Estados Unidos enfrenta el mayor reembolso fiscal de su historia al devolver 166.000 millones en aranceles declarados ilegales por la Corte Suprema
La administración del presidente Donald Trump ha dado inicio formal al proceso de devolución de los 166.000 millones de dólares recaudados por concepto de aranceles que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales en febrero de este año. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) habilitó el 20 de abril un portal digital denominado CAPE para que los importadores presenten sus solicitudes de reembolso, marcando así un hito en la que ha sido una de las batallas legales y económicas más intensas de la era Trump.
El fallo de la Corte Suprema puso fin al uso presidencial de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una norma de 1977 que ningún presidente anterior había empleado para imponer aranceles. Fue precisamente ese instrumento el que Trump utilizó para aplicar los llamados aranceles «recíprocos» a importaciones provenientes de casi todos los países del mundo, en una política que su gobierno defendió como pilar de su estrategia comercial y fiscal.
Un proceso de 53 millones de entradas, más de 330.000 importadores
Las dimensiones del proceso de devolución no tienen precedente en la historia fiscal reciente de Estados Unidos. Según el propio recuento del gobierno, en marzo de este año existían más de 330.000 importadores que habían pagado aranceles bajo el marco del IEEPA, correspondientes a más de 53 millones de entradas de importación. El monto total recaudado supera los 166.000 millones de dólares, a lo que se suman intereses que, de acuerdo con estimaciones de Scott Lincicome, vicepresidente de economía general del Instituto Cato, acumulan cerca de 650 millones de dólares adicionales cada mes, equivalentes a unos 22 millones de dólares diarios.
Sin embargo, la primera fase del sistema CAPE solo puede procesar aproximadamente el 63 por ciento de las entradas de importación afectadas por los aranceles del IEEPA. A finales de abril, apenas 1,74 millones de entradas habían superado los pasos iniciales de validación y se encontraban en curso de reembolso, según una presentación judicial de un funcionario de Aduanas. Varios millones de entradas adicionales habían sido rechazadas. La siguiente actualización oficial ante el tribunal está prevista para el 12 de mayo.
Obstáculos técnicos y administrativos
La puesta en marcha del proceso de reembolso ha sido todo menos fluida. Según los expedientes judiciales, la orden emitida en marzo por la Corte de Comercio Internacional —que obligó al gobierno a devolver los fondos a los importadores— desencadenó una carrera de obstáculos entre los funcionarios federales para construir desde cero un sistema digital capaz de gestionar el volumen de solicitudes.
Entre las dificultades reconocidas por la propia administración figuran la necesidad de crear un mecanismo para separar los aranceles ilegales de los legales sobre los mismos bienes, así como la ausencia inicial de un sistema que permitiera depositar dinero directamente en las cuentas bancarias de los importadores. Como resultado, el portal CAPE solo puede operar con importaciones que se encuentren en una etapa específica del proceso de pago, limitando así el alcance inmediato del programa. El gobierno ha indicado que espera tardar entre 60 y 90 días en emitir un reembolso una vez aceptada la solicitud correspondiente, aunque no ha precisado un calendario para las fases siguientes del programa.
La postura del gobierno: resistencia declarada y opacidad procesal
Lejos de facilitar el proceso, la Casa Blanca ha adoptado una postura que genera incertidumbre tanto jurídica como operativa. Trump no ha descartado presentar nuevos recursos legales para intentar bloquear parte o la totalidad de las devoluciones. Más aún, en declaraciones públicas realizadas el martes en CNBC, el presidente calificó de «brillante» que empresas como Amazon o Apple decidieran no solicitar sus reembolsos: «Si no lo hacen, las recordaré», afirmó, en lo que muchos analistas interpretaron como una presión implícita sobre el sector privado.
La Casa Blanca no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios. La portavoz del CBP se negó a conceder entrevistas. Los portavoces de Aduanas y del Departamento del Tesoro tampoco respondieron a las consultas formuladas. Esta opacidad institucional contrasta con la gravedad fiscal del proceso en marcha y alimenta la desconfianza de numerosas empresas sobre las reales intenciones del gobierno en la tramitación de los reembolsos.
Las empresas ante la incertidumbre de demandas colectivas y espera cautelosa
Ante la incertidumbre generada por la posición del gobierno, más de 3.000 empresas —entre ellas Costco Wholesale Corp. y FedEx Corp.— han presentado demandas individuales ante la Corte de Comercio Internacional para preservar su derecho a recibir un reembolso, incluso antes de que el fallo de la Corte Suprema fuera emitido. La medida refleja la desconfianza extendida en el sector empresarial respecto a la voluntad real del ejecutivo de honrar las devoluciones.
Las respuestas de las grandes compañías han sido dispares. FedEx, que figura habitualmente como importador registrado y traslada los aranceles a sus clientes, ha anunciado su intención de devolver el dinero a quienes pagaron. United Parcel Service (UPS) comunicó en un comunicado oficial que transferirá los reembolsos a los clientes correspondientes una vez que reciba los fondos del gobierno, sin necesidad de que estos se contacten con la empresa. Costco, por su parte, ha insinuado que podría trasladar los beneficios de los reembolsos a sus compradores en forma de precios más bajos, aunque enfrenta una demanda colectiva de clientes que exigen una devolución directa del dinero.
Para las pequeñas y medianas empresas, el panorama es aún más complejo. Melkon Khosrovian, cofundador de la destilería Greenbar, con sede en Los Ángeles, describe los aranceles de Trump como una «pesadilla» para su operación, que depende de ingredientes importados como vainilla, nuez moscada, bayas de enebro, café, té e hibisco. Su empresa pagó casi 100.000 dólares en aranceles que hoy son considerados ilegales. Khosrovian, integrante de la coalición de pequeñas empresas We Pay the Tariffs, afirmó haberse registrado en el portal CAPE y reunido la documentación necesaria, aunque con pocas esperanzas de recibir pronto algún reintegro: «Parece un proceso muy opaco», señaló.
El consumidor: el gran excluido de los reembolsos
Quizás el aspecto más revelador —y más crítico— de este proceso es quién queda fuera de él. Solo las entidades que pagaron formalmente los aranceles al gobierno, es decir, los importadores registrados, tienen derecho legal a solicitar devoluciones. Esto excluye al universo más amplio de afectados: los millones de consumidores estadounidenses que absorbieron los aranceles de manera indirecta a través de precios más altos en los bienes que adquirieron.
En los meses transcurridos desde el fallo de la Corte Suprema, consumidores de todo el país han presentado demandas colectivas contra empresas que, según alegan, elevaron sus precios para trasladar el costo de los aranceles y que ahora deberían reintegrar ese dinero una vez recibidos los reembolsos. Ningún tribunal se ha pronunciado aún sobre estos casos.
La medida en que los consumidores obtengan algún beneficio real depende, en última instancia, de decisiones corporativas voluntarias. Hasta la fecha, pocas empresas han asumido compromisos públicos en ese sentido, lo que plantea una pregunta de fondo sobre la equidad de un proceso en el que las cargas fueron ampliamente distribuidas, pero los beneficios de su corrección podrían concentrarse.
La estrategia arancelaria de Trump
Tras el fallo de la Corte Suprema, la administración Trump no ha renunciado a sus ambiciones arancelarias, sino que ha reorientado su estrategia. De forma inmediata, impuso un arancel temporal del 10 por ciento que expirará en julio, mientras trabaja en recuperar esos ingresos mediante el uso de otras facultades legales disponibles. El propio Trump lo reconoció sin eufemismos: «Lo estamos haciendo de una manera diferente. Vamos a terminar con lo mismo. En realidad terminaremos con cifras mayores, pero es un poco más complicado».
La afirmación ilustra la paradoja política de fondo: mientras el gobierno se ve obligado a desembolsar 166.000 millones de dólares más intereses por aranceles que los tribunales declararon ilegales, intenta simultáneamente reconstruir un esquema arancelario equivalente por vías jurídicamente más sólidas. Esa tensión entre el costo fiscal inmediato del proceso de reembolso y el objetivo estratégico de largo plazo de mantener una política arancelaria agresiva definirá, en buena medida, el campo de batalla económico y judicial de los próximos meses.
M-Redacción
Fuente de esta noticia: https://economia.com.py/estados-unidos-enfrenta-el-mayor-reembolso-fiscal-de-su-historia-al-devolver-166-000-millones-en-aranceles-declarados-ilegales-por-la-corte-suprema/
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