Aunque la Comisión de Expertos y la Caja de Profesionales coincidieron en el diagnóstico sobre la crisis financiera de la institución, persisten fuertes diferencias sobre las medidas para asegurar su viabilidad. Mientras el gobierno destaca avances y mejoras en los resultados de 2026, las autoridades de la Caja advierten que las soluciones planteadas son insuficientes y reclaman mayor respaldo estatal.
La Comisión de Expertos creada para estudiar una reforma integral de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios logró cerrar un informe con coincidencias sobre las causas de la crisis financiera de la institución, pero con fuertes discrepancias sobre las medidas concretas para enfrentarla.
El tema volvió al centro de la discusión pública luego de que el presidente de la Caja, Andrés Pérez, afirmara a El País que el directorio quedó “totalmente insatisfecho” con las soluciones planteadas por el Poder Ejecutivo y los técnicos de la comisión. Las declaraciones contrastaron con la visión expresada días antes por el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y presidente de la comisión, Leonardo Di Doménico, quien sostuvo en declaraciones a La diaria que el documento alcanzó un “acuerdo general”, más allá de algunos matices.
La comisión comenzó a funcionar formalmente a fines de noviembre de 2025 y estuvo integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y autoridades de la propia Caja.
Un consenso parcial
Según trascendió, el informe final, de unas 45 páginas, reconoce que la institución atraviesa una crisis estructural vinculada a varios factores: caída de cotizantes activos, aumento de jubilaciones, envejecimiento demográfico y un sistema de financiamiento que desde hace años muestra desequilibrios.
Sin embargo, el consenso terminó allí. Desde la Caja sostienen que las medidas propuestas por el Ejecutivo no garantizan la sostenibilidad de largo plazo y cuestionan especialmente la negativa oficial a redirigir hacia la institución parte de lo recaudado por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), actualmente destinado al Banco de Previsión Social.
Pérez también defendió otras iniciativas impulsadas por el organismo, entre ellas una revisión de los timbres profesionales y cambios en los aportes de nuevos afiliados. Uno de los pocos puntos donde habría acuerdo entre todas las partes es la posibilidad de habilitar el intercambio de información entre la Caja y organismos estatales como la Dirección General Impositiva, Aduanas y el BPS. El objetivo es mejorar controles y fiscalización sobre aportes y actividad profesional.
Déficit millonario y mejora parcial
Los estados financieros auditados de la Caja muestran que el ejercicio 2025 cerró con pérdidas por aproximadamente US$ 31,9 millones, completando así seis años consecutivos de déficit. No obstante, las autoridades aseguran que durante los primeros meses de 2026 comenzó a observarse cierta mejora, impulsada por las medidas aprobadas en la llamada “ley de salvataje” votada el año pasado. Esa norma estableció un aumento gradual de aportes de activos, una contribución adicional para jubilados y asistencia financiera desde Rentas Generales. También previó transferencias extraordinarias del Estado por $ 665 millones en 2025 y 2026, y otra de $ 332 millones para 2027.
De acuerdo con cifras divulgadas por la Caja, mientras en marzo de 2025 el déficit mensual rondaba los US$ 8,3 millones, en marzo de este año el resultado fue prácticamente equilibrado, con un leve superávit.
Pese a esa mejora coyuntural, Pérez advirtió que el escenario sigue siendo frágil y aseguró que el aporte extraordinario previsto para 2026 aún no fue transferido por el Poder Ejecutivo. “La ley faculta al Ejecutivo a aportar, pero no establece con claridad la obligatoriedad”, afirmó el presidente de la Caja, quien alertó que si esos fondos no llegan antes de fin de año podría complicarse el pago de jubilaciones y pensiones en diciembre.
Un debate político y social
La discusión sobre la Caja de Profesionales excede el plano técnico y se instaló también en el debate político. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, sostuvo recientemente que el problema debe analizarse en un contexto más amplio de prioridades sociales y combate a la pobreza. Sus declaraciones generaron malestar entre representantes de la Caja, que interpretaron que el gobierno relativiza la situación de los profesionales afiliados.
Mientras tanto, distintos colectivos profesionales mantienen reparos sobre el aumento de aportes y cuestionan que el peso del rescate recaiga principalmente sobre activos y pasivos de la institución. Algunas gremiales incluso advierten que las medidas actuales podrían no alcanzar para garantizar la viabilidad futura del sistema.
El informe definitivo será presentado en los próximos días al presidente Yamandú Orsi y a la vicepresidenta Carolina Cosse. Recién entonces comenzará una nueva etapa política, en la que el gobierno deberá decidir si impulsa cambios legislativos adicionales o apuesta a consolidar las medidas ya aprobadas.
Redacción
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/actualidad/caja-de-profesionales-acuerdo-en-el-diagnostico-choque-por-las-soluciones/
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