Gobernación advierte que demora del POA 2027 complica la planificación

Fernando Romero cuestiona la dilación en la Asamblea Departamental y plantea que Tarija necesita una reforma estructural para enfrentar la caída de ingresos, el encarecimiento del combustible y las nuevas obligaciones financieras.

Redacción Central/El Periódico/07–10–2026.– La falta de aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2027 mantiene abierta una disputa entre la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, mientras el Ejecutivo departamental advierte que el retraso puede afectar la planificación de la próxima gestión y las gestiones que deben realizarse ante el Gobierno nacional para garantizar el financiamiento de los programas y proyectos previstos.El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Fernando Romero, señaló que el documento se encuentra en la instancia legislativa desde hace casi un mes y que, pese a las observaciones recibidas, la administración departamental realizó las correcciones técnicas correspondientes. La principal dificultad pendiente, según la posición del Ejecutivo, está relacionada con la continuidad del tratamiento parlamentario y la definición sobre la aprobación del presupuesto.La situación adquiere mayor relevancia debido a que el POA debe incorporarse al proceso de programación presupuestaria nacional para 2027. Una demora prolongada podría dificultar las gestiones ante el Ministerio de Economía y mantener en incertidumbre los recursos destinados a las competencias departamentales.Desde la Asamblea, entretanto, se sostiene que el documento todavía requiere revisión y que existen sectores cuyas demandas no habrían sido incorporadas adecuadamente. La Comisión de Economía y Finanzas retomó el análisis del proyecto y anunció que continuará evaluando las observaciones antes de llevar el tema al pleno.Romero también vinculó el escenario presupuestario con una discusión de mayor alcance: la necesidad de modificar el esquema de distribución de recursos públicos. Tarija forma parte de la demanda de los gobiernos departamentales para avanzar hacia un mecanismo de coparticipación tributaria que permita fortalecer las finanzas de las gobernaciones sin reducir las asignaciones que actualmente reciben municipios y universidades.La propuesta del denominado 50/50 busca modificar la estructura vigente y otorgar una participación más significativa a los departamentos en los ingresos nacionales. Los gobernadores acordaron exigir avances para que este nuevo esquema pueda ser considerado dentro del Presupuesto General del Estado 2027, además de plantear medidas destinadas a compensar el incremento de los costos operativos.Para Tarija, la discusión resulta especialmente sensible por la reducción de los ingresos asociados a la actividad hidrocarburífera. La caída de la producción de gas y de las transferencias vinculadas al sector ha reducido de manera considerable la capacidad financiera que tuvo el departamento durante los años de mayor bonanza.En ese contexto, Romero considera que una modificación constitucional y legal de la distribución de recursos resulta necesaria para garantizar la sostenibilidad de las autonomías departamentales. El planteamiento apunta a que las nuevas reglas permitan cubrir las competencias asignadas a las gobernaciones con ingresos permanentes y no únicamente mediante transferencias extraordinarias o mecanismos de endeudamiento.A esta problemática se suma el incremento del precio del diésel, que elevó los costos de funcionamiento de las instituciones públicas. La maquinaria destinada al mantenimiento de caminos, los vehículos departamentales y diversas actividades vinculadas con infraestructura y servicios requieren combustible para operar, generando una presión adicional sobre presupuestos elaborados bajo condiciones diferentes.La Gobernación reclama mecanismos de compensación para cubrir la diferencia entre el costo considerado al elaborar sus previsiones financieras y el precio vigente. También plantea la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias excepcionales que permitan absorber el aumento sin sacrificar recursos destinados a inversión y servicios.La crisis de abastecimiento añade otra dificultad. Las restricciones para acceder regularmente a gasolina y diésel afectan tanto a entidades públicas como a sectores productivos y municipios, especialmente en zonas rurales donde las distancias y la disponibilidad de estaciones de servicio incrementan los costos logísticos.El debate, por tanto, excede la aprobación de un documento presupuestario. Para la administración departamental, el problema combina la demora legislativa, la reducción de ingresos, el aumento de los costos operativos y la necesidad de redefinir las reglas de financiamiento autonómico.Mientras se aproxima el vencimiento del plazo establecido para el tratamiento del POA, la Gobernación espera que la Asamblea defina su posición y permita cerrar la planificación financiera de 2027. Paralelamente, Tarija deberá continuar las gestiones ante el nivel central para conseguir compensaciones por el combustible y avanzar en una nueva distribución de recursos que otorgue mayor capacidad económica al departamento.El desenlace de estas gestiones será determinante para establecer cuánto margen tendrá Tarija durante la próxima gestión para sostener sus servicios, ejecutar inversiones y atender las competencias que actualmente recaen sobre la administración departamental.