El ministro José Carlos Mahía anuló la sanción de 15 días impuesta por la fiscal de Corte interina. La cartera entendió que no se probó el ejercicio liberal de la profesión y que la falta se basó en presunciones. Desde la Fiscalía, Mónica Ferrero reivindicó su deber de supervisión.
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) anuló la suspensión de 15 días que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, había impuesto a la fiscal Gabriela Aguirre. La decisión, firmada por el ministro José Carlos Mahía, se basó en un informe que calificó la sanción de “ilegítima” por basarse en presunciones y no en pruebas concluyentes. Sin embargo, el caso, que el MEC cerró en el plano administrativo, ha destapado una compleja controversia sobre los límites del poder de control de la Fiscalía y el alcance del secreto tributario, un debate con dos caras bien diferenciadas.
El origen: una investigación masiva para detectar incompatibilidades
Para entender el sumario contra Aguirre, es crucial remontarse al inicio de la pesquisa. La fiscal Ferrero solicitó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) información sobre la situación de aproximadamente 320 fiscales y funcionarios. Su objetivo, según argumentó, era verificar el cumplimiento de una obligación funcional, ya que los fiscales tienen prohibido el ejercicio liberal de la profesión y deben presentar una declaración jurada de “no ejercicio” ante la Caja.
Ferrero justificó su pedido en su rol de jerarca, responsable de la “vigilancia y superintendencia correctiva y consultiva” de todos los fiscales. Su solicitud, lejos de ser una inquisición general, tenía un foco concreto. No buscaba datos sobre la situación tributaria, deudas o jubilaciones, sino solo verificar si los fiscales mantenían su declaración de no ejercicio a lo largo del tiempo, un dato que, a su juicio, no estaba protegido por el secreto tributario. La investigación interna ya había detectado casos de fiscales que figuraban como titulares de empresas, una actividad también incompatible con el cargo.
La suspensión y la explicación de Aguirre
En ese contexto, al constatar que la fiscal Gabriela Aguirre realizaba aportes a la Caja de Profesionales, Ferrero interpretó un posible ejercicio liberal de la abogacía e inició un sumario que culminó con una suspensión por falta grave. La defensa de Aguirre, sin embargo, desmontó esta hipótesis al demostrar que sus aportes eran de carácter voluntario. Su intención, al provenir del ámbito privado con 15 años de aportes previos, era no perderlos y poder acceder en el futuro a una jubilación complementaria, un derecho que asiste a muchos trabajadores.
El fallo del MEC y las “razones de ilegitimidad”
El MEC le dio la razón a Aguirre. En su resolución, afirmó que la declaración jurada de la fiscal, que modificaba una presentación anterior, “no constituye una prueba de cargo suficiente como para sancionar disciplinariamente”. El dictamen fue tajante, no basta con presumir una falta, la Administración tiene la carga exclusiva de probar la culpabilidad de manera efectiva, cosa que no ocurrió. El ministerio también concluyó que el mero error de no haber realizado el trámite correcto para aportes voluntarios no configuraba una falta grave.
La defensa de Ferrero y el respaldo político
Frente a las críticas, la posición de Ferrero ha sido firme y ha encontrado eco en diversos ámbitos. La Fiscalía General de la Nación rechazó las declaraciones de senadores oficialistas como Eduardo Brenta, asegurando que sus afirmaciones “no son exactas” y recordando que todo el procedimiento disciplinario es de carácter legalmente reservado. En la misma línea, el directorio de la Caja de Profesionales, que aprobó entregar la información con una ajustada votación, tuvo directores que defendieron la potestad de la fiscal.
Esta visión ha tenido un fuerte correlato político. En marzo de 2026, los partidos de la oposición (Nacional y Colorado) brindaron una conferencia de prensa conjunta para expresar su respaldo unánime a Mónica Ferrero como fiscal de Corte, garantizando su continuidad y la independencia técnica del organismo frente a lo que consideran un intento de remoción por parte del oficialismo.
En definitiva, el fallo del MEC cierra un capítulo administrativo, pero deja abierto un debate de fondo. Para la fiscal Aguirre, la revocación de su suspensión representa un alivio personal y un reconocimiento a sus derechos previsionales. Para la fiscal Ferrero y sus defensores, el caso no invalida la legitimidad de un control que consideran necesario para velar por la transparencia en el Ministerio Público.
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