Preocupación por actividades mineras en territorios reclamados por una comunidad diaguita de Catamarca

La diputada nacional Mónica Frade presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados exprese su preocupación por la situación denunciada por la Comunidad Indígena Peñas Negras, perteneciente al Pueblo Diaguita y ubicada en el departamento Belén, provincia de Catamarca, a raíz del desarrollo de actividades de prospección y exploración minera en territorios que la comunidad considera de ocupación y utilización tradicional.

La iniciativa también advierte sobre denuncias de hostigamiento, episodios de violencia e intervención de fuerzas de seguridad provinciales en el marco del conflicto. En ese sentido, propone que la Cámara manifieste su rechazo a cualquier acción que pudiera afectar derechos fundamentales e inste a las autoridades competentes a investigar las denuncias formuladas.

Según se explica en los fundamentos del proyecto, la comunidad inició su proceso de organización y reconocimiento en 2021 y realizó actuaciones ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Asimismo, reivindica como territorio de ocupación tradicional una superficie aproximada de 32.415 hectáreas.

Frade sostiene que, de acuerdo con las denuncias recibidas, se habrían autorizado actividades vinculadas a proyectos mineros en la zona, decisión que generó cuestionamientos respecto de los mecanismos de consulta a la comunidad y de los estudios de impacto ambiental utilizados para habilitar esas tareas. El texto menciona específicamente la Resolución RESGE-2026–805-E-CAT-MM del gobierno provincial.

La diputada propone además reafirmar la vigencia de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Escazú, entre otras normas nacionales e internacionales.

El proyecto también expresa preocupación por la posible afectación de recursos hídricos, ambientales, sociales y culturales derivada de las actividades de exploración minera y solicita que se garanticen evaluaciones ambientales integrales conforme a la normativa vigente.

Asimismo, exhorta a las autoridades competentes a asegurar mecanismos adecuados de información, participación y consulta previa, libre e informada a la Comunidad Indígena Peñas Negras respecto de cualquier medida susceptible de afectar directamente sus derechos e intereses.

En los fundamentos, la legisladora aclara que la iniciativa no implica un pronunciamiento sobre la actividad minera como política productiva, sino que busca garantizar que toda decisión administrativa vinculada a proyectos de este tipo se desarrolle con pleno respeto de las garantías constitucionales, los mecanismos de participación de las comunidades indígenas y la legislación ambiental vigente.