Una organización criminal quedó bajo investigación por una serie de amenazas y ataques violentos contra comerciantes chinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una trama que habría utilizado disparos, incendios y artefactos explosivos para presionar a sus víctimas. La investigación apunta a una estructura vinculada con la denominada “Mafia Pixiu”, una organización que durante años fue asociada a extorsiones contra supermercados y otros comercios de la comunidad china en Argentina. El caso vuelve a poner bajo la lupa una modalidad criminal que combina intimidación, violencia armada y presión económica para controlar negocios.
La investigación más reciente comenzó a partir de un ataque contra un comerciante chino propietario de un supermercado en Caseros, partido de Tres de Febrero. El hombre recibió un disparo y, de acuerdo con los investigadores, el episodio no habría sido un hecho aislado, sino parte de una maniobra destinada a obligarlo a desprenderse de su negocio por un precio muy inferior a su valor real.
A partir del análisis de cámaras de seguridad, seguimientos y testimonios, los investigadores reconstruyeron una estructura en la que tres ciudadanos chinos habrían cumplido distintos roles dentro de la organización, mientras que un ciudadano argentino es señalado como presunto autor material del ataque armado. Cuatro personas fueron detenidas durante allanamientos realizados en San Martín, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires.
Los procedimientos permitieron secuestrar pistolas Glock, Taurus, Bersa y Beretta, dos escopetas, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, prendas de vestir y dos vehículos que quedaron incorporados a la investigación. Los elementos encontrados serán analizados para establecer si fueron utilizados en otros episodios atribuidos a la organización.
La modalidad investigada tiene un objetivo concreto: amedrentar al comerciante hasta quebrar su resistencia. En el caso de Caseros, la hipótesis policial sostiene que los integrantes de la banda querían quedarse con el supermercado y que, ante la negativa del propietario, comenzaron las amenazas y posteriormente se produjo el ataque a tiros.
La violencia utilizada por estas organizaciones no se limita a las armas de fuego. Investigaciones anteriores sobre redes dedicadas a extorsionar comerciantes chinos en el AMBA registraron amenazas, daños contra locales, incendios y utilización de artefactos destinados a generar pánico. Una investigación de 2025, por ejemplo, permitió detener a dos sospechosos acusados de arrojar una granada de humo dentro de un comercio de propietarios chinos en Balvanera.
El antecedente permite comprender por qué los investigadores consideran que la intimidación pública forma parte del mecanismo de extorsión. No necesariamente se busca provocar víctimas mortales en cada ataque, sino demostrar que la organización tiene capacidad para localizar a sus objetivos y cumplir las amenazas.
La denominada Mafia Pixiu tiene además antecedentes importantes en Argentina. En 2016, una investigación de gran magnitud terminó con 40 detenidos y 32 allanamientos, en una causa en la que se investigaban extorsiones y otros delitos contra comerciantes chinos. En aquella operación se secuestraron armas, vehículos, dinero y elementos utilizados para identificar comercios que supuestamente estaban bajo protección de la organización.
La estructura criminal había desarrollado entonces un sistema basado en el cobro de dinero a cambio de protección. Los comerciantes que aceptaban pagar podían evitar determinadas represalias, mientras que quienes se negaban quedaban expuestos a amenazas y ataques.
La investigación actual presenta una diferencia significativa: el objetivo no sería únicamente cobrar una cuota de protección, sino también presionar a propietarios para quedarse con sus negocios. Esa modalidad transforma la extorsión en una herramienta para apropiarse de activos comerciales y ampliar el control económico de la organización.
La Policía deberá determinar ahora si los cuatro detenidos forman parte de una estructura más amplia y si existen otros integrantes que continúan prófugos. También se busca establecer si los sospechosos participaron en ataques registrados en otros puntos del conurbano bonaerense.
El análisis de los teléfonos celulares incautados puede resultar especialmente importante. Las comunicaciones, mensajes, fotografías, ubicaciones y contactos podrían permitir reconstruir quién daba las órdenes, quién seleccionaba a las víctimas y quién ejecutaba los ataques.
Las cámaras de seguridad cumplen una función similar. En este tipo de investigaciones permiten identificar vehículos utilizados durante los ataques, recorridos previos y posteriores, cambios de ropa y movimientos de los sospechosos.
El fenómeno no es nuevo. Las investigaciones judiciales realizadas durante las últimas dos décadas muestran que distintas organizaciones criminales vinculadas con la comunidad china utilizaron el conocimiento del funcionamiento de los comercios para seleccionar víctimas y establecer mecanismos de presión. Una investigación publicada por LA NACION documentó decenas de expedientes relacionados con amenazas y extorsiones a supermercados chinos en distintos municipios del conurbano.
La elección de los supermercados como objetivo tiene una explicación económica. Se trata de comercios que manejan diariamente dinero en efectivo y poseen una presencia territorial importante en barrios del AMBA. Además, sus propietarios pueden convertirse en objetivos particularmente vulnerables cuando los delincuentes conocen sus movimientos, familiares y actividades comerciales.
Las investigaciones también han detectado que algunas organizaciones intentan construir estructuras aparentemente legales para ocultar sus actividades criminales, utilizando asociaciones comerciales o empresas como mecanismos de cobertura y acceso a información sobre posibles víctimas.
Otro elemento relevante es que estas redes no necesariamente están integradas exclusivamente por ciudadanos chinos. En diferentes investigaciones aparecen argentinos y personas de otras nacionalidades contratadas para ejecutar ataques, transportar armas o realizar tareas de vigilancia. En el operativo más reciente, precisamente, uno de los cuatro detenidos es argentino.
Eso demuestra que el fenómeno debe analizarse como crimen organizado transnacional y no como una cuestión relacionada con una comunidad nacional en su conjunto. La enorme mayoría de los comerciantes chinos que trabajan en Argentina son víctimas potenciales de estas organizaciones, no integrantes de ellas.
De hecho, investigaciones anteriores muestran que las propias víctimas muchas veces tienen dificultades para denunciar. El temor a represalias contra familiares, empleados o negocios puede llevar a algunos comerciantes a mantener silencio, especialmente cuando reciben amenazas reiteradas.
Ese silencio constituye una de las principales dificultades para las fuerzas de seguridad. Si una víctima no denuncia el primer episodio, la organización puede aumentar progresivamente la presión hasta convertir el comercio en una fuente permanente de dinero o intentar directamente apropiarse de él.
Por eso, la investigación de Caseros puede adquirir mayor importancia si permite conectar el ataque con otros episodios que hasta ahora aparecían como hechos aislados.
Los investigadores deberán comparar armas, vehículos, teléfonos, imágenes de cámaras y métodos utilizados en distintos ataques. Una coincidencia entre esos elementos podría demostrar que detrás de varios episodios existe una misma estructura criminal.
También será necesario determinar si la organización mantiene vínculos con otras facciones dedicadas a extorsionar comerciantes. La historia de las llamadas mafias chinas en Argentina muestra que las estructuras pueden fragmentarse, cambiar de integrantes y adoptar nuevos nombres mientras mantienen mecanismos similares de funcionamiento.
La denominada Pixiu, en particular, aparece desde hace años en expedientes judiciales vinculados con extorsiones. En investigaciones anteriores se documentaron exigencias de decenas de miles de dólares a comerciantes a cambio de supuesta protección.
La violencia cumple en ese esquema una función económica. El objetivo final de los ataques no es necesariamente el ataque en sí mismo, sino conseguir que la víctima pague, abandone el negocio o acepte venderlo en condiciones desfavorables.
Ese mecanismo explica la gravedad del caso investigado actualmente. Si se confirma que el ataque a tiros contra el comerciante de Caseros fue ejecutado para obligarlo a vender su supermercado, la causa podría revelar una estrategia criminal destinada a utilizar la violencia para intervenir directamente en el mercado de comercios de la comunidad china.
Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y deberán enfrentar las acusaciones mientras continúa la investigación. La causa está a cargo de la UFI N.º 8 de San Martín, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 1.
Por ahora, la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad individual de cada sospechoso. La existencia de armas o teléfonos vinculados con los hechos constituye evidencia relevante, pero será necesario establecer judicialmente qué participación tuvo cada detenido.
También se deberá determinar si hubo más víctimas y si los ataques registrados anteriormente —incluidos incendios y agresiones con artefactos— están relacionados con la misma organización.
La investigación vuelve a exponer una modalidad de crimen organizado que utiliza el miedo como herramienta comercial. Detrás de los disparos, los incendios y las amenazas existe una disputa por dinero y control de negocios que puede prolongarse durante meses hasta conseguir que una víctima ceda.
El desafío para las autoridades será ahora determinar hasta dónde llega esta estructura, cuántos comercios fueron afectados y quiénes se encuentran detrás de las decisiones.
El caso de Caseros puede convertirse así en una pieza clave para comprender cómo operan actualmente las redes de extorsión contra comerciantes chinos en el AMBA. La identificación de cuatro sospechosos, el secuestro de un arsenal y la reconstrucción de los ataques permiten avanzar sobre una organización que, según la hipótesis investigativa, utilizaba la violencia para controlar negocios. La Justicia deberá determinar ahora si los detenidos forman parte de la denominada Mafia Pixiu y si pueden ser vinculados con otros episodios similares ocurridos en el conurbano bonaerense.
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