El riesgo país ya mira más allá de 2027: Jujuy debería prepararse para una Argentina con menos margen y prioridades en disputa

El deterioro de los bonos argentinos empieza a mostrar algo más profundo que una mala semana financiera: el mercado está cobrando una prima cada vez mayor por el riesgo que aparece después de 2027. Max Capital estima que aproximadamente la mitad del deterioro reciente responde a factores específicamente argentinos y advierte que el castigo se concentra en la deuda de mayor plazo. Eso no significa que un default sea inevitable ni permite afirmar qué gobierno lo enfrentaría, pero sí anticipa un escenario donde la próxima administración «sea una continuidad de Javier Milei u otra fuerza encabezada, por ejemplo, por Axel Kicillof» podría recibir una economía con fuertes restricciones financieras. Para Jujuy, esperar a que llegue esa crisis sería el peor momento para empezar a discutir prioridades.

La señal más inquietante está en la curva de deuda. Mientras algunos bonos cortos resistieron mejor, los títulos posteriores a 2027 sufrieron caídas más profundas y aumentaron sus probabilidades implícitas de incumplimiento. El riesgo país pasó de aproximadamente 405 puntos a mediados de julio a más de 645 hacia fines de septiembre y comienzos de octubre; además, Argentina registró una ampliación del EMBI superior a la de cualquier otro país latinoamericano comparable durante septiembre. Max Capital calcula que el deterioro responde en partes aproximadamente iguales al contexto internacional y a factores domésticos, entre ellos la incertidumbre electoral.

El problema, por lo tanto, no puede resumirse en “Milei sigue y hay default” aunque es uno d elos caminos. Los mercados no están certificando un incumplimiento futuro: están poniendo precio a un riesgo mayor de refinanciación, reservas insuficientes y vencimientos exigentes. Los CDS a un año llegaron a niveles compatibles, bajo determinados supuestos de recuperación, con una probabilidad implícita cercana al 20,8%, y a dos años cercana al 30%; son precios de cobertura, no predicciones objetivas. Al mismo tiempo, la tasa forward entre deuda 2027 y 2028 superó el 15%, mostrando cuánto más caro se vuelve trasladar obligaciones hacia adelante.

Tampoco puede afirmarse como hecho que un eventual gobierno de Axel Kicillof sería necesariamente “más humanista”, pero la presión social lo condicionará. Sí existe una diferencia documentada de prioridades. Kicillof viene cuestionando el ajuste sobre actividad, industria, transferencias y hogares endeudados, y su administración bonaerense sostiene políticas con mayor intervención estatal en áreas como salud, obra pública y producción. En su reciente presentación ante inversores buscó, al mismo tiempo, mostrarse contrario a una emisión sin control y comprometido con el cumplimiento de obligaciones. Es decir, el contraste político existe, pero cualquier próximo gobierno también tendría que resolver el mismo problema elemental: conseguir dólares, refinanciar vencimientos y reconstruir credibilidad financiera.

Para Jujuy, esta discusión debería comenzar antes de 2027. La provincia posee una economía exportadora minera cada vez más importante: sólo en 2025 registró US$953 millones en exportaciones mineras, equivalentes al 15,8% del total nacional del sector. Pero exportar más no responde por sí mismo cuánto ingreso disponible queda en los hogares, cuánto se diversifica el empleo, cuánto se fortalece a proveedores locales ni cuánto deberá gastar el Estado en infraestructura y mitigación ambiental. El propio Gobierno provincial exige actualmente monitoreos ambientales electrónicos a los proyectos mineros, demostración de que la actividad genera también obligaciones de control y seguimiento que deben incorporarse al balance económico.

La discusión que debería anticipar Jujuy es, entonces, menos electoral y más estructural: qué provincia puede sostenerse si la Argentina entra en 2027–2028 con crédito caro, menor disponibilidad de recursos nacionales y una economía doméstica debilitada. Eso obliga a revisar prioridades presupuestarias, ingresos municipales, infraestructura, empleo, industria regional, proveedores mineros, salud y educación, además de cuantificar con transparencia cuánto deja realmente la minería frente a sus costos públicos y ambientales. Sea quien sea el próximo presidente, la señal de los mercados es suficientemente seria para no esperar a conocer el nombre del ganador: el próximo ciclo político puede comenzar con mucho menos margen fiscal que el actual.