Bolivia — Gobierno anuncia cierres desde el martes; analistas cuestionan los plazos del DS 5727

La OFEP afirma que ya concluyó la evaluación de las empresas estatales y que comenzarán a conocerse decisiones. Economistas advierten que el decreto no ordena cierres inmediatos y mantiene varias etapas administrativas.

El Gobierno anunció que desde el martes comenzará a definir el futuro de las empresas públicas evaluadas por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). La explicación oficial apunta a una decisión por día, aunque los nombres de las entidades que serán reorganizadas, disueltas o liquidadas todavía permanecen bajo reserva.

El director de la OFEP, Pablo Camacho, aseguró que el diagnóstico técnico ya fue concluido y entregado al Ejecutivo el 28 de agosto. Según explicó, el Decreto Supremo 5727 establece el procedimiento que permitirá convertir los resultados de esa evaluación en decisiones concretas.

“A partir del martes estaríamos cerrando las empresas”, afirmó Camacho. Agregó que el Gobierno prevé avanzar “básicamente con una por día”, pero aclaró que corresponde a la Presidencia informar cuáles serán alcanzadas por esas determinaciones.

El anuncio abre una pregunta central: ¿el martes comenzarán los cierres jurídicos o se anunciará el inicio de los procedimientos para ejecutarlos? El decreto no contiene una lista de empresas ni dispone la liquidación automática de ninguna entidad. Declara como prioridad nacional su reorganización, disolución o liquidación, de acuerdo con un diagnóstico de la OFEP y una decisión posterior del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep).

Un procedimiento distinto para cada empresa
Camacho explicó que no todas las empresas pueden cerrarse mediante el mismo instrumento legal. La ruta dependerá de la norma con la cual fue creada cada entidad. En algunos casos será suficiente otro decreto supremo; en otros se necesitará una ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), por ejemplo, está contemplada en la Constitución Política del Estado. Por esa razón, cualquier decisión sobre su estructura o continuidad tendría mayores exigencias jurídicas.

Después de recibir el diagnóstico, el Coseep debe definir si corresponde reorganizar, disolver o liquidar cada compañía. El ministerio responsable tendrá entonces un plazo de 15 días hábiles para efectuar las gestiones y preparar el instrumento legal correspondiente. Ese plazo no significa que la reestructuración o liquidación deba concluir en 15 días.

En los casos de reorganización, las empresas continuarán operando. La OFEP plantea revisar su estructura, reducir cargos considerados innecesarios y seleccionar a los nuevos gerentes mediante concursos de méritos. Si se decide la disolución o liquidación, deberá aprobarse la norma respectiva y comenzar la administración de activos, deudas, contratos y obligaciones laborales.

El decreto también establece que las auditorías o investigaciones pendientes no impedirán la liquidación, aunque las responsabilidades administrativas, civiles o penales deberán continuar siendo investigadas.

Empresas con pérdidas y otras con utilidades mínimas
La evaluación abarca empresas con realidades diferentes. Algunas arrastran pérdidas, problemas operativos o inversiones que no alcanzaron los resultados previstos. Otras mantienen sus actividades, pero muestran utilidades reducidas frente al tamaño de su estructura.

Camacho puso como ejemplo a Mi Teleférico. Según los datos expuestos por el funcionario, la empresa registró una utilidad cercana a Bs 10 millones en la gestión anterior y superior a Bs 6 millones en la actual. La OFEP considera que esos resultados son mínimos y observa, además, un posible exceso de personal cercano al 20%.

En este caso, la explicación oficial apunta a una eventual reorganización y no necesariamente a un cierre. La revisión tendría que considerar ingresos, costos de operación, número de trabajadores, mantenimiento del sistema y función social del transporte por cable.

El director de la OFEP también mencionó observaciones en proyectos vinculados con las plantas de biodiésel, la Empresa Azucarera San Buenaventura, Bolivia Agropecuaria, la EBIH, Yacimientos de Litio Bolivianos y el complejo siderúrgico del Mutún. Sin embargo, no confirmó que alguna de esas entidades figure entre las primeras alcanzadas por las decisiones.

Analistas ven demora y más burocracia
El economista Gonzalo Chávez cuestionó, con ironía, que después de varios meses el Gobierno haya aprobado un decreto para establecer cómo seguirá estudiando el futuro de las empresas estatales. A su juicio, la norma organiza un camino administrativo, pero no privatiza, liquida ni cierra por sí misma ninguna compañía.

Chávez resumió el procedimiento como un “movimiento perpetuo de la burocracia” y reclamó que el Ejecutivo presente una clasificación clara: cuáles empresas son estratégicas, cuáles pueden recuperarse, cuáles deberían fusionarse y cuáles deben liquidarse.

También pidió transparentar los costos de cada decisión y establecer fechas verificables. Su crítica apunta a que la discusión no debería limitarse a anunciar cierres, sino explicar cuánto costará liquidar una empresa, qué ocurrirá con sus trabajadores y quién asumirá sus deudas y obligaciones.

El economista Dante Pino coincide en que el decreto no ordena cierres inmediatos. Subraya que la norma declara prioritaria la reorganización, disolución o liquidación, pero mantiene una cadena de instancias: diagnóstico de la OFEP, consideración del Coseep, actuación del ministerio correspondiente y aprobación de un decreto o una ley, según cada caso.

Pino calificó el DS 5727 como una “anestesia jurídica” y considera que el recorrido institucional podría prolongar las decisiones durante años. Su estimación de dos o tres años es una proyección propia y no un plazo establecido en el decreto.

También cuestionó que la evaluación pase por organismos creados para fortalecer y dirigir las empresas públicas. En su interpretación, esa estructura podría terminar protegiendo la continuidad de entidades deficitarias. Se trata de una valoración del analista que contrasta con la explicación de Camacho, quien sostiene que el diagnóstico ya está terminado y que las decisiones comenzarán a conocerse desde el martes.

Doria Medina pide cerrar las empresas inviables
El empresario y dirigente político Samuel Doria Medina calificó como tardía la determinación gubernamental. Señaló que revisar las empresas estatales debía ser una prioridad desde el comienzo de la gestión y sostuvo que el Ejecutivo podía examinar sus estados financieros y cerrar las compañías sin futuro incluso antes de aprobar el decreto.

Doria Medina habló de empresas “mancagastos” creadas, según su criterio, por motivos ideológicos. Al mismo tiempo, introdujo una distinción: no propone cerrar todas las empresas públicas, sino eliminar las inviables y fortalecer aquellas que administran recursos naturales considerados estratégicos.

En el caso de YPFB, pidió designar un presidente mediante el procedimiento establecido en la Constitución. Su planteamiento coincide con Chávez y Pino en exigir decisiones más rápidas, pero añade la necesidad de preservar y potenciar determinadas compañías estatales.

La diferencia entre el anuncio y la ejecución
La OFEP presenta el DS 5727 como el instrumento que permitirá actuar después de haber concluido el diagnóstico. Los analistas, en cambio, sostienen que la norma abre nuevos procedimientos sin resolver directamente la situación de ninguna empresa.

La diferencia podrá comprobarse desde el martes. Si el Gobierno identifica las primeras compañías, publica los fundamentos técnicos y presenta los instrumentos legales correspondientes, comenzará una etapa de decisiones. Si únicamente anuncia nuevas evaluaciones o trámites, las críticas sobre una posible demora cobrarán mayor fuerza.

Por ahora, el decreto ofrece la ruta administrativa; el informe de la OFEP contiene el diagnóstico y el Ejecutivo conserva bajo reserva los nombres. El paso pendiente es el decisivo: mostrar qué empresas serán reorganizadas, cuáles desaparecerán, cuánto costará el proceso y en qué plazo se ejecutará.