Michel cuestionó el Presupuesto 2027 y denunció una estrategia de “látigo y billetera” sobre las provincias

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel volvió a cargar contra la política fiscal del Gobierno nacional y cuestionó con dureza el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso. A través de una extensa publicación en la red social X, el legislador presentó un informe titulado “El látigo y la billetera”, en el que sostiene que la iniciativa profundiza el ahogo financiero de las provincias mientras concentra recursos en partidas de distribución discrecional.

Según Michel, las jurisdicciones provinciales resultan perjudicadas por una doble vía. Por un lado, la Nación les transfiere responsabilidades vinculadas al transporte, la educación, la infraestructura y la vivienda sin los fondos necesarios para afrontarlas. Por otro, reduce las transferencias no automáticas, lo que limita aún más la capacidad financiera de los gobiernos subnacionales.

“El presupuesto presentado por el Gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignar los recursos y se guarda fondos en una caja para ‘salvar’ a los gobiernos provinciales que la falta de financiamiento someta”, afirmó el legislador.

Uno de los puntos centrales de su análisis es el crecimiento de la denominada “Jurisdicción 91”, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro. Michel destacó que esa partida pasa de $5,6 billones a $14,8 billones y advirtió que dentro de ella figura el programa 99, denominado “Otras Asistencias Financieras”, con recursos por $7,7 billones.

Según el diputado, ese programa carece de metas físicas, no está respaldado por un artículo específico del proyecto y tampoco establece criterios de distribución. Por eso interpretó que esos fondos podrán utilizarse para asistir financieramente a provincias con dificultades presupuestarias, otorgando al Poder Ejecutivo una herramienta de negociación política con los gobernadores.

En materia de transporte, Michel puso el foco en la continuidad de las asimetrías entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. Recordó que el Fondo Compensador para el interior fue eliminado en 2024 y no cuenta con partidas previstas para 2027, pese a que en 2023 había destinado $102.000 millones para sostener unas 14.000 unidades de transporte. En contraste, señaló que el proyecto contempla $762.000 millones para el fideicomiso que subsidia el transporte del AMBA.

También cuestionó la situación de los docentes de las provincias. Remarcó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que en 2023 representó $333.000 millones, continúa sin financiamiento y no figura en el Presupuesto 2027. En cambio, sostuvo que solo permanece el Fondo de Compensación Salarial con una asignación de $14.290 millones, cifra que consideró insuficiente.

El informe también menciona el traspaso de obras y responsabilidades de infraestructura a las provincias y municipios. Entre los ejemplos citados figuran la transferencia de 457 obras públicas, los convenios para que las jurisdicciones provinciales administren rutas nacionales durante veinte años y la disolución o liquidación de organismos y programas como el ENOHSA, Procrear y el Fondo de Vivienda Social. Además, advirtió que la función Vivienda representa apenas el 0,01% del gasto total proyectado.

Michel señaló asimismo que las transferencias de capital a las provincias registran una reducción real del 20% para el próximo ejercicio, lo que, a su juicio, profundiza el desfinanciamiento de los gobiernos locales.

Respecto de la recaudación tributaria, el legislador observó que los impuestos con mayor crecimiento proyectado son el Impuesto a los Combustibles, los derechos de exportación y los derechos de importación. Sin embargo, sostuvo que las provincias reciben una porción limitada de esos recursos debido a que los tributos aduaneros no son coparticipables y solo una parte del gravamen a los combustibles se distribuye entre las jurisdicciones.

En el tramo final de su análisis, Michel insistió en que la expansión de los fondos de libre disponibilidad en manos del Poder Ejecutivo constituye una herramienta de presión política sobre las provincias. “Es la moneda de cambio que el gobierno de La Libertad Avanza se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”, concluyó el diputado entrerriano.