Una intervención ejecutada durante la madrugada en el penal Ancón I volvió a poner bajo cuestionamiento el control de las cárceles en el país. El operativo permitió incautar más de 35 teléfonos celulares, además de drogas y armas blancas, en celdas y áreas comunes vinculadas a internos relacionados con organizaciones criminales.
La diligencia fue dirigida por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El hallazgo evidencia que, pese a las restricciones penitenciarias, determinados internos continúan accediendo a equipos de comunicación que pueden ser utilizados para mantener contacto con el exterior.
El problema adquiere mayor gravedad cuando estos dispositivos son empleados para coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios. Las investigaciones fiscales y policiales apuntan a que las comunicaciones clandestinas pueden facilitar la coordinación de extorsiones, sicariato y otras acciones criminales mediante redes que involucran a personas fuera de los penales.
El ingreso ilegal de celulares continúa siendo uno de los principales puntos vulnerables del sistema penitenciario. Entre las modalidades identificadas figuran los lanzamientos de equipos desde el exterior, el ingreso mediante encomiendas y el aprovechamiento de las visitas, mecanismos que permiten que los aparatos terminen en poder de los internos.

La magnitud del problema también se refleja en los registros de comunicaciones vinculadas a posibles casos de extorsión. El INPE informó que, tras analizar información proporcionada por la Policía y empresas operadoras, fueron identificadas miles de llamadas asociadas a posibles hechos de este tipo y se solicitó el bloqueo de las líneas correspondientes.
El operativo en Ancón I deja así una señal de alerta sobre la capacidad de las organizaciones criminales para mantener mecanismos de comunicación pese al encierro de sus integrantes.

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