.

– ¿Qué cambiará para superar la ejecución apenas 55,9% en inversión física de 2025, porque sabemos que la ejecución presupuestaria fue del 68%. Frente al 95,2% de servicios personales.

– ¿Qué obras y sistemas estarán efectivamente operativos en el 2027?

-Las audiencias. ¿Cuál fue la tasa de suspensiones de los últimos 12 meses por juzgado y causa y cuánto demora reprogramarlas? Porque mide eficiencia. Los indicadores son fundamentales para hablar de la eficiencia de cualquier institución, pública o privada.

– ¿Qué medidas verificables corregirán las suspensiones evitables?

–Bueno, la mora judicial ya más o menos habló, pero ¿cuántos expedientes, por ejemplo, en los informes de abril y de agosto estaban fuera de plazo y qué inspecciones, refuerzos y actuaciones disciplinarias se dispusieron?

–Personal. ¿Qué cargos y bonificaciones explican el aumento? ¿Qué redistribución se evaluó antes de ampliar la estructura? Solicito la carga de trabajo y el personal efectivamente asignado a cada órgano.

–Juicio ejecutivo. ¿Cuál es el estado actualizado de los sumarios vinculados al caso conocido como mafia de los pagarés?

– ¿Qué controles previenen notificaciones irregulares, pérdidas de expedientes y actuaciones sin respaldo documental?

Controles e independencia. Después del caso Rivas, ¿cómo se verifican las credenciales de quienes solicitan matrícula y qué resultado tuvo el sumario administrativo?

– ¿Cómo se impide que los controles dependan de la notoriedad política del caso?

–Constitucional. Y acá viene también un tema de ética pública muy importante para una república. ¿Qué explica que la acción de Kattya González presentada en febrero de 2024 se resolviera en junio de 2026? ¿Qué criterios públicos permitirán resolver oportunamente asuntos de consecuencias institucionales urgentes sin tener que tener una reunión misteriosa y secreta con el Poder Ejecutivo?

-Con respecto al RUN y la Dirección de Registro Automotor, ¿en qué otra legislación, en qué otro país se incorporan estas instituciones al ámbito que es específicamente misional de un poder judicial? Porque yo realmente no he encontrado. Esto debiera manejarse de manera independiente, porque no se puede ser juez y parte.

-Y la última pregunta, un pedido adicional, ¿qué resultados verificables producirían los 370 millones que piden más que lo que dice el Ejecutivo? ¿Qué partidas son indispensables, cuáles pueden escalonarse y cuáles ya tienen capacidad de ejecución?