
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond
El Gobierno colombiano puso en marcha una estrategia para evitar que miles de productores de arroz de Casanare queden fuera del cultivo en 2027, después de una combinación de inundaciones, bajos precios y fuertes presiones financieras que amenaza la continuidad de la actividad agrícola en uno de los principales territorios productores del país.
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, solicitó a los presidentes de Asobancaria, Induarroz y de la Cámara de Procultivos de la ANDI adoptar medidas de alivio para los agricultores afectados y facilitar la recuperación de su capacidad productiva.
La iniciativa busca articular al sistema financiero, la industria molinera y los proveedores de insumos para impedir que los productores pierdan sus activos, enfrenten procesos de cobro o embargos y lleguen a la próxima temporada de siembra sin el capital necesario para volver a cultivar.
La situación adquiere especial relevancia por el peso de Casanare en la producción arrocera colombiana. Más de 13.000 hectáreas resultaron afectadas por las inundaciones registradas en julio, mientras que el departamento representó el 54,8 % del área nacional sembrada con arroz durante el primer semestre de 2026.
A la emergencia climática se sumó una fuerte caída en los ingresos de los agricultores. Entre febrero y julio de este año, el arroz paddy verde se comercializó en Yopal a un promedio de 1.264.000 pesos por tonelada, uno de los valores más bajos entre las principales plazas de referencia y un precio que, de acuerdo con el Ministerio, se ubicó por debajo de los costos de producción de numerosos agricultores.
El impacto financiero también es considerable. Según información de la Gobernación de Casanare y cifras de Finagro, los productores acumulan obligaciones por alrededor de 470.000 millones de pesos con la industria molinera, una situación que aumenta la presión sobre los agricultores en momentos en que buscan recuperar sus cultivos y garantizar recursos para la siguiente cosecha.
Ante este escenario, el ministro Dangond planteó el reperfilamiento de los créditos de los productores afectados, con plazos ajustados a su capacidad real de pago, así como la suspensión temporal de procesos de cobro jurídico, procesos ejecutivos y embargos mientras se atiende la emergencia.
También pidió explorar mecanismos que permitan evitar, dentro de las competencias y políticas de cada acreedor, la generación de intereses de mora y sanciones, además de facilitar acuerdos de pago que sean viables para los productores.
La propuesta contempla igualmente ampliar los plazos de las obligaciones contraídas con molinos, agrocomercios y proveedores de insumos, incluidas aquellas con vencimiento previsto para los primeros meses de 2027.
El Ministerio de Agricultura anunció además la consolidación de la información sobre la cartera de los productores para diseñar una solución integral de financiación que permita garantizar los recursos necesarios para la próxima temporada de siembra.
Para avanzar en esta estrategia, el Gobierno convocará una mesa de trabajo con representantes del sector financiero, la industria molinera y el agrocomercio. El objetivo será definir responsabilidades, mecanismos de alivio y un esquema financiero que permita recuperar el capital de trabajo de los agricultores de cara al primer semestre de 2027.
“No podemos permitir que una emergencia climática y una coyuntura de bajos precios terminen sacando del cultivo a los productores de arroz de Casanare. Nuestra prioridad es proteger su capacidad productiva, evitar que pierdan sus activos y garantizar que puedan volver a sembrar en 2027. El arroz que necesitamos mañana se protege con decisiones oportunas hoy”, afirmó el ministro Indalecio Dangond.
La apuesta del Gobierno es evitar que la crisis actual termine afectando la producción futura y preservar la capacidad de Casanare como uno de los principales territorios arroceros de Colombia. El desafío ahora será convertir los anuncios de alivio financiero en acuerdos concretos que permitan a los productores superar las pérdidas, recuperar su capital de trabajo y regresar a los campos para la cosecha de 2027.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
CARLOS CASTAñEDA
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