Omite UDLAP número de denuncias por acoso y violencia de género en 2025

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) omitió en su informe de actividades correspondiente a 2025 el número de denuncias por acoso, hostigamiento y violencia de género recibidas durante ese año, así como la situación de los expedientes, pese a que en 2023 y 2024 había documentado un total de 85 casos, de los cuales 50, equivalentes al 58.8 por ciento, correspondieron a acoso.

La ausencia de estas cifras adquiere especial relevancia tras el feminicidio de María Fernanda Orozco Suárez, de 24 años, cuyo cuerpo fue localizado sin vida el pasado 4 de octubre en San Andrés Cholula. El crimen provocó movilizaciones de estudiantes y colectivas feministas que exigieron justicia, el reconocimiento de la joven como parte de la comunidad universitaria y una revisión de los mecanismos institucionales de atención a la violencia contra las mujeres.

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Durante la protesta del 5 de octubre, integrantes del colectivo Feministas UDLAP denunciaron que existen antecedentes de alumnas que han presentado quejas por acoso, agresiones sexuales y otras manifestaciones de violencia, sin que, según sus testimonios, las autoridades universitarias hayan ofrecido soluciones efectivas.

Las manifestantes acusaron que algunos de los estudiantes señalados como agresores reciben protección institucional y continúan dentro de los espacios académicos, mientras las denunciantes deben compartir instalaciones con ellos o incluso abandonar determinadas actividades por temor a nuevas agresiones.

Cuestionaron particularmente que, ante señalamientos graves, las medidas institucionales se limiten en ocasiones a cambiar de salón a las personas denunciadas, sin garantizar mecanismos suficientes de protección, acompañamiento y seguimiento para quienes presentan las quejas.

Las estudiantes también reclamaron la falta de transparencia sobre las resoluciones de los expedientes y las posibles sanciones, además de exigir que la actualización del protocolo universitario incorpore las experiencias de las víctimas y la participación de las colectivas feministas.

Estos señalamientos corresponden a las denuncias públicas de las manifestantes y no constituyen, por sí mismos, una acreditación de responsabilidad contra personas específicas o autoridades universitarias.

Exigieron reconocer a María Fernanda como parte de la UDLAP

Uno de los principales reclamos de las alumnas fue que la universidad reconociera públicamente a María Fernanda como integrante de su comunidad, después de que la institución difundiera un primer posicionamiento en el que sostuvo que la joven y su pareja, señalado como presunto responsable del feminicidio, no pertenecían a su matrícula estudiantil.

Las manifestantes consideraron que la postura inicial de la universidad pretendía desvincularse del caso, por lo que exigieron un nuevo pronunciamiento con perspectiva de género, sensibilidad hacia la familia y reconocimiento del vínculo académico que María Fernanda había mantenido con la institución.

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Durante la movilización, las estudiantes cuestionaron que la universidad privilegiara la situación administrativa de la joven sobre la solidaridad y el acompañamiento que, a su juicio, debía ofrecer a su familia. También expresaron su preocupación ante la posibilidad de que otras alumnas víctimas de violencia recibieran respuestas semejantes.

Posteriormente, el rector Luis Ernesto Derbez Bautista reconoció públicamente que tanto María Fernanda como su pareja, Bryan Alexandro N., señalado como presunto responsable del crimen, habían sido estudiantes de la UDLAP, aunque precisó que ambos habían dejado de pertenecer a la matrícula universitaria desde hacía más de un año.

Derbez explicó que la institución había evitado mencionar los nombres de las personas involucradas por razones relacionadas con sus protocolos internos y el respeto a la familia de la víctima. Asimismo, condenó el asesinato y manifestó su respaldo a la exigencia de justicia.

Las estudiantes, sin embargo, insistieron en que el reconocimiento del vínculo universitario no debía depender de que María Fernanda permaneciera inscrita al momento de su muerte y reclamaron una respuesta institucional que garantizara el acompañamiento a las víctimas de violencia.

Como resultado de las protestas y los cuestionamientos de la comunidad estudiantil, la UDLAP anunció el 7 de octubre que revisará y actualizará su Protocolo de Atención a Situaciones de Acoso, Hostigamiento y/o Violencia de Género.

La institución señaló que en este proceso participarán representantes de la comunidad universitaria, el Consejo Estudiantil y la Dirección de Desarrollo Estudiantil. También manifestó su compromiso de fortalecer los mecanismos de prevención, seguridad y atención.

No obstante, el compromiso de revisar los procedimientos institucionales contrasta con la ausencia de estadísticas actualizadas en su informe de actividades de 2025, pues ese documento no permite conocer cuántas denuncias recibió la universidad, cómo fueron atendidas ni cuáles fueron sus resultados.

En dos años se acumularon 85 denuncias por distintas formas de violencia

La revisión de los informes institucionales correspondientes a 2023, 2024 y 2025 revela que, mientras en los dos primeros ejercicios la universidad presentó un desglose de las denuncias y su situación administrativa, en el más reciente únicamente informó sobre actividades de capacitación relacionadas con la prevención y atención de estas conductas.

De acuerdo con los documentos oficiales, durante 2023 la UDLAP recibió 40 denuncias, de las cuales 24 correspondieron a acoso, equivalentes al 60 por ciento; ocho a hostigamiento, que representaron el 20 por ciento; seis a violencia de género, es decir, el 15 por ciento; una a violencia física y otra a violencia sexual, cada una equivalente al 2.5 por ciento.

De estos 40 expedientes, 32 fueron ratificados, lo que representó el 80 por ciento, mientras que los ocho restantes, equivalentes al 20 por ciento, quedaron archivados por falta de pruebas. La institución informó que todos los casos se encontraban cerrados.

Para 2024, el número de denuncias aumentó a 45, cinco más que el año anterior, lo que representó un incremento del 12.5 por ciento.

De ese total, 26 denuncias fueron por acoso, equivalentes al 57.8 por ciento; nueve por violencia de género, el 20 por ciento; cinco por hostigamiento, el 11.1 por ciento; tres por violencia psicológica, el 6.7 por ciento; una por violencia física y otra por violencia patrimonial, cada una equivalente al 2.2 por ciento.

En cuanto a la situación de los expedientes correspondientes a 2024, la institución reportó que 35 denuncias fueron ratificadas, equivalentes al 77.8 por ciento, mientras que 10 quedaron archivadas como antecedente por falta de pruebas, lo que representó el 22.2 por ciento. La universidad también señaló que todos los casos estaban cerrados.

En conjunto, durante 2023 y 2024 se registraron 85 denuncias por distintas manifestaciones de violencia dentro de la comunidad universitaria.

De ellas, 50 correspondieron a acoso, que concentró el 58.8 por ciento del total; 15 a violencia de género, equivalentes al 17.6 por ciento; y 13 a hostigamiento, que representaron el 15.3 por ciento.

Las otras siete denuncias, equivalentes al 8.2 por ciento, estuvieron relacionadas con violencia física, sexual, psicológica y patrimonial.

De los 85 expedientes acumulados durante ambos ejercicios, 67 fueron ratificados, equivalentes al 78.8 por ciento, mientras que 18 quedaron archivados por falta de pruebas, lo que representó el 21.2 por ciento.

Sin embargo, la ratificación de una denuncia no significa necesariamente que se haya acreditado la responsabilidad de la persona señalada ni permite establecer, por sí misma, si existieron sanciones contra los presuntos responsables.

Las cifras también muestran que el acoso fue la conducta denunciada con mayor frecuencia durante ambos años, pues concentró casi seis de cada diez expedientes registrados por la institución.

Asimismo, las denuncias clasificadas específicamente como violencia de género aumentaron de seis en 2023 a nueve en 2024, lo que significó un incremento del 50 por ciento, mientras que las correspondientes a hostigamiento disminuyeron de ocho a cinco durante el mismo periodo.

Las estadísticas permiten conocer el comportamiento de las denuncias y la clasificación de los expedientes, pero no ofrecen, por sí mismas, información suficiente para determinar qué sanciones fueron aplicadas ni qué medidas de reparación y protección recibieron las denunciantes.

El informe de 2025 ya no permite conocer cuántas denuncias hubo

En contraste con la información presentada en esos dos ejercicios, el Informe de Actividades del Rector 2025–2026, que comprende las acciones realizadas de enero a diciembre de 2025 y fue presentado en abril de este año, ya no incluye un apartado estadístico equivalente que permita conocer cuántas denuncias recibió la universidad durante ese periodo.

En el capítulo denominado Capital Organizacional, específicamente en la página 88, la UDLAP señaló que 668 empleados recibieron capacitación en protección de datos personales y en el Protocolo de Atención a Situaciones de Acoso, Hostigamiento y/o Violencia de Género.

No obstante, el documento no establece cuántas denuncias fueron presentadas en 2025, cuáles fueron los tipos de violencia reportados, cuántos expedientes se ratificaron o archivaron ni qué resoluciones o sanciones pudieron derivarse de los procedimientos institucionales.

Tampoco permite identificar si las denuncias aumentaron o disminuyeron respecto de las 45 registradas en 2024, ni establecer si las actividades de capacitación estuvieron acompañadas de cambios en la atención y resolución de los casos.

Esta ausencia de información impide conocer la evolución de las denuncias durante tres años consecutivos y evaluar, a partir de los propios registros institucionales, los resultados de los mecanismos establecidos para atender el acoso, el hostigamiento y la violencia de género.

La omisión resulta particularmente significativa frente a las exigencias de las colectivas feministas, que han reclamado conocer qué sucede con las denuncias presentadas por estudiantes, cuáles son las medidas de protección para las víctimas y si existen consecuencias efectivas para quienes resulten responsables de actos de violencia.

También adquiere relevancia ante el compromiso asumido por la institución de revisar su protocolo de género después del feminicidio de María Fernanda, pues las estudiantes han demandado mecanismos de atención que no se limiten a recibir quejas, sino que garanticen seguimiento, protección y respuestas institucionales verificables.

La falta de estadísticas en el informe público no significa que durante 2025 no se hayan presentado denuncias, sino que la institución no incluyó en ese documento los datos necesarios para determinar su número, clasificación y situación administrativa.

De esta manera, mientras los informes correspondientes a 2023 y 2024 permitieron documentar 85 denuncias y conocer la situación de los expedientes, el informe de 2025 dejó sin actualizar la información pública sobre estas conductas dentro de la UDLAP.

Queda pendiente conocer cuántos casos fueron denunciados durante el último ejercicio, qué procedimientos se siguieron, cuáles fueron sus resoluciones y si se aplicaron sanciones o medidas de protección.