Nicaragua formaliza su retiro del Parlacen y profundiza su aislamiento internacional

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo notificó formalmente a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) la denuncia de su Tratado Constitutivo «con efecto inmediato», sumando a este foro político a la lista de organismos internacionales e instancias multilaterales de las que Nicaragua se ha desvinculado en los últimos dos años.

La medida fue comunicada el pasado 3 de octubre, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores sin precisar los motivos del retiro. Por su parte, la directiva del Parlacen —integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana, además de Nicaragua— informó que analiza el alcance legal del anuncio, dado que el instrumento constitutivo del organismo no cuenta con una cláusula explícita de denuncia, lo que requerirá un abordaje bajo el derecho internacional y los canales diplomáticos.

La decisión de Managua se produce en un contexto de persistente crisis sociopolítica y de derechos humanos desde 2018, y ocurre tras la aprobación por unanimidad de una resolución en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que demanda la celebración de elecciones libres, la restitución de la separación de poderes y la liberación incondicional de los presos políticos en la nación centroamericana.

Sucesión de retiradas de entes de la ONU y foros regionales

La salida del Parlacen se suma a una serie de rupturas multilaterales ejecutadas por el Ejecutivo nicaragüense durante 2025. En febrero de ese año, Managua ordenó el cierre inmediato de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego de que el ente situara al país entre las naciones con mayores índices de inseguridad alimentaria de la región.

Posteriormente, el Gobierno anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a raíz de un informe emitido por el Grupo de Expertos independientes, el cual instó a condicionar el acceso comercial de Nicaragua a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea al cumplimiento de estándares de derechos humanos, sugiriendo además acciones ante la Corte Internacional de Justicia por la despatriación de más de 400 ciudadanos.

Durante ese mismo período, la administración sandinista concretó su salida de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unesco, alegando en su momento presuntas injerencias políticas y sesgos institucionales en el ejercicio de sus funciones.

Noticia Al Día / Con información de EFE Noticias