Veinticinco estados demócratas demandan a Trump por sus nuevos aranceles impuestos bajo el argumento del trabajo forzoso

Veinticinco estados de Estados Unidos gobernados por el Partido Demócrata presentaron el lunes una demanda conjunta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Manhattan, contra la última ronda arancelaria aprobada por el presidente Donald Trump. Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin integran esta coalición, que representa a la mitad de los territorios del país. La acción legal se suma a otras dos demandas presentadas en julio ante el mismo tribunal por un grupo de pequeñas empresas, representadas por la organización Liberty Justice Center.

El origen: gravámenes de entre el 10% y el 12,5% a más de noventa economías

Hace apenas un par de semanas, Trump aprobó una nueva remesa de aranceles de entre el 10% y el 12,5% dirigida a más de noventa países, entre ellos la Unión Europea, bajo el argumento de que estas economías no habían tomado medidas suficientes para frenar la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Según los demandantes, estos gravámenes afectan a países que en conjunto representan el 99% de las importaciones estadounidenses. La medida entró en vigor el 24 de julio, justo cuando expiraba un arancel universal temporal del 10% que el mandatario había implementado meses antes.

De la IEEPA al artículo 301: el cambio de estrategia legal de la Casa Blanca

El trasfondo de esta disputa se remonta a comienzos de año, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos que Trump había impuesto en abril de 2025 a la práctica totalidad de sus socios comerciales, amparándose entonces en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). El alto tribunal consideró que esta norma no facultaba al presidente para imponer aranceles, lo que obligó al Gobierno federal a devolver a los importadores lo ya abonado. Tras ese revés, la Administración recurrió a un arancel universal transitorio del 10%, que solo tenía una vigencia de 150 días y necesitaba el respaldo del Congreso para prorrogarse, aval que nunca llegó. Ante la inminente caducidad de esa medida, la Casa Blanca acudió al artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite gravar a países señalados por incurrir en prácticas comerciales desleales y que ya había utilizado Trump durante su primer mandato para imponer aranceles a China, superando entonces los recursos judiciales presentados en su contra.

Los argumentos de los estados demandantes

La demanda de los 25 estados sostiene que la Administración Trump está utilizando de manera ilegal la Sección 301 para sustituir, por otra vía, los aranceles que el Tribunal Supremo ya había anulado o que habían expirado por sí solos. “Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la Administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James, según recogió Bloomberg. James añadió que, más allá de la justificación que ofrezca el Gobierno, la ley y la Constitución establecen con claridad que el presidente carece de la facultad de imponer aranceles generalizados a cualquier país. Por su parte, Liberty Justice Center, que representa a las pequeñas empresas demandantes desde julio, sostiene que el Ejecutivo no puede mantener de facto una política arancelaria global simplemente cambiando el fundamento legal de una ley a otra. Ambas demandas coinciden además en que el Gobierno no ha demostrado de forma individualizada su posición frente a cada economía señalada ni ha explicado cómo los nuevos gravámenes contribuirán a erradicar la práctica del trabajo forzoso que dice combatir, un requisito que exige expresamente la Sección 301.

La versión de la Casa Blanca

Desde la Administración, el portavoz Kush Desai defendió la legalidad de la medida al señalar que Estados Unidos está ejerciendo su autoridad legal para eliminar prácticas comerciales injustificadas que perjudican tanto al comercio como a los trabajadores del país. Según Desai, que un país extranjero no prohíba ni haga cumplir de manera efectiva la importación de bienes producidos con trabajo forzoso constituye una práctica irrazonable que debe corregirse, y recordó que los aranceles amparados en la Sección 301 ya demostraron ser una herramienta jurídicamente sólida durante el primer mandato de Trump.

De forma paralela, más de veinte estados y el Distrito de Columbia presentaron otra demanda el mismo lunes, en este caso ante un tribunal federal de Washington, para bloquear una norma que permitiría a la Administración Trump acceder al estatus migratorio, los números de Seguro Social y otra información personal de millones de beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Esta iniciativa se enmarca en el escrutinio que la actual Administración ha impuesto sobre distintos programas sociales bajo el argumento de prevenir un posible fraude. La fiscal general James calificó la medida de intento de usar los programas contra la pobreza en contra de las personas a las que deberían servir, y denunció que se pretende compartir información confidencial con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales. A principios de año, un juez ya había impedido que el Gobierno retuviera fondos del TANF a varios estados demócratas, después de que la Administración alegara “motivos para creer” que se estaban otorgando beneficios a personas indocumentadas, señalamiento que un abogado federal atribuyó posteriormente a informes periodísticos. El programa TANF distribuye actualmente más de 16.000 millones de dólares entre estados, el Distrito de Columbia y gobiernos tribales, recursos que las administraciones locales emplean con amplia discrecionalidad en asistencia económica, capacitación laboral y otros programas de apoyo a familias de bajos ingresos. A esta demanda se sumaron, además de Nueva York y el Distrito de Columbia, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

Un pulso institucional con implicaciones económicas de fondo

Ambos litigios, aunque de naturaleza distinta, reflejan un mismo patrón: una batalla sostenida entre los estados gobernados por demócratas y la Casa Blanca en torno a los límites del poder ejecutivo, ya sea en materia comercial o de gestión de programas sociales. En el plano arancelario, el desenlace judicial resulta especialmente relevante para el comercio exterior estadounidense, dado que los gravámenes cuestionados alcanzan a economías que concentran prácticamente la totalidad de las importaciones del país. Mientras los tribunales resuelven, la incertidumbre regulatoria se traslada directamente a empresas importadoras y consumidores, que enfrentan el riesgo de nuevos ajustes en los costos arancelarios según el criterio final de la justicia estadounidense.

Publicado por: M-Redacción

Fuente de esta noticia: https://economia.com.py/veinticinco-estados-democratas-demandan-a-trump-por-sus-nuevos-aranceles-impuestos-bajo-el-argumento-del-trabajo-forzoso/

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