

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tiene un solo documento que autorice el Pozo 2 o pozo Pavigi. No hay permiso de perforación, ni estudios técnicos, ni permiso de ocupación de zona federal, ni un solo oficio intercambiado con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) o el ayuntamiento de San Miguel Xoxtla.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con folio 340009400193326, emitida el 28 de septiembre, la dependencia no localizó registro de que el pozo se haya perforado, sustituido, repuesto, rehabilitado o cerrado con su autorización. Son las cinco formas en que la autoridad federal del agua pudo haber intervenido en la obra.
Tampoco hay rastro de que la Conagua haya supervisado la maquinaria de perforación instalada en el sitio. En la base de datos de su Programa Nacional de Inspección no aparece una sola visita, medida de seguridad, clausura o sanción relacionada con el pozo.
La misma respuesta abarca a la Secretaría de Infraestructura: con ella tampoco hay un solo oficio, acta o minuta sobre la perforación o sustitución del pozo.
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Más de seis semanas de búsqueda
La Subdirección General Técnica de la propia Conagua ya lo había advertido formalmente mediante el oficio B00.7.02.03.–004: en sus registros no existe una sola “expresión documental” ligada a ese pozo
La búsqueda llevó semanas y la respuesta llegó después de una prórroga. La Dirección Local Puebla, la oficina de la Conagua con jurisdicción sobre Xoxtla, pidió más tiempo para buscar, y el Comité de Transparencia se lo concedió el 8 de septiembre.
Con ese plazo adicional revisó sus subdirecciones de Administración del Agua; de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; de Infraestructura Hidroagrícola y Rural, y Técnica, además de su Departamento de Inspección y Medición y su Auditor Encargado de Procedimientos Administrativos. El resultado fue el mismo.
Nadie sabe quién autorizó la obra del pozo Pavigi
La respuesta en blanco de la Conagua no es un hecho aislado: representa el cierre definitivo de un circuito de evasivas burocráticas que comenzó cuatro meses atrás. Desde junio, cada dependencia involucrada en el conflicto del pozo Pavigi se dedicó a patear la responsabilidad hacia la siguiente ventanilla.
De las cinco autoridades de los tres órdenes de gobierno, consultadas sobre un mismo pozo, ninguna entregó un documento que señale quién autorizó la obra, quién la paga o quién la supervisa. La instancia estatal remitió a la federal, y la federal no tiene registro. Para la comunidad que litiga tres amparos, eso significa que no existe, en papel, una autoridad a la que pedirle cuentas por el pozo.
El 19 de junio el ayuntamiento de San Miguel Xoxtla respondió a los folios 760439026000023 al 760439026000028 con el oficio MSMX-DOP-AIP/2026–002 que no tenía información y que la obra correspondía al gobierno del estado.
En julio la Ceaspue se declaró incompetente (folio 760420726000048) y remitió la solicitud al SOAPAP y a la Conagua.
El 21 de julio, el SOAPAP reservó la información (folio 760423626000021). Entre sus justificaciones citó un peritaje antropológico ordenado en los juicios de amparo que promovió la comunidad. Ese peritaje no se había realizado. El Centro INAH Puebla, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó en el oficio 401.12C.6–2026/2117 (folio 340018300052926) que desde el 23 de febrero había notificado al SOAPAP la “imposibilidad material” de la perita designada para cumplir el encargo. Fue cinco meses antes de la reserva.
El 24 de agosto, la Secretaría de Gobernación del gobierno del estado de Puebla dijo haber intervenido “únicamente en calidad de autoridad mediadora” para evitar un conflicto social (folio 761204426000216). Según su respuesta, “no se generó información que reportar”. No entregó minutas de esa mediación.
Hasta el 28 de septiembre ninguna de las autoridades consultadas había exhibido el documento que permita saber quién autorizó la obra del pozo Pavigi.
Mientras las instituciones involucradas justificaron públicamente la intervención alegando derechos de asignación previos, la respuesta oficial de la autoridad del agua revela que el pozo se reactivó al margen de cualquier trámite específico ante la federación, supliendo los expedientes técnicos con un cerco de escudos y uniformes policiacos.
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