La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, afronta la primera gran crisis de su mandato por la respuesta ofrecida ante las reuniones que Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo mantuvieron en 2025 con dos integrantes de la cúpula fiscal. Peramato no participó en aquellos encuentros —todavía no dirigía la institución—, pero una parte de la carrera considera que está administrando el escándalo con demasiada cautela y protegiendo, de paso, la herencia de su antecesor, Álvaro García Ortiz.
El dato central ya no admite demasiados rodeos. La Fiscalía General del Estado ha reconocido que Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y uno de los principales colaboradores de García Ortiz, recibió dos veces a Teijelo y a Díez. No existe constancia de esas visitas en los registros de acceso. La explicación oficial sostiene que la mujer fue presentada como una compañera del despacho del abogado, tuvo una intervención menor y no aportó información suficientemente respaldada como para abrir diligencias. Esa versión ha calmado pocas aguas; más bien ha añadido espuma.
La ex fiscal general Consuelo Madrigal ha entrado ahora en el debate con una frase de notable contundencia: durante su mandato, asegura, ni ella ni la Secretaría Técnica recibieron visitas semejantes. Su declaración no demuestra por sí misma que se cometiera una irregularidad penal, pero sí pone el foco en los usos institucionales, en la puerta por la que entraron los visitantes y, sobre todo, en el extraño vacío documental que dejaron tras salir. Madrigal sabe de qué habla: ocupó la Fiscalía General entre enero de 2015 y noviembre de 2016 y fue la primera mujer que llegó al cargo.
Qué ocurrió dentro de la Fiscalía General
La primera reunión reconocida se celebró el 6 de marzo de 2025. Participaron Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, ambos destinados entonces en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, junto con Jacobo Teijelo y Leire Díez. El abogado expuso supuestos hechos cometidos por terceras personas que, a su juicio, podían tener relevancia penal. El segundo encuentro tuvo lugar entre finales de marzo y comienzos de abril, aunque la institución no ha podido precisar la fecha exacta.
Según la versión transmitida al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, Teijelo manifestó en la segunda cita su intención de presentar denuncias relacionadas con aquellos hechos. Nunca lo hizo. Los fiscales consideraron que su relato contenía alegaciones sin un soporte probatorio concreto y no iniciaron actuación alguna. García Ortiz habría sido informado a posteriori y, siempre de acuerdo con la explicación oficial, no dio instrucciones previas a Villafañe ni a López.
La Fiscalía también sostiene que Leire Díez tuvo un papel secundario y que los asistentes solo conocieron posteriormente, a través de los medios, la verdadera identidad de aquella supuesta compañera de despacho. La explicación resulta posible, aunque cuesta digerirla sin agua. Díez no era una presencia decorativa según los mensajes analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En las conversaciones intervenidas coordinaba citas, avisaba a Teijelo de que recibiría una llamada de la Fiscalía y anunciaba que acudiría con él.
El 27 de febrero de 2025 escribió que ya tenían “vía libre” para acudir a la Fiscalía General. El 3 de marzo comunicó a Teijelo que le llamarían desde la institución y que ella lo acompañaría. Poco después, el abogado confirmó que tenía cita para el día 6 a las cinco de la tarde. Es decir, la mujer presentada como acompañante de escasa relevancia aparecía, fuera del edificio, como una de las personas que movían la agenda.
La Unidad Central Operativa, conocida por sus siglas UCO, ha señalado estos intercambios, aunque no ha acreditado hasta el momento una conversación directa entre Díez y García Ortiz. Ese matiz importa. Mucho. Una cosa es que alguien presuma de disponer de acceso a una institución y otra, bastante más grave, que quienes trabajan dentro se lo hayan proporcionado deliberadamente.
Tampoco consta que Jacobo Teijelo presentara denuncias ante la Secretaría Técnica durante 2025 o 2026. Sí está acreditado que Díez formuló el 17 de septiembre de 2025 una denuncia contra el fiscal José Grinda, archivada en diciembre por no aportar indicios que justificaran una investigación más allá de sus afirmaciones. El juez también había solicitado información sobre escritos presentados por Koldo García durante aquel periodo; la Fiscalía localizó cinco y todos acabaron archivados.
Por qué importa que los recibiera la Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica no es una ventanilla ordinaria ni una fiscalía territorial a la que un ciudadano acude para registrar una denuncia. Es uno de los órganos que asisten directamente a la persona titular de la Fiscalía General y participa en la preparación de circulares, instrucciones, consultas y documentos doctrinales que orientan la actuación de toda la carrera. Se encuentra, por decirlo sin encaje de bolillos jurídicos, en la sala de máquinas de la institución.
Que un abogado solicite una reunión con fiscales no es ilícito por naturaleza. Los profesionales del derecho mantienen contactos legítimos con el Ministerio Público, presentan escritos y trasladan información relacionada con procedimientos. El problema aparece cuando el encuentro se produce con responsables de primer nivel, al margen de los registros conocidos, sin una fecha clara para la segunda visita y sin que quede un expediente capaz de reconstruir qué se contó, qué se solicitó y cómo se evaluó.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, sostiene que la primera cita se produjo fuera del horario ordinario de atención al público y reclama saber quién la autorizó, por qué se eligió ese cauce y qué decisiones se adoptaron después. También ha pedido que la Inspección Fiscal investigue los hechos. La organización considera vaga e insuficiente la información facilitada hasta ahora por la dirección de Peramato.
El expediente que nadie ha encontrado
La Circular 2/2022 de la Fiscalía regula la actividad extraprocesal del Ministerio Público en las investigaciones penales. Cuando una persona comunica hechos potencialmente delictivos, la respuesta no puede depender únicamente de la memoria de quienes estaban en una habitación. Deben existir mecanismos que permitan decidir si procede abrir diligencias, remitir el asunto al órgano competente o archivar la comunicación por falta de fundamento.
Eso no significa que cualquier relato escuchado por un fiscal obligue a iniciar una investigación. Los despachos públicos reciben denuncias inconsistentes, teorías imposibles y papeles con más imaginación que pruebas. También forma parte del oficio descartarlos. Pero incluso el descarte necesita cierta trazabilidad cuando quienes acuden están vinculados a asuntos judiciales sensibles y buscan acceso a la cúspide del Ministerio Público.
El vacío es precisamente lo que inquieta a los fiscales críticos. No hay registro de las visitas, no consta una denuncia de Teijelo y la segunda reunión ni siquiera tiene un día determinado. Queda una reconstrucción realizada más de un año después, cuando la investigación judicial y los mensajes de la UCO obligaron a mirar hacia atrás. Una institución puede carecer de cámaras en cada pasillo, desde luego; lo que no debería perder es la memoria administrativa cada vez que el pasado llama al timbre.
La advertencia de Consuelo Madrigal
La intervención de Consuelo Madrigal tiene una relevancia que va más allá de la habitual batalla entre asociaciones fiscales. No habla como dirigente de un partido ni como comentarista de sobremesa, sino como alguien que conoció desde dentro el funcionamiento de la Fiscalía General y de su equipo inmediato.
Madrigal ha afirmado que durante su etapa al frente del Ministerio Público ni ella ni la Secretaría Técnica aceptaron visitas comparables. Su declaración introduce una cuestión incómoda: si esas reuniones no formaban parte del funcionamiento habitual, alguien tuvo que considerar conveniente celebrarlas. Y si sí eran habituales, la Fiscalía General del Estado debería poder mostrar los procedimientos seguidos en otros casos equivalentes. De momento, ni una cosa ni la otra ha quedado explicada con claridad.
Conviene, aun así, no convertir una comparación institucional en una sentencia judicial. Las prácticas pueden variar entre mandatos y la opinión de una antigua fiscal general no establece por sí sola la existencia de delito o infracción disciplinaria. Su testimonio sirve para medir la anormalidad aparente del episodio, no para sustituir la investigación.
El punto delicado es el contexto de quienes acudieron. Leire Díez está investigada en procedimientos judiciales por presuntas maniobras dirigidas a obtener información comprometedora sobre policías, jueces y fiscales, así como por posibles ofertas de favores a cambio de datos útiles. En la causa que instruye Santiago Pedraz se analiza la existencia de una supuesta estructura destinada a obstaculizar procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Los delitos investigados incluyen, entre otros, organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación y actuaciones contra las instituciones del Estado. Son imputaciones provisionales, no hechos declarados probados. Esa diferencia no es un adorno jurídico: separa una investigación abierta de una condena y evita que la sospecha, convenientemente amplificada, se disfrace de certeza.
Los audios conocidos han agravado la percepción del caso. Díez hablaba de “limpiar”, aseguraba disponer de interlocución en las instituciones y ofrecía la posibilidad de alcanzar acuerdos con la Fiscalía a personas involucradas en causas penales. Que presumiera de poder no demuestra que realmente lo tuviera; los pasillos de la política están llenos de gente que vende llaves de puertas que nunca ha abierto.
Sin embargo, la confirmación de sus visitas a la sede de Fortuny ha dado consistencia material a una parte de aquel discurso. Díez estuvo allí. Fue recibida junto a Teijelo por dos fiscales próximos a la cúpula. Lo que sigue sin conocerse es si aquella entrada fue el resultado de una simple gestión profesional, una imprudencia administrativa o algo de mayor alcance.
Por qué una parte de los fiscales señala a Peramato
Teresa Peramato fue nombrada fiscal general del Estado el 9 de diciembre de 2025, después de la salida de Álvaro García Ortiz. No estaba al frente de la Fiscalía cuando se produjeron los encuentros y no existe ningún dato público que la vincule a su organización. La crítica se dirige a su gestión posterior: los fiscales disconformes creen que ha ofrecido una respuesta defensiva, centrada en rebajar la importancia de las reuniones, en vez de impulsar una investigación interna amplia y documentada.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha calificado los hechos de máxima gravedad y ha llegado a plantear que Peramato debería dimitir si no actúa con completa transparencia. La Asociación de Fiscales, más numerosa, ha utilizado un tono menos terminal pero igualmente duro: habla de indignación, reclama explicaciones verificables y advierte de que la falta de aclaraciones perjudica la credibilidad de la fiscal general.
A ello se suma una decisión que ahora adquiere una luz particularmente ingrata. Peramato propuso en febrero el nombramiento de Diego Villafañe para una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo y el de Beatriz López Pesquera para la Audiencia Nacional. Ambos habían participado en las reuniones, aunque no consta que la actual fiscal general conociera entonces todos los detalles que han salido a la luz.
Para sus críticos, esos ascensos confirman una línea de continuidad con el equipo de García Ortiz; para la dirección, los nombramientos se basaron en el mérito, la capacidad y la trayectoria profesional de los aspirantes. La coincidencia temporal no demuestra un premio por las reuniones, pero tampoco contribuye precisamente a disipar la sospecha.
Aquí nace la acusación más corrosiva: que Peramato estaría protegiendo a García Ortiz y a su antiguo círculo. Es una valoración difundida por fiscales críticos y medios de comunicación, no un hecho probado. La fiscal general puede ser acusada de insuficiente transparencia o de una gestión demasiado corporativa; atribuirle un encubrimiento exige evidencias que, por ahora, no son públicas.
La herencia, en cualquier caso, pesa. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2025 por un delito de revelación de secretos y recibió una pena de multa y dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general. La sentencia fue notificada en diciembre. Peramato llegó al cargo con el compromiso de recuperar la cohesión de una institución dañada por aquel procedimiento.
Seis meses después, el nombre de su predecesor vuelve a aparecer en una controversia sobre contactos, información sensible y responsabilidad jerárquica. La nueva fiscal general no responde por los actos de García Ortiz, pero sí por la manera en que la institución que dirige reconstruye y esclarece lo ocurrido bajo su mandato.
Lo acreditado y lo que continúa bajo sospecha
Hay hechos confirmados. Leire Díez y Jacobo Teijelo accedieron dos veces a la Fiscalía General. Se reunieron con Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera. No aparecen en el registro de visitas. Teijelo trasladó supuestos hechos delictivos, anunció denuncias y finalmente no las presentó. Los fiscales no abrieron actuaciones al considerar que carecía de pruebas concretas. García Ortiz, según la institución, fue informado después.
También está acreditado que la UCO encontró mensajes en los que Díez organizaba la cita y se atribuía capacidad de interlocución con la Fiscalía General. Su papel externo parece más activo que la intervención menor descrita por quienes la recibieron. Esa contradicción merece una explicación, pero todavía no permite concluir que dentro de la Fiscalía conocieran su identidad real o compartieran sus objetivos.
No está demostrado que Álvaro García Ortiz asistiera a las reuniones, pese a las versiones periodísticas y a las anotaciones que aluden a él. Tampoco se ha probado que ordenara recibir a Díez, que ofreciera acuerdos judiciales, que actuara por encargo del PSOE o que la Fiscalía colaborara con una operación destinada a frenar investigaciones.
Las expresiones “cloaca” o “trama de Estado” pueden resultar eficaces en una tertulia; en un procedimiento penal necesitan documentos, comunicaciones, testigos y decisiones concretas. La indignación puede abrir una portada, pero no sustituye un indicio ni convierte una hipótesis en prueba.
Menos aún existe prueba de que Teresa Peramato participara en un encubrimiento. Su responsabilidad, hasta donde alcanza la información pública, es institucional y política, no penal: debe responder por la forma en que la Fiscalía actual reconstruye, investiga y comunica hechos ocurridos bajo el mandato anterior.
La distinción no es un capricho garantista. Las personas investigadas conservan la presunción de inocencia, y una democracia no mejora sustituyendo la opacidad administrativa por condenas mediáticas fabricadas al peso. La exigencia razonable es otra: esclarecer la secuencia completa sin convertir cada incógnita en una certeza partidista.
El calendario judicial y político que espera a Peramato
El juez Santiago Pedraz ha citado a Jacobo Teijelo para declarar como investigado el 25 de junio de 2026, después de recibir la información de la Fiscalía sobre los dos encuentros. La Audiencia Nacional examina el posible funcionamiento de una red coordinada por Leire Díez y vinculada, según la hipótesis judicial, al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán.
La investigación permanece abierta y sus conclusiones podrían confirmar, matizar o desmontar parte de las sospechas actuales. La causa no solo deberá determinar qué hizo Díez, sino también si sus contactos con instituciones públicas respondían a una capacidad real de influencia o a una puesta en escena utilizada para obtener información y ganar la confianza de sus interlocutores.
Antes, el 19 de junio, Peramato deberá comparecer en la Comisión de Justicia del Senado a petición del Partido Popular. La oposición quiere conocer cuándo supo de las visitas, quién las autorizó y por qué no se hicieron públicas hasta que el juez solicitó información. Una comparecencia parlamentaria no sustituye a una investigación judicial, aunque puede obligar a ordenar fechas y versiones con algo más de precisión que una nota de prensa.
Vox ha presentado además una querella contra García Ortiz por presunta omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias. Su mera presentación no supone que el procedimiento vaya a ser admitido ni que los delitos estén acreditados. Es otra derivación judicial de un episodio que comenzó con reuniones aparentemente intrascendentes y ha terminado llamando a varias puertas de los tribunales.
El PSOE, por su parte, ha defendido que sea la Justicia la que investigue y aclare los hechos. Los populares utilizan el caso para denunciar una colonización partidista de las instituciones, mientras que la izquierda gubernamental acusa a sus adversarios de convertir cualquier indicio en una causa general contra el Ejecutivo.
El paisaje es conocido: cada bando llega a la investigación con la sentencia redactada. Luego molestan los autos, los matices y esa manía de los hechos de no ajustarse siempre al argumentario. Entre el ruido parlamentario y la instrucción judicial, Peramato deberá evitar que la Fiscalía se convierta en un simple campo de batalla partidista.
La Constitución encomienda al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, así como la protección de la independencia de los tribunales. El Estatuto Orgánico establece que actúa conforme a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
Esa combinación explica buena parte del problema: una estructura jerárquica necesita una confianza extraordinaria en quien ocupa la cúspide. Cuando esa confianza se resquebraja, cualquier reunión sin registrar deja de parecer una anomalía administrativa y comienza a leerse como un síntoma de algo mayor.
La persona titular de la Fiscalía General es nombrada por el rey a propuesta del Gobierno, después de oír al Consejo General del Poder Judicial. El sistema es constitucional, pero genera una sospecha recurrente sobre la proximidad entre el Ejecutivo y quien debe investigar delitos que pueden afectar al propio Ejecutivo.
La respuesta institucional no puede limitarse a repetir que la Fiscalía es autónoma. La autonomía, como la limpieza de un cristal, tiene que notarse desde fuera. Y eso exige procedimientos claros, registros completos y explicaciones que no dependan de la confianza personal que inspire quien firma el comunicado.
Peramato cuenta con una larga carrera profesional y una reconocida especialización en la lucha contra la violencia machista y la protección de las víctimas. Su trayectoria no desaparece por esta controversia. Precisamente por eso, la crisis resulta más significativa: fue elegida para reconstruir la autoridad del Ministerio Público después de la condena de García Ortiz y se encuentra ahora defendiendo la actuación de miembros de su antiguo equipo.
La salida institucional exige conocer quién recibió la solicitud inicial, quién decidió que la reunión se celebrara en la Secretaría Técnica, si se comprobó la identidad de los visitantes, por qué no quedaron registrados, qué documentación entregaron, cuándo fue informado García Ortiz y por qué se aceptó una segunda cita después de considerar insuficiente la primera exposición.
No son preguntas retóricas ni una colección de insinuaciones. Son los huecos exactos que siguen abiertos. Si la Fiscalía dispone de respuestas documentadas, debería exponerlas. Si no las tiene, deberá explicar por qué una reunión celebrada en su núcleo directivo dejó tan poca huella administrativa.
La puerta de Fortuny se convierte en un problema de Estado
El escándalo no reside únicamente en que Leire Díez entrara en la Fiscalía General. Una institución pública puede recibir a personas incómodas, investigadas o incluso condenadas; la Justicia no funciona mediante listas de invitados respetables. El problema es que la visita se produjo en un contexto de supuestas maniobras sobre causas judiciales, quedó fuera de los registros conocidos y fue explicada cuando la investigación ya había descubierto los mensajes que conducían hasta la sede.
Consuelo Madrigal ha expresado con pocas palabras lo que otros fiscales llevan días formulando en comunicados más largos: aquello no parece normal. Teresa Peramato puede sostener que los encuentros no tuvieron efectos, que sus subordinados actuaron correctamente y que García Ortiz no los ordenó. Pero deberá demostrarlo con algo más resistente que una versión reconstruida. En una fiscalía, como en un juzgado, la memoria oral es un material bastante inflamable.
La crisis no prueba que existiera una conspiración desde la cúspide del Ministerio Público. Sí revela una gestión descuidada de los accesos, una insuficiente documentación de reuniones sensibles y una fractura interna que Peramato no ha logrado cerrar. Entre la gran cloaca descrita por algunos y la visita irrelevante defendida por otros queda un terreno menos espectacular, pero igualmente grave: la pérdida de confianza.
Y esa es la amenaza real. La Fiscalía puede sobrevivir a una reunión opaca, a un mal comunicado e incluso a la condena de quien la dirigió. Lo que difícilmente soporta una democracia es que los ciudadanos empiecen a contemplarla como una prolongación de los despachos políticos.
En Fortuny no basta con que la puerta estuviera legalmente abierta. Hay que explicar quién la abrió, para quién y por qué nadie apuntó su nombre. La respuesta determinará si Teresa Peramato logra recuperar la autoridad del Ministerio Fiscal o si su mandato queda atrapado, desde demasiado pronto, en las sombras heredadas de García Ortiz.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/peramato-rebelion-fiscales/
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