Gracianía acusó al Gobierno de trasladarle a los fueguinos el costo de su acuerdo con SUTEF

Gracianía defendió su voto para quitarle el trámite de urgencia a la iniciativa y sostuvo que una discusión de semejante alcance no puede resolverse bajo presión ni con plazos reducidos, especialmente cuando contempla nuevas cargas tributarias y la afectación de recursos futuros.

La legisladora relacionó directamente el proyecto con el acuerdo alcanzado por el Gobierno con SUTEF luego del extenso conflicto docente. Según planteó, la Legislatura no debería quedar obligada a financiar un acuerdo celebrado entre el Ejecutivo y el sindicato trasladando el costo al conjunto de la sociedad.

“¿Por qué la Legislatura tiene que estar atada a un acuerdo que hizo el gobernador?”, planteó Gracianía, quien sostuvo que se trató de una negociación política surgida después de 46 días de paro docente.

Uno de sus principales cuestionamientos apunta al esquema de financiamiento previsto en el proyecto. Gracianía mencionó el adicional del 3% de Ingresos Brutos para las actividades gravadas del Banco Tierra del Fuego y la alícuota del 3,4% vinculada a la distribución de gas natural.

Sobre el BTF, pidió determinar quién absorberá finalmente ese costo. “Hay que ver quién se va a hacer cargo de este 3%, si lo va a pagar el banco o si se lo va a trasladar a los clientes”, señaló.

Respecto del gas, fue todavía más directa y advirtió que el incremento podría terminar impactando sobre los propios usuarios y contribuyentes.

Gracianía también cuestionó que el proyecto comprometa porcentajes de recursos futuros, incluso vinculados a actividades que todavía no generan ingresos concretos para la Provincia. Entre ellas mencionó el hidrógeno verde.

“Estamos legislando a futuro sobre algo que no existe”, afirmó, y calificó como “un dibujo” incluir recursos provenientes de una industria que todavía no está desarrollada en Tierra del Fuego.

Para la legisladora, antes de crear nuevas cargas debería revisarse en profundidad cómo se utilizan actualmente los recursos provinciales. En ese sentido, reclamó un análisis sobre las horas cátedra, el gasto educativo y el destino efectivo del dinero que ya tiene disponible el Estado.

También responsabilizó al Gobierno por la extensión del conflicto docente. Gracianía sostuvo que el Ejecutivo “se dejó correr” por el sindicato y aseguró que existían herramientas para intervenir mucho antes.

“Yo hubiera dictado la conciliación obligatoria desde el minuto cero”, afirmó.

Para Gracianía, la secuencia terminó colocando a la Legislatura bajo una nueva presión: primero el conflicto gremial condicionó al Ejecutivo y ahora el Ejecutivo pretende que los legisladores resuelvan rápidamente un proyecto que incorpora nuevos impuestos y compromete recursos futuros.

La parlamentaria anticipó que participará del debate en comisión, aunque dejó en claro que su bloque no acompañará cualquier esquema de financiamiento.

“Nosotros vamos a participar del debate, pero no vamos a convalidar cualquier cosa. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a poner los puntos sobre la mesa”, sostuvo.

Gracianía insistió en que la discusión educativa no puede reducirse a conseguir más recursos mediante aumentos tributarios. Para la legisladora, antes de pedirle otro esfuerzo a los fueguinos, el Gobierno debe explicar cómo administra los fondos existentes y por qué pretende que el contribuyente termine financiando las consecuencias de una negociación política con el gremio docente.