El histórico periódico ecuatoriano Expreso dejó de circular en su edición impresa después de 53 años, en medio de una crisis económica y administrativa que sus directivos atribuyen a presiones del Estado durante el Gobierno de Daniel Noboa. Aunque el medio continuará en formato digital, el cierre de su edición en papel representa un nuevo episodio en el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo crítico en Ecuador y reabre el debate sobre la independencia de los medios, la libertad de expresión y el uso de mecanismos estatales contra empresas periodísticas.
Expreso cierra una etapa histórica del periodismo ecuatoriano
La última edición impresa de Expreso salió de la rotativa en Guayaquil el jueves 8 de octubre. La decisión puso fin a más de cinco décadas de presencia en los quioscos y en la vida pública ecuatoriana. El periódico seguirá publicando contenidos en internet, pero todavía no se ha definido cuántos periodistas permanecerán en la redacción ni cuál será su estructura de funcionamiento.
La empresa editora, Granasa, sostiene que la acumulación de conflictos tributarios, administrativos y comerciales terminó comprometiendo la viabilidad de la edición impresa. Su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, denunció que las medidas estatales y la pérdida de anunciantes redujeron de manera drástica los ingresos necesarios para mantener el periódico.
El cierre no significa la desaparición inmediata de la marca, pero sí la pérdida de una plataforma tradicional de circulación de información y debate público. La incertidumbre ahora se concentra en el futuro de la redacción digital y en las condiciones laborales de los trabajadores afectados por la reestructuración.
Las investigaciones periodísticas que elevaron la tensión
Según el relato publicado por EL PAÍS, el enfrentamiento se intensificó después de que Expreso difundiera, en agosto de 2025, una serie de investigaciones titulada “Los dueños de la salud”. Los reportajes examinaron intereses económicos relacionados con el sistema sanitario de la Seguridad Social, en un contexto marcado por denuncias de pacientes sobre la falta de medicamentos y las dificultades para acceder a servicios médicos.
Un mes después, Granasa denunció que comenzaron las advertencias tributarias contra la empresa y sus distribuidores. El periódico cuestionó la circulación de informes fiscales que, según sus directivos, habrían llegado a otros medios antes de que la propia compañía los recibiera.
La controversia derivó en una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos. Granasa rechazó la acusación. La existencia de una investigación no equivale a una declaración de culpabilidad, y el caso debe distinguirse de las denuncias de presión que plantea la empresa editora.
La intervención de Granasa y la pérdida de anunciantes
En febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías intervino Granasa a petición de Inmobiliar, una empresa pública adscrita a la Presidencia de la República. La controversia está relacionada con el 2,56% de las acciones de la editora que pertenecieron al grupo Isaías y que fueron incautadas por el Estado en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa.
El Gobierno justificó la intervención en los derechos que corresponderían a Inmobiliar como accionista para acceder a información financiera y supervisar la situación de la compañía. Martínez Leisker cuestionó la medida y la calificó como una forma de hostigamiento administrativo.
El impacto económico habría sido determinante. Granasa sostiene que perdió cerca del 70% de su publicidad durante el conflicto y que también se retiraron clientes de impresión comercial, otra fuente relevante de ingresos para la empresa. Según el presidente ejecutivo, algunos anunciantes expresaron temor a sufrir consecuencias si mantenían sus contratos con el periódico.
Estas afirmaciones corresponden a la versión de los directivos de Granasa. EL PAÍS señaló que el Gobierno ecuatoriano no había respondido a su solicitud de información para el reportaje.
El caso Progen y la función de una prensa que investiga al poder
Expreso continuó publicando información sobre el caso Progen, vinculado a la compra de generadores eléctricos durante la crisis energética que provocó prolongados apagones en Ecuador en 2024. La operación pública quedó bajo cuestionamiento por las condiciones de adquisición de los equipos y las posibles responsabilidades políticas.
El asunto se convirtió en uno de los temas más delicados para el Gobierno de Noboa. De acuerdo con el reportaje de EL PAÍS, los intentos de establecer responsabilidades políticas en la Asamblea no prosperaron y las investigaciones tampoco habían producido una rendición de cuentas que despejara todas las dudas planteadas.
El editor de Expreso, Alfonso Albán, defendió la función crítica del periódico y sostuvo que cuestionar al Gobierno no convierte automáticamente a un medio en parte de la oposición. La distinción es central para el funcionamiento democrático: los medios deben poder investigar y fiscalizar a las autoridades sin que esa tarea sea interpretada como una militancia política.
Organizaciones periodísticas expresan preocupación
Las denuncias de Granasa recibieron cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas advirtieron sobre los riesgos de que mecanismos administrativos se conviertan en herramientas de presión contra medios con líneas editoriales críticas. La Sociedad Interamericana de Prensa también pidió que cesara el presunto hostigamiento estatal.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2025, examinó los desafíos regionales y alertó sobre el uso recurrente de procedimientos administrativos, tributarios y legales contra comunicadores en Ecuador.
El debate no se limita a la existencia de sanciones o investigaciones estatales. También incluye sus efectos indirectos: si una empresa periodística pierde anunciantes, afronta procesos administrativos prolongados o ve comprometida su capacidad financiera, su independencia editorial puede quedar sometida a presiones económicas incluso sin una prohibición formal de publicar.
Un escenario de creciente incertidumbre para el periodismo
El caso de Expreso se suma a otros episodios que han generado preocupación en el sector. En 2024 dejó de emitirse el programa de análisis político Los Irreverentes, del canal RTU, después de meses de presiones que sus integrantes atribuyeron al Gobierno. En junio de 2026, el periodista de Ecuavisa Hernán Higuera se apartó de la investigación sobre el caso Progen tras la desvinculación de su esposa de un cargo público y la pérdida de la plaza de internado médico de su hijo, según la reconstrucción publicada por EL PAÍS.
Estos antecedentes no son idénticos ni permiten atribuir automáticamente una misma causa a todos los casos. Sin embargo, muestran un entorno en el que periodistas y empresas de comunicación denuncian consecuencias profesionales, económicas o familiares relacionadas con coberturas sensibles.
La situación también se inscribe en una historia de tensiones entre el poder político y los medios ecuatorianos. Durante el Gobierno de Rafael Correa, la Ley de Comunicación de 2013 y los procesos judiciales contra directivos de medios marcaron un período de fuerte confrontación. La preocupación actual es que las herramientas económicas, societarias y judiciales puedan volver a afectar la pluralidad informativa, aunque los mecanismos y los protagonistas sean diferentes.
El futuro de Expreso se decidirá en medio de la crisis
Granasa convocó una Junta General de Accionistas para el 13 de octubre de 2026, con el objetivo de definir el futuro de la redacción. La empresa busca vender inmuebles para obtener liquidez y afrontar obligaciones laborales, pagos a proveedores y compromisos con el fondo global de jubilaciones patronales.
La continuidad digital de Expreso dependerá, en parte, de las decisiones que se adopten en esa instancia y de los recursos disponibles para sostener el trabajo periodístico. Todavía no se conoce cuántos empleados podrían verse afectados por la reorganización.
La salida del papel, por tanto, no constituye solamente una transformación tecnológica. En este caso, se produce después de una disputa empresarial y política que ha colocado en el centro la viabilidad económica de un medio crítico.
La libertad de prensa no se mide únicamente por la posibilidad formal de publicar noticias. También requiere condiciones para investigar, acceder a información, mantener una redacción independiente y financiar el trabajo periodístico sin represalias. La continuidad digital de Expreso permitirá que su nombre siga presente, pero el cierre de su edición impresa deja una pregunta de alcance nacional: qué garantías existen para que los medios ecuatorianos puedan fiscalizar al poder sin poner en riesgo su supervivencia económica.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, originario de Goiás, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur y Director General de Radio Mercosur. Es miembro de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y desarrolla su trayectoria en el periodismo internacional, el Mercosur, la integración regional, la geopolítica y los derechos humanos. Cuenta con un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y un Doctorado Honoris Causa.
También fue Director General del Comité Paraguay de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas. Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México, recibido en 2021, y el reconocimiento como Amigo de la Niñez y la Adolescencia otorgado por Plan International Paraguay.
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