
El 22 de septiembre, se realizó una audiencia de apelación, en la que la defensa de Greenpeace solicitó que se revoque el procesamiento y el embargo de los 12 activistas de Greenpeace que realizaron una protesta pacífica en las escalinatas del Congreso el 26 de febrero, mientras se debatía la modificación de la Ley de Glaciares.
Los 12 activistas fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. El juez dispuso además un embargo de $2 millones para cada uno. La protesta pacífica de Greenpeace buscó visibilizar el rechazo a la reforma y defender los glaciares y el agua. No hubo violencia ni daños materiales. La propia resolución de la justicia reconoció que no hubo afectación al tránsito, a terceros ni al funcionamiento ordinario del Congreso.
Diego Salas, director de proyectos de Greenpeace, manifestó tras la audiencia:
“Si pensaban amedrentarnos, no lo van a lograr. Hoy, más que nunca, mantenemos nuestro compromiso con el activismo pacífico y responsable para seguir defendiendo los ecosistemas y las leyes que los protegen. Las leyes ambientales que son fruto de la participación ciudadana, como la Ley de Glaciares, son fundamentales en un contexto climático cada vez más extremo. Por eso, seguiremos defendiendo la norma original y exigiendo la justicia que declare la inconstitucionalidad de la reforma. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber para con los miles de argentinos que confían en nuestro trabajo”.
Cynthia Moreno Gallo, una de las activistas que participó en la actividad, se presentó ante al tribunal y expuso sobre el fin pacífico de la misma:
“Me presenté en esta audiencia para expresarme ante el tribunal sobre la protesta pacífica que realizamos en las escalinatas del Congreso en febrero. Participé con la convicción de defender los glaciares y el agua de nuestro país. Nuestra actividad no debería representar un delito; no agredimos, dañamos las instalaciones ni lastimamos a nadie. Sólo nos expresamos para hacer visible una preocupación que compartimos con muchísimas personas. Estoy orgullosa de ser activista y de manifestarme pacíficamente para defender el ambiente”.
La protesta, según sostiene la organización, fue parte de una movilización ciudadana mucho más amplia. Más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares cuando fue tratada en la Cámara de Diputados (sólo pudieron exponer cerca de 200) y casi 900.000 acompañaron posteriormente el reclamo judicial que se inició tras la sanción.
Greenpeace reafirma su compromiso con la protesta pacífica y con la defensa del derecho de todas las personas a participar y expresarse en defensa del ambiente. La organización continuará impulsando el reclamo judicial para recuperar la protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
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