
Ubicado en el corazón de Sudamérica y atravesado por algunos de los corredores comerciales y fluviales más importantes del continente, Paraguay enfrenta desafíos de seguridad derivados de su posición estratégica y de la creciente sofisticación del crimen organizado transnacional. En respuesta, el país ha impulsado reformas institucionales, modernizado sus capacidades de seguridad y fortalecido la cooperación con sus socios regionales e internacionales.
En entrevista exclusiva con Diálogo, el ministro del Interior, Enrique Riera, explica cómo Paraguay busca consolidar una arquitectura de seguridad capaz de enfrentar estas amenazas, fortalecer sus instituciones y ampliar la cooperación para proteger la estabilidad regional.
Diálogo: Paraguay figura como uno de los países más seguros de Latinoamérica, con una de las tasas de homicidio más bajas de la región. Sin embargo, también vemos que hoy enfrenta amenazas cada vez más complejas vinculadas al crimen organizado transnacional, al narcotráfico y al contrabando. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja y cuáles considera usted que son los principales desafíos para preservar la seguridad del país?
Enrique Riera, ministro del Interior de Paraguay: Paraguay es un país relativamente joven en términos de estabilidad democrática. En más de 500 años de historia, estos últimos 35 años han sido los primeros de estabilidad política sostenida y de transmisión pacífica del poder, lo que nos ha permitido hacer avances y retrocesos, pero en libertad. Dicho esto, debo reconocer que la seguridad durante mucho tiempo no ocupó un lugar prioritario en la agenda nacional. A ello se sumó la pandemia, que debilitó aún más los controles.
Las organizaciones criminales aprovecharon esas debilidades institucionales y Paraguay terminó convirtiéndose en un país de tránsito para el narcotráfico. En el Chaco, la región occidental, llegaron a operar cerca de 1000 pistas clandestinas desde donde la droga era trasladada al área metropolitana de Asunción para ocultarla en contenedores de exportación, camuflada entre muebles, instrumentos musicales, soja, arroz o carne.
Al mismo tiempo surgieron amenazas antes poco frecuentes, como los sicariatos y la expansión de organizaciones criminales brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que extendieron su influencia en las zonas fronterizas y dentro del sistema penitenciario.
El impacto fue mucho más allá del narcotráfico. Hoy tenemos alrededor de 90 000 jóvenes menores de 25 años con problemas de consumo de drogas y estimamos que cerca del 80 por ciento de los delitos están relacionados con esa realidad. Por eso nuestra estrategia está enfocada tanto en combatir el tráfico como reducir el consumo y la distribución de drogas.
A pesar de estos desafíos, Paraguay sigue siendo uno de los países más seguros de la región. La diferencia es que hoy el Estado ha recuperado el control. Hemos incorporado radares, aeronaves, escáneres, perros detectores y nuevos sistemas de vigilancia que han fortalecido nuestra capacidad de inspección. Como resultado, la cocaína que antes era detectada en Europa ahora está siendo incautada dentro de Paraguay. El narcotráfico ya no encuentra aquí el corredor libre que tuvo durante muchos años.
Diálogo: Dentro de la nueva arquitectura de seguridad que Paraguay ha venido construyendo en los últimos años, uno de los avances más visibles ha sido el fortalecimiento de la Policía Nacional mediante la incorporación de nuevo personal, la modernización de equipos y la ampliación de los sistemas de vigilancia y patrullaje. ¿Cómo han contribuido estas inversiones a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado transnacional y cuáles son las principales capacidades que Paraguay aún necesita desarrollar?
Riera: Lo primero que hay que entender es que la Policía, por sí sola, no es suficiente. La seguridad requiere instituciones fuertes, coordinación entre el Estado y una fuerza policial con capacidad operativa real. Eso significa mejores comunicaciones, movilidad, tecnología y profesionalización.
Nuestra apuesta ha estado dirigida a invertir en estas capacidades. Impulsamos una profunda reforma policial mediante una ley que destina cerca de USD 100 millones en beneficios sociales para los policías e incorpora el polígrafo como requisito para ascender. El mensaje es claro, quien actúa con integridad tiene estabilidad y oportunidades y quien se aparta de la ley pierde esos beneficios.
Al mismo tiempo, casi duplicamos la capacidad operativa de la Policía Nacional, pasando de aproximadamente 24 000 a cerca de 39 000 efectivos. Además, invertimos en equipamiento. Incorporamos 600 camionetas, 1000 motocicletas de alta cilindrada, 2800 radios, 8000 chalecos antibalas y nuevos sistemas de comunicación y geolocalización que permiten supervisar las operaciones en tiempo real desde los centros de control.
Asimismo, desarrollamos capacidades inéditas para el país. Incorporamos las primeras tobilleras electrónicas y, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), modernizamos el sistema nacional de emergencias 9-1-1 mediante inteligencia artificial para mejorar la capacidad de respuesta.
Sin embargo, todavía nos quedan desafíos importantes que enfrentar. La Policía detiene entre 80 y 100 personas por día, pero solo cerca del 25 por ciento termina siendo procesado. Esto demuestra que la Fiscalía y el Poder Judicial deben avanzar al mismo ritmo que la Policía y que también es necesario fortalecer las políticas de reinserción social. Con ese objetivo impulsamos la Mesa por la Justicia, un mecanismo de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia.
Entendimos además que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a la acción policial. Uno de los principales desafíos sigue siendo el consumo de drogas, por lo que lanzamos el Plan Sumar, una estrategia basada en tres ejes: prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas consumidoras, a lo que se suma la constante lucha contra el tráfico de drogas. El plan integra al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas y otras instituciones bajo la única premisa de que enfrentar el crimen organizado requiere una respuesta coordinada de todo el Estado.
Diálogo: Diversos informes han señalado que uno de los mayores desafíos de seguridad en Paraguay ha sido el control del sistema penitenciario. ¿Qué medidas ha implementado el Estado para fortalecer la seguridad y la gobernanza del sistema penitenciario y qué nivel de amenaza representan las organizaciones transnacionales para la seguridad nacional y regional?
Riera: Recuperar el control de las cárceles era indispensable para recuperar el control del Estado. El presidente de la República me encomendó intervenir la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, una cárcel con más de 70 años de antigüedad que albergaba el doble de la población para la que había sido diseñada.
Cuando ingresamos encontramos un establecimiento que, en la práctica, ya no estaba bajo control del Estado. La autoridad solo llegaba hasta el segundo de los siete anillos de seguridad, el resto estaba controlado por las organizaciones criminales. Los internos no escapaban porque no lo necesitaban. Tenían electricidad, agua, teléfonos, televisores, combustible, armas e incluso espacios donde funcionaban negocios completamente al margen de la autoridad penitenciaria.
Esa estructura también había contaminado a las instituciones. El dinero del narcotráfico permitió corromper funcionarios y debilitar la capacidad del Estado para ejercer autoridad dentro de la cárcel. Recuperar Tacumbú significaba mucho más que intervenir una prisión, significaba restablecer la autoridad del Estado.
La intervención, conocida como la Operación Veneratio, marcó un punto de inflexión y hoy incluso ha sido estudiada por otros países de la región. Recuperamos la gobernanza del principal centro penitenciario del país e iniciamos una transformación integral del sistema.
Uno de los mayores desafíos era la presencia de integrantes del PCC que utilizaban documentación paraguaya falsa. En coordinación con Brasil realizamos procesos de identificación biométrica, cruzamos información con las autoridades brasileñas y expulsamos a más de 150 integrantes de esa organización, muchos de ellos con condenas pendientes de entre 30 y 40 años en Brasil.
Hoy puedo decir que hemos recuperado el control efectivo de las cárceles, hemos debilitado la influencia de las organizaciones criminales transnacionales y hemos fortalecido la seguridad del país.
Diálogo: El control del espacio aéreo se ha convertido en un componente cada vez más importante de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Tras la adquisición de radares de alta tecnología mediante el programa Ventas Militares al Extranjero (FMS) de Estados Unidos, ¿cómo fortalecen estas capacidades la detección y el combate de las redes de narcotráfico que utilizan vuelos clandestinos y qué impacto se espera que tengan para la seguridad regional?
Riera: La relación con Estados Unidos es histórica y hoy atraviesa uno de sus mejores momentos. Compartimos una visión estratégica sobre la estabilidad regional y la lucha contra el crimen organizado, partiendo de una premisa tan simple como que sin seguridad no hay inversión, desarrollo, comercio ni crecimiento. Por eso hemos convertido la seguridad en una prioridad nacional.
Esa misma visión y cooperación hoy se traduce en proyectos concretos como la incorporación de nuevos radares mediante el programa FMS, que reforzarán significativamente el control del espacio aéreo paraguayo.
Estos sistemas complementan el fortalecimiento que también hemos impulsado en la hidrovía y en las fronteras terrestres. Nuestro objetivo es construir una arquitectura de seguridad integrada, donde la información generada por los radares, las patrullas fluviales, las fuerzas terrestres y los sistemas de inteligencia pueda compartirse en tiempo real para anticipar los movimientos del crimen organizado, en lugar de reaccionar cuando el delito ya se ha cometido.
Ese es el cambio de paradigma. La tecnología ha dejado de ser un complemento para convertirse en uno de los principales multiplicadores de nuestras capacidades operativas.
Diálogo: Como usted menciona, los desafíos de seguridad hoy van más allá del control del espacio aéreo y se extienden también al ámbito fluvial. La Hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor estratégico para el comercio regional, pero también una ruta utilizada por organizaciones criminales para el tráfico de drogas, armas y otras mercancías ilícitas. ¿Cuál es la situación actual de seguridad en esta vía fluvial y qué papel ha desempeñado la cooperación con Estados Unidos en el fortalecimiento de las capacidades de Paraguay para controlar este corredor y combatir al crimen organizado transnacional?
Riera: Nuestra ubicación geográfica nos convirtió históricamente en un punto estratégico para el comercio regional. Durante muchos años hemos servido como punto de triangulación, por donde ingresan mercancías desde un país, atraviesan nuestro territorio y salen hacia otro mercado. El problema es que, cuando esos corredores funcionan con escasa presencia del Estado, no solo circula el comercio legal; también pasan drogas, armas, combustibles, minerales y todo tipo de mercancías ilícitas.
La Hidrovía Paraguay-Paraná, por donde sale cerca del 80 por ciento del comercio exterior paraguayo, se convirtió en uno de los principales corredores utilizados por el crimen organizado.
Esa realidad quedó en evidencia con la Operación Dakov, realizada en diciembre de 2023, que desmanteló la mayor red de tráfico ilegal de armas detectada hasta entonces en América Latina. Las armas ingresaban legalmente a Paraguay mediante empresas de fachada y luego eran enviadas clandestinamente a Brasil, donde terminaban en manos del PCC y el Comando Vermelho.
Frente a este desafío decidimos fortalecer el control fluvial, y la cooperación con Estados Unidos ha sido fundamental para alcanzar nuestros objetivos.
A través del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas recientemente recibimos ocho lanchas interceptoras y se inauguró un moderno centro unificado de mando y control que permite monitorear las operaciones en tiempo real mediante sistemas de vigilancia instalados en las propias embarcaciones.
Como resultado, la capacidad operativa de la Prefectura Naval se ha transformado. Hoy podemos detectar, interceptar y coordinar operaciones de una manera que antes simplemente no era posible. Además, este programa continuará con la incorporación de 10 lanchas adicionales, junto con nuevos programas de capacitación e intercambio permanente de información.
El tráfico por los ríos deja muy pocas huellas y solo puede combatirse mediante vigilancia permanente, inteligencia y una estrecha coordinación entre la Armada, la Policía y las demás instituciones del Estado. Gracias a ese trabajo hemos recuperado el control de los corredores fluviales, reducido significativamente las actividades ilícitas y favorecido la formalización del comercio, reflejada en un mayor movimiento de mercancías legales y un incremento de la recaudación tributaria.
Diálogo: Paraguay comparte extensas fronteras con países que enfrentan desafíos similares relacionados con el narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas transnacionales. ¿Cómo evalúa la cooperación actual con socios regionales como Brasil, Argentina y Bolivia en materia de intercambio de inteligencia, coordinación operativa y seguridad fronteriza, y qué importancia tiene esta colaboración para la seguridad de Paraguay y de la región?
Riera: Contamos con un modelo que ha demostrado ser extraordinariamente exitoso. El Comando Tripartito es una unidad permanente instalada en la Triple Frontera e integrada por las fuerzas policiales de Paraguay, Brasil y Argentina. Allí compartimos inteligencia, coordinamos operaciones y trabajamos conjuntamente todos los días. Es, probablemente, uno de los mejores ejemplos de cooperación regional que tenemos.
Este mecanismo lleva más de tres décadas funcionando y ha permitido localizar y expulsar rápidamente a criminales buscados por la justicia de los tres países, además de fortalecer la respuesta frente al crimen organizado sin necesidad de largos procesos burocráticos, salvo en los casos que requieren extradición.
A partir de ese modelo impulsamos también comandos bipartitos en distintos puntos de la frontera con Brasil. Ya operan en Salto del Guairá-Guaíra y Pedro Juan Caballero-Ponta Porã, y próximamente incorporaremos otro entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, donde conectará el nuevo Corredor Bioceánico.
Ese corredor representa una enorme oportunidad económica, pero también un desafío para la seguridad. Unirá Brasil con los puertos del Pacífico atravesando Paraguay y Argentina, movilizando miles de camiones cada día. Nuestro objetivo es facilitar el comercio legal sin convertirlo en una nueva ruta para el narcotráfico, el tráfico de armas o la trata de personas.
Para ello desarrollamos un modelo de control integrado con puestos fronterizos de ventanilla única, reconocimiento facial, lectores de placas, drones y escáneres de última generación.
La cooperación regional, el intercambio de inteligencia y la incorporación de nuevas tecnologías son esenciales para enfrentar organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras.
Diálogo: El crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica ha dejado de ser únicamente un desafío de seguridad para convertirse también en una amenaza para las instituciones del Estado, el desarrollo económico y la estabilidad democrática. ¿Cómo evalúa hoy ese riesgo en Paraguay y qué considera prioritario para fortalecer la resiliencia institucional frente a esta amenaza?
Riera: Es una pregunta muy importante hoy en día, pues estoy convencido de que el crimen organizado representa hoy la mayor amenaza para nuestras democracias. Ya no hablamos únicamente de violencia o narcotráfico. El verdadero objetivo de estas organizaciones es infiltrarse en las instituciones, capturar espacios de poder y poner al Estado al servicio de sus intereses.
Paraguay no ha sido ajeno a ese riesgo. Hemos tenido cinco diputados detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, además de investigaciones que alcanzaron al Senado, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Eso demuestra que ninguna institución está completamente protegida frente a esta amenaza.
El mayor peligro aparece cuando el crimen organizado comienza a financiar la política. Si un funcionario electo termina respondiendo a quienes financiaron su campaña y no a los ciudadanos que lo eligieron, la democracia empieza a distorsionarse. Se gobierna para proteger intereses criminales y no el interés público. Esa es, para mí, la amenaza más profunda que enfrentamos.
Hoy diría que Paraguay se está defendiendo razonablemente bien, aunque todavía existen espacios más vulnerables, especialmente en el ámbito local. Las autoridades municipales y algunos gobiernos regionales suelen enfrentar una presión mucho mayor de las organizaciones criminales, sobre todo en aquellas zonas donde las economías ilícitas tienen una presencia más fuerte. Ahí todavía tenemos una batalla muy importante por delante.
Frente a ello adoptamos una política de cero impunidad. Fortalecimos la legislación contra el lavado de dinero con el apoyo de Estados Unidos, lo que permitió a Paraguay salir de la lista gris de GAFILAT [Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica]. También elevamos la Dirección de Asuntos Internos al más alto nivel dentro de la Policía Nacional para reforzar los controles internos.
Los resultados comienzan a reflejarse: más de 400 policías fueron separados de la institución y más de 1000 permanecen sometidos a procesos disciplinarios. Al mismo tiempo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso fortalecieron sus propios mecanismos de control.
Al final, la mejor defensa frente al crimen organizado sigue siendo la fortaleza de las instituciones. Nuestra responsabilidad es cerrar los espacios de impunidad y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Diálogo: Para concluir, ¿cómo definiría el posicionamiento estratégico de Paraguay y qué papel desempeña hoy el país dentro de la seguridad regional?
Riera: Paraguay está en el corazón de Sudamérica y esa ubicación, que durante muchos años fue vista como una desventaja, hoy constituye uno de nuestros principales activos estratégicos. Somos un punto de conexión para la región y eso nos da un valor especial desde la perspectiva de la seguridad, la cooperación y la inversión.
Esa posición está respaldada por la estabilidad del país. Llevamos tres décadas creciendo por encima del promedio regional, la pobreza extrema se redujo a alrededor del 2,3 por ciento, mantenemos una inflación controlada y una de las deudas públicas más bajas de la región. Esa combinación de estabilidad política, económica y seguridad jurídica ha fortalecido la imagen internacional de Paraguay.
Con Estados Unidos, queda claro que compartimos una visión estratégica de la seguridad muy definida. Y esa afinidad se traduce en una cooperación permanente con agencias como la DEA, el FBI y la CIA, en programas de capacitación y en el fortalecimiento de nuestras capacidades para enfrentar amenazas transnacionales.
También estamos evaluando la creación de un centro antiterrorista en Paraguay, considerando la importancia estratégica de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, una zona que durante muchos años estuvo expuesta al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
Paraguay mantiene además sólidas relaciones con Jerusalén y Taipéi, alianzas que fortalecen nuestro posicionamiento internacional. En ese marco impulsamos, junto con Taiwán, la creación de un centro de inteligencia artificial y buscamos aprovechar otra ventaja competitiva del país: la disponibilidad de energía limpia proveniente de Itaipú para atraer inversiones vinculadas a la economía digital y las nuevas tecnologías.
En definitiva, nuestro objetivo es claro, Paraguay deja de ser visto como un país de tránsito o como un punto vulnerable y es reconocido como un aliado confiable para la seguridad regional. Hoy entendemos que ningún país puede enfrentar solo al crimen organizado transnacional. La cooperación, el intercambio de inteligencia, la tecnología y el fortalecimiento de las instituciones son el camino. Esa es la visión con la que estamos trabajando y la contribución que Paraguay quiere hacer a la estabilidad de toda la región.
Publicado por: Laura Solano
Fuente de esta noticia: https://dialogo-americas.com/es/articles/ministro-del-interior-de-paraguay-enrique-riera-ningun-pais-puede-enfrentar-solo-al-crimen-organizado-transnacional/
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