Inocencia Fiscal: qué cambia para los dólares del colchón y cómo busca Caputo que vuelvan al sistema

La apuesta del Gobierno con la llamada “inocencia fiscal” dejó de ser solamente una reforma de Ganancias. Detrás de los cambios que impulsa el Ministerio de Economía hay un objetivo más amplio: lograr que una parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal vuelvan a circular, sin que sus propietarios sientan que al declararlos quedan expuestos a una fiscalización retroactiva o, en los casos más delicados, a una investigación penal.

La ley que impulsó Luis Caputo fue modificándose a medida que avanzaron las conversaciones con contadores y especialistas tributarios. El proyecto que llegó al Congreso incorporó cambios sobre el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), flexibilizó algunos requisitos y buscó limitar el margen de discrecionalidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de revisar el esquema de sanciones.

La lógica oficial es sencilla: para que los llamados “dólares del colchón” aparezcan, no alcanza con prometer que habrá menos controles. El contribuyente necesita conocer de antemano cuánto puede declarar, qué documentación tendrá que presentar, qué información podrá cruzar ARCA y, sobre todo, qué situaciones pueden hacerle perder los beneficios del nuevo esquema.

El esquema terminó tomando forma alrededor de tres grandes ejes. El primero es la ampliación del universo que podrá utilizar el Régimen Simplificado de Ganancias. La ley contempla la eliminación de los parámetros de ingresos y patrimonio para que más contribuyentes puedan incorporarse (personas humanas y sucesiones indivisas).

Por su parte, los “Grandes Contribuyentes Nacionales” podrán adherir al nuevo esquema, presentar la Declaración Jurada Simplificada y regularizar el impuesto a través de esa vía, pero sin acceder a los beneficios. Misma condición recae para quienes hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la inscripción.

El segundo eje apunta a robustecer la seguridad jurídica con cambios en las discrepancias significativas. Sólo se configurará una diferencia relevante cuando el fisco detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%.

Aunque, si un contribuyente supera el 15% del impuesto determinado, no será excluido del régimen simplifcado si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión simple ($ 5.000.000) previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

El tercer eje se posiciona sobre el plazo para exteriorizar fondos no declarados, cuyo límite estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Los fondos se considerarán “bienes incorporados al patrimonio del contribuyente (Bienes Personales) en el día en que se efectúe la operación”.

Según precisa el proyecto oficial, los contribuyentes deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central (BCRA) y/o la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el origen o en el destino.

La letra chica, sin embargo, es determinante. Los beneficios no son permanentes ni automáticos. La pérdida del régimen puede producirse ante determinadas discrepancias consideradas significativas, frente a un incremento relevante de los saldos impositivos a favor del organismo, ante determinadas reducciones de quebrantos o por hechos vinculados con los supuestos contemplados en la legislación penal tributaria.

Por eso uno de los pedidos más fuertes de los contadores fue reducir la incertidumbre sobre qué se considera una inconsistencia suficientemente importante como para dejar fuera del régimen al contribuyente. La discusión apuntó al corazón de la reforma: el Gobierno quiere que ARCA controle, pero al mismo tiempo necesita que quienes hoy mantienen dinero fuera del sistema tengan la percepción de que declarar esos fondos no implica abrir una puerta a una revisión ilimitada de su pasado fiscal.

En paralelo, el Ejecutivo extendió los plazos para facilitar nuevas adhesiones. La prórroga de la presentación de las declaraciones juradas y los cambios que se incorporaron en paralelo a la discusión legislativa buscan dar tiempo para que los contribuyentes conozcan el nuevo esquema y, eventualmente, modifiquen su estrategia fiscal.

La respuesta inicial muestra que existe interés. A mediados de agosto, ARCA había informado que más de 466.000 contribuyentes se habían incorporado al esquema simplificado, mientras que alrededor del 75% había presentado la declaración jurada correspondiente. El número había crecido de manera sostenida desde fines de julio, cuando la agencia contabilizaba algo más de 421.000 adhesiones.

Para el Gobierno, ese universo representa una primera señal de que existe demanda por un sistema tributario más simple. Pero el verdadero desafío está en el siguiente escalón: conseguir que quienes tienen dólares, patrimonio o ingresos informales fuera del sistema decidan formalizar sus ahorros sin que eso implique para ellos un costo fiscal o jurídico que consideren imprevisible.

Allí aparece otro problema: las provincias y los municipios. La Ley de Inocencia Fiscal es de aplicación nacional, pero buena parte de la información patrimonial y tributaria también queda vinculada con tributos provinciales y municipales. Los especialistas advierten que, si las jurisdicciones no acompañan el nuevo esquema, un contribuyente podría declarar sus fondos frente a ARCA y quedar igualmente expuesto a reclamos de otros fiscos.

Ese es uno de los puntos que más preocupa a los tributaristas. La adhesión de las provincias aparece como una condición clave para que la reforma tenga un alcance verdaderamente integral, sobre todo en operaciones patrimoniales importantes. En el caso de Ingresos Brutos, además, existen mecanismos de recaudación y fiscalización que pueden generar cruces automáticos de información entre jurisdicciones.

El Gobierno intenta resolver esa tensión con un cambio de lógica: en lugar de perseguir cada movimiento patrimonial como una posible señal de evasión, busca concentrar los controles en diferencias significativas. La ley, además, apunta a que el salto de patrimonio o de ingresos por sí solo no sea considerado una irregularidad mientras pueda ser explicado por el contribuyente.

La meta final va bastante más allá de simplificar una declaración jurada. El Gobierno estima que fuera del sistema financiero formal existen alrededor de u$s 170.000 millones que podrían potencialmente volver a la economía formal, una magnitud que explica por qué Caputo insiste en convertir la reforma tributaria en una herramienta de remonetización.

Pero para que esa cifra se transforme en depósitos, inversiones, consumo o compra de bienes, el contribuyente tiene que confiar en las reglas. Y allí está el verdadero examen de la “inocencia fiscal”: no solamente cuánto puede declarar, sino cuánto riesgo siente que asume al hacerlo.

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Las sucesivas correcciones muestran que el Gobierno tomó nota de esa dificultad. El proyecto original fue ajustado para ampliar el universo alcanzado, revisar parámetros, redefinir sanciones, extender plazos y aclarar el tratamiento de los dólares provenientes de situaciones anteriores. Incluso el oficialismo abrió la discusión sobre qué ocurrirá con los beneficios para quienes ya presentaron declaraciones y con determinadas situaciones de funcionarios públicos.

El objetivo es ambicioso: convertir en ahorro productivo una parte del dinero que hoy permanece inmovilizado y, al mismo tiempo, reducir la economía informal sobre la que históricamente se apoyó una porción relevante del ahorro argentino. La contradicción es que para conseguir que esos dólares salgan del colchón, primero hay que lograr que sus dueños sientan que entrar al sistema no equivale a entregarles las llaves de su pasado fiscal. La confianza en que las reglas que hoy prometen protección también se mantendrán mañana.