El senador colorado disidente Mario Varela expresó su preocupación ante los rumores sobre un eventual juicio político contra tres ministros de la Corte Suprema de Justicia y advirtió que una iniciativa de ese tipo podría abrir una crisis institucional de consecuencias difíciles de controlar. Al mismo tiempo, pidió a los ministros del máximo tribunal mantener una posición de unidad y defender la independencia del Poder Judicial.

Varela sostuvo que, aunque no existe hasta el momento una propuesta formal, en ámbitos del Congreso y del Poder Judicial circulan versiones sobre un posible intento de remover a los ministros Víctor Ríos Ojeda, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans, a quienes ABC identifica como integrantes de un sector no alineado con el oficialismo de Honor Colorado. El senador señaló que se trata de un asunto especialmente delicado para la institucionalidad paraguaya y que no debería instalarse en la agenda política sin fundamentos concretos.

“No creo en las brujas, pero de que las hay, las hay”, expresó Varela al referirse a los rumores. Según su explicación, se estaría utilizando la posibilidad de un eventual juicio político como una suerte de “termómetro” para medir el ambiente político antes de avanzar con una iniciativa que podría modificar la composición de la máxima instancia judicial.

El senador remarcó que, por ahora, no observa una causal concreta que permita justificar un juicio político contra los tres ministros. Recordó que las diferencias con determinadas decisiones judiciales, por sí solas, no constituyen un argumento suficiente para promover la destitución de integrantes de la Corte.

“No porque exista algún tipo de percepción o porque yo no tenga el ministro que me gusta, o porque haya fallos que a mí o a mi sector no nos agradan, tenga que plantear un juicio político por eso”, manifestó Varela, según ABC Color.

¿Qué establece la Constitución sobre la destitución de ministros de la Corte?

El debate tiene un marco constitucional preciso. El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que los ministros de la Corte Suprema pueden ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes.

El procedimiento requiere que la Cámara de Diputados formule la acusación con una mayoría de dos tercios. Posteriormente, corresponde a la Cámara de Senadores realizar el juicio público y, eventualmente, declarar la culpabilidad también con una mayoría de dos tercios, con el efecto de separar al acusado de su cargo.

Por tanto, un eventual proceso contra los ministros señalados no podría concretarse simplemente mediante una decisión política de una bancada. Tendría que atravesar las etapas y mayorías establecidas por la Constitución.

Los tres ministros señalados

Los nombres mencionados en las versiones políticas son Víctor Ríos Ojeda, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans. Los tres forman parte actualmente de la Corte Suprema y han integrado, además, espacios relevantes dentro de la estructura judicial.

Los tres también coincidieron en junio de 2026 al votar a favor de una acción de inconstitucionalidad relacionada con la pérdida de investidura de la entonces senadora Kattya González. Sus votos sostuvieron, entre otros argumentos, que se habían vulnerado garantías vinculadas con el debido proceso y el derecho a la defensa.

Ese antecedente es relevante para comprender por qué determinadas decisiones de estos ministros han generado fuertes debates políticos. Sin embargo, un desacuerdo con una sentencia o con la interpretación jurídica adoptada por un ministro no equivale por sí mismo a una causal constitucional de juicio político; la Constitución establece causales específicas para este procedimiento.

La composición actual de la Corte también explica la tensión

La actual configuración del máximo tribunal fue definida en febrero de 2026, cuando Alberto Martínez Simón fue elegido presidente de la Corte Suprema para el período 2026–2027. Gustavo Santander Dans quedó como vicepresidente segundo, mientras Manuel Ramírez Candia continuó como representante de la Corte ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

En esa elección, Martínez Simón obtuvo el respaldo de César Diesel Junghanns, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo. Santander Dans contó con el respaldo de Ramírez Candia y Víctor Ríos. La votación mostró entonces la existencia de diferentes posiciones dentro del máximo tribunal.

Más recientemente, los tres ministros mencionados continúan desarrollando sus funciones. En agosto, por ejemplo, participaron de actividades institucionales de la Corte junto con otros integrantes del máximo tribunal.

Varela pide a los ministros no permanecer indiferentes

Uno de los aspectos centrales de las declaraciones de Varela fue su llamado a los integrantes de la Corte que actualmente no estarían incluidos en los rumores de remoción.

El senador utilizó la expresión “no fagocitarse” para pedirles que no permanezcan indiferentes ante una eventual ofensiva contra otros integrantes del tribunal. Su argumento es que una sustitución inicial de algunos ministros podría generar posteriormente nuevas disputas por el control del máximo tribunal.

Varela planteó que los ministros deberían defender la independencia judicial y actuar solidariamente cuando no exista una causa constitucional suficientemente fundada para una destitución.

La expresión utilizada por el senador tiene un sentido metafórico: la fagocitosis es el proceso mediante el cual una célula incorpora y absorbe partículas o incluso otras células. En el contexto político utilizado por Varela, la comparación apunta al riesgo de que una parte termine absorbiendo progresivamente al resto.

La advertencia de una “Caja de Pandora”

Varela también utilizó una segunda metáfora para describir las posibles consecuencias de avanzar con una eventual remoción de ministros: “abrir la Caja de Pandora”.

Con esta expresión quiso advertir que iniciar un proceso de esta naturaleza podría desencadenar una dinámica política difícil de controlar. Según el senador, la situación sería particularmente delicada porque el país atraviesa simultáneamente conflictos en otras áreas, entre ellas una crisis en el sistema sanitario y una huelga de médicos.

Su posición, según declaró, es contraria a utilizar un eventual juicio político como una herramienta de “cacería política” contra integrantes del Poder Judicial. Al mismo tiempo, insistió en que cualquier proceso contra un ministro debería estar respaldado por hechos y causales establecidos constitucionalmente.

El antecedente de la reunión con Peña

Las declaraciones también reactivan el debate sobre una reunión realizada a finales de 2025 entre el presidente Santiago Peña y seis de los nueve ministros de la Corte Suprema en Mburuvicha Róga. ABC Color informó entonces que el encuentro había generado cuestionamientos y especulaciones sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal.

Según la información publicada ahora por ABC, Varela relacionó los actuales rumores con aquel episodio, aunque aclaró que no existe actualmente una propuesta formal de juicio político contra los tres ministros mencionados.

La diferencia entre una versión política y un procedimiento institucional formal resulta fundamental: hasta el momento, lo que existe públicamente es la advertencia del senador sobre rumores que circulan en ámbitos políticos, no una acusación presentada ante la Cámara de Diputados.

Un debate que pone nuevamente en el centro la independencia judicial

El episodio coloca nuevamente bajo discusión el equilibrio entre los poderes del Estado paraguayo. La Constitución establece mecanismos específicos para controlar la actuación de los ministros de la Corte, pero también exige causales y mayorías calificadas para su separación.

Por ahora, no existe una acusación formal anunciada en la Cámara de Diputados contra Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia o Gustavo Santander Dans, de acuerdo con la información disponible en la publicación de ABC Color consultada para esta noticia. Lo que sí existe es una advertencia pública de Mario Varela sobre versiones que, según afirmó, circulan en sectores del Legislativo y del Poder Judicial.

El escenario podría evolucionar en los próximos días si las versiones se convierten en una iniciativa formal. Hasta entonces, el centro del debate permanece en una cuestión institucional: si las diferencias políticas o jurídicas con determinados ministros pueden transformarse en un proceso de juicio político y, en ese caso, si existirían las causales constitucionales y las mayorías necesarias para llevarlo adelante.

Foto: ABC Color