Tras filtración en la SENAD, ordenan proteger a dos testigos y recibir sus declaraciones por adelantado

• Dos personas vinculadas a la SENAD contarán con acompañamiento policial permanente ante las amenazas y el temor expuestos en la investigación.
• El juez Osmar Legal dispuso que declaren como anticipo jurisdiccional de prueba, para preservar sus testimonios bajo control judicial y con intervención de las partes.
• La Fiscalía sostiene que sus declaraciones podrían aportar datos sobre la presunta filtración de información al Clan Gomes y la estructura investigada en el caso Pavo Real.

El juez de Crimen Organizado Osmar Legal ordenó medidas de protección para dos testigos de la causa que investiga una presunta filtración de información desde la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) a favor del grupo criminal denominado Clan Gomes. A pedido de la Fiscalía, también dispuso que ambos declaren bajo la figura del anticipo jurisdiccional de prueba.

Las dos personas estuvieron vinculadas a la SENAD y, según el Ministerio Público, aportaron información relevante sobre la investigación de la estructura de lavado relacionada con Jarvis Chimenes Pavão, en el caso Pavo Real. Por su intervención directa como funcionarios, podrían brindar datos sobre la causa abierta contra el director general Antidrogas, Hugo Derlis Baptista Báez; el jefe de Inteligencia, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña; el excomandante de las Fuerzas Especiales, Cnel. Aldo Osmar Pintos Martínez; la jefa del Departamento contra el Crimen Organizado, Alicia Marlene Vázquez Samaniego; y Helga Solís Gómez, sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Uno de los posibles testigos ya había comunicado la existencia de amenazas relacionadas con su participación en la investigación y cuenta con un custodio. Además, su identidad quedó públicamente asociada al origen de la denuncia y a los hechos investigados, lo que aumentó su exposición.

En cuanto a la otra testigo, la fiscal Ingrid Cubilla manifestó preocupación por su seguridad. Según relató, distintas personas le habrían comentado a la mujer que Cristian Amarilla y Alicia Vázquez la calificaban de “traidora”, al conocer su condición de testigo. La mujer también expresó temor porque personas vinculadas con la investigación conocerían su domicilio, sus rutinas y sus desplazamientos.

Ante estos antecedentes, el juzgado dispuso el acompañamiento policial permanente de ambos testigos para resguardar su vida e integridad física. La medida podrá continuar incluso después de que finalice la causa, por el tiempo que resulte necesario.

El juez consideró que la naturaleza de la información que podrían aportar, junto con las amenazas y el temor expuestos, justifican recibir sus testimonios como anticipo jurisdiccional de prueba. De esta manera, sus declaraciones podrán reproducirse directamente en un eventual juicio oral.

Legal aclaró que la decisión no anticipa el valor que se dará a los testimonios ni los aparta del contradictorio en el juicio. Señaló que la diligencia busca preservar la fuente de prueba mediante su producción bajo control jurisdiccional y con intervención de las partes, conforme a las garantías del debido proceso.