El “nuevo Vaca Muerta” que le podría dar a la Argentina u$s 20.000 millones al año: solo competiría con Brasil y EE.UU.

La discusión legislativa por una nueva ley de biocombustibles, que finalmente obtuvo media sanción del Senado el jueves, volvió a poner en foco un debate que combina energía, agro y exportaciones. De acuerdo con Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Argentina tiene un potencial en el sector la que equiparó con Vaca Muerta e incluso lo llamó “Vaca viva”.

Según precisó en diálogo con Pulso Financiero, por El Cronista Stream, el país tiene una capacidad instalada de 3,9 millones de toneladas de biodiésel, frente a un consumo interno de apenas 800.000. En ese sentido, explicó los alcances del proyecto que el oficialismo impulsa en el Senado y qué cambiaría si se aprueba.

Los números del biocombustible en la Argentina

Según detalló Idígoras, la Argentina tiene una capacidad instalada de 3,9 millones de toneladas de biodiésel. Sin embargo, el consumo interno es de apenas 800.000 toneladas, lo que permitiría multiplicar por cuatro el abastecimiento local sin nuevas inversiones.

Según precisó, el país llegó a ser el primer exportador mundial de biodiésel hasta que Estados Unidos restringió el ingreso de producto extranjero bajo la consigna “biodiésel para los americanos, hecho por los americanos”. Hoy el principal mercado externo es Europa, con una cuota de 1,2 millones de toneladas que representa entre u$s 1500 y u$s 1600 millones anuales. A eso, se suma un mercado interno valuado en unos 800 millones de dólares, que con la nueva ley y un corte del 10% podría ascender a 1200 millones.

“Hoy de los costos fijos de la agricultura, el 50% o 60% está dado por el gasoil. Podés tener plantas de biodiésel en cualquier parte de la Argentina, podés autogenerarlo también, podés abastecerte de una manera mucho más virtuosa, porque es muy competitivo el precio”, expresó al ejemplificar con el mercado agropecuario.

En la misma línea, se refirió a la aviación como próximo mercado que podría ser la oportunidad clave del país. “Creo que Argentina no solamente va a tener una respuesta para su consumidor, sino también para el mercado internacional, porque se vienen años de transformación mundial. Es el combustible de aviación civil que tiene que usar biocombustible”, detalló Idígoras. “Es decir, los aviones, a partir del año que viene, van a tener que cargar un 1% de aceite vegetales, pero a partir del 2050 va a ser del 30%”, agregó.

Ese porcentaje implica que los aceites vegetales tienen que crecer 17 veces para abastecer el 100% de las necesidades de biocombustibles. “Solo Estados Unidos, Brasil y Argentina podrían hacer eso. Estamos hablando de una nueva “Vaca Viva”, si querés, en términos de generación de empleo, inversión, exportación, nos da más de u$s 20.000 millones por año incrementales, pero para eso necesitamos una ley local que permita esto», expresó.

Corte obligatorio y soberanía energética: qué dice el proyecto de ley

El proyecto establece la obligatoriedad de mezclar combustibles fósiles con biocombustibles: un porcentaje de maíz o caña de azúcar en las naftas, y un porcentaje de aceite vegetal —soja, palma o colza— en el gasoil. Según Idígoras, la medida responde a dos razones centrales.

La primera es ambiental: el uso de biocombustibles reduce en un 70% las emisiones respecto del petróleo. La segunda, es geopolítica, vinculada a lo que definió como “soberanía energética” en un contexto de suba sostenida en el precio internacional del gasoil, agravada por la ausencia de combustible ruso en el mercado.

En ese escenario, fue crítico de la normativa vigente, a la que calificó como la única en el mundo que regula “mes a mes quién puede producir, a qué precio, en qué volumen y a quién debe vendérselo cada empresa”.

Para el dirigente, ese esquema cuotifica el mercado y convierte al secretario de Energía de turno en el actor central de un negocio que debería regirse por oferta y demanda. El proyecto que impulsa el Gobierno busca modificar ese esquema y, según explicó, cuenta con respaldo de legisladores de distintos bloques.

Las disputas por el proyecto de ley

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas acordaron elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

Sin embargo, las diferencias principales siguen alrededor de la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado. Las Pymes reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.