
En Latinoamérica se lavan cada año alrededor de USD 400 mil millones, a través de actividades como la corrupción, la evasión fiscal, el narcotráfico, la trata de seres humanos y el uso de empresas fantasma.
Aunque en los años la lucha contra el lavado ha mejorado, los avances no son uniformes en la región. En conjunto, los países aún se sitúan por debajo del promedio global según el índice Basel 2025, que mide el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo en 177 países. Este progreso desigual sigue generando vulnerabilidades operativas que las redes criminales explotan a través de las fronteras.
En el segundo lugar de esta clasificación figura Haití, mientras que Costa Rica, Surinam, Barbados y Nicaragua han empeorado respecto a los años anteriores. El caso de Nicaragua es emblemático: desde 2017 en el país se incautan regularmente grandes sumas de dinero vinculadas al narcotráfico, cuya destinación final, sin embargo, permanece desconocida. Solo en 2020 el monto alcanzó los USD 10,5 millones. Estos desafíos persistentes evidencian las dificultades para rastrear los flujos financieros y garantizar la rendición de cuentas entre jurisdicciones.
La finanza descentralizada
En Latinoamérica, donde el acceso al sistema bancario sigue siendo desigual, la llamada finanza descentralizada ha tenido un doble efecto. Por un lado, ha ampliado la inclusión financiera, permitiendo que incluso poblaciones desatendidas puedan realizar transacciones financieras. Por otro, ha representado un fuerte atractivo para el crimen organizado. Este modelo opera sin bancos ni intermediarios tradicionales, permitiendo transacciones directas entre usuarios a través de tecnologías basadas en registros digitales descentralizados, las llamadas blockchain.
Este ecosistema virtual, basado en las criptomonedas, permite al crimen organizado mover los ingresos de sus actividades ilícitas a nivel global de manera más rápida y con menores posibilidades de rastreo. “Organizaciones criminales internacionales, con el apoyo de especialistas del sector, son ahora capaces de combinar el anonimato o pseudoanonimato de las criptomonedas con los servicios ofrecidos por la finanza descentralizada para ocultar el origen de los fondos ilegales y la identidad de los verdaderos ejecutores”, explica a Diálogo el experto italiano en prevención del lavado de dinero y delitos financieros Paolo Aprile, fundador de la revista especializada Dirty Money.
Esta dinámica favorece también una convergencia de intereses entre distintos grupos, incluidos los terroristas, que cada vez recurren a los mismos canales financieros. En Brasil, por ejemplo, en 2025, la operación Hydra reveló cómo una fintech del principal grupo criminal del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC), había utilizado carteras digitales asociadas a 15 criptomonedas posteriormente sancionadas por Israel por recibir fondos destinados a financiar a Hezbolá. Uno de los usuarios era Mohamad Khir Abdulmajid, actualmente buscado por Interpol por la planificación de una serie de atentados terroristas en el país sudamericano. Según las investigaciones, Abdulmajid habría enviado USD 82 millones en criptodivisas al Líbano utilizando una cartera digital vinculada al mismo ecosistema financiero.
El anonimato
El núcleo de la opacidad sigue siendo la llamada estratificación, es decir, la fragmentación de los fondos mediante transferencias rápidas entre carteras digitales y distintas plataformas, a menudo ubicadas en diferentes jurisdicciones. “Dado que estas plataformas operan con frecuencia a nivel transnacional y no siempre cumplen plenamente con las normativas contra el lavado de dinero, un servicio prohibido en un Estado puede seguir operando en otro”, afirma Aprile.
Entre las herramientas más preocupantes se encuentran los llamados cripto mixers (mezcladores de criptomonedas). Según el experto, “son herramientas diseñadas para el lavado de dinero, ya que mezclan criptomonedas provenientes de múltiples usuarios, rompiendo el vínculo entre remitente y destinatario, para luego redistribuir sumas equivalentes a nuevas direcciones, haciendo así que las transacciones sean prácticamente imposibles de rastrear”.
En 2025, en Chile, la operación Tren del Mar desmanteló una red vinculada al Tren de Aragua que había lavado USD 13 millones mediante criptomonedas transferidas al extranjero, ocultando su origen. Casos como este ilustran cómo las herramientas digitales se integran cada vez más en las operaciones del crimen organizado transnacional.
Dark web e inteligencia artificial
En la dark web, las criptomonedas se utilizan a menudo para la compra de bienes ilícitos. Entre las más difundidas destaca en particular Monero, una llamada moneda de privacidad (privacy coin), ya que garantiza un alto nivel de anonimato: el remitente se oculta gracias a las firmas de anillo (ring signatures), que mezclan la transacción con las de otros usuarios. También el destinatario permanece anónimo mediante el uso de direcciones ocultas (stealth addresses), es decir, direcciones únicas y temporales generadas para cada pago, e incluso el monto de la transacción está cifrado.
En febrero de 2026, la policía brasileña desmanteló una red criminal que compraba en la dark web armas 3D utilizando criptomonedas. El líder era Lucas Alexandre Flaneto de Queiroz, un conocido diseñador brasileño de armas 3D, famoso en todo el mundo como Zé Carioca.
Además, en la dark web están apareciendo cada vez más herramientas de inteligencia artificial (AI) generativa, similares a ChatGPT. “Estas herramientas permiten a los usuarios realizar solicitudes sin muchas restricciones, generar documentos falsos, obtener manuales para cometer delitos informáticos o códigos para hackear servidores”, explica Aprile. Según el experto, la IA en la dark web también ofrece guías operativas para lavar fondos ilícitos, sugiriendo métodos para eludir controles y normativas vigentes en distintos países.
El juego en línea y los sitios de apuestas
La fase final del proceso de lavado de dinero, es decir, la conversión de las criptomonedas en efectivo, rara vez se realiza de forma directa y suele pasar por plataformas intermedias. Los criminales pueden, por ejemplo, adquirir los llamados bienes no fungibles (NFT), es decir, objetos digitales únicos con un propietario identificable, que luego pueden ser revendidos incluso a sujetos de buena fe, contribuyendo a “limpiar” el origen de los fondos.
Alternativamente, se utilizan plataformas secundarias como las de videojuegos en línea, un sector que ha experimentado una profunda transformación en los últimos años: de sistemas basados en desafíos predefinidos a ecosistemas interactivos entre usuarios, donde es posible realizar compras personalizadas mediante monedas virtuales para mejorar el rendimiento en el juego.
“La evolución ha favorecido la difusión de modelos pagar para ganar (pay-to-win) y la creación de mercados de comercio electrónico no regulados para objetos virtuales, cuyo valor se determina por la interacción entre oferta y demanda. En consecuencia, estos mercados pueden utilizarse para ocultar pagos relacionados con el tráfico de drogas o la venta de armas, bajo la apariencia de intercambios de bienes virtuales”, advierte Aprile.
Los criminales pueden abrir múltiples cuentas utilizando identidades falsas, comprar sin levantar sospechas y mover dinero a través de múltiples jurisdicciones, aprovechando la falta de controles regulatorios.
Además, muchos videojuegos modernos permiten comunicaciones por voz o chat en tiempo real. Según el experto, pueden utilizarse para organizar reuniones criminales difíciles de interpretar para los investigadores, ya que aparentemente están justificadas por el contexto del juego, especialmente si las propias actividades del juego también son ilícitas.
Tanto las mafias italianas como las chinas están explotando las plataformas de juego en línea y de apuestas en línea para lavar dinero. En Brasil, por ejemplo, según el Instituto Brasileiro de Jogo Legal, al menos el 40 por ciento de los sitios de apuestas son ilegales. Muchas de estas operaciones están vinculadas a mafias china gestionadas en China.
Las vulnerabilidades
Gran parte de Latinoamérica carece de regulaciones bancarias suficientemente sólidas y de requisitos de conocimiento del cliente (Know Your Customer, KYC), esenciales para verificar la identidad de los usuarios. Al mismo tiempo, los esfuerzos para regular las criptomonedas aún se encuentran en sus primeras etapas. También la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), es decir, las entidades que convierten el dinero en criptomonedas, sigue siendo limitada y desigual, generando nuevos puntos de exposición.
Otro punto débil se refiere a las estructuras societarias de las empresas latinoamericanas. Un reciente informe del think tank con sede en Washington Global Financial Integrity señala que más del 72 por ciento de los países de Latinoamérica y el Caribe cuentan con registros de beneficiarios finales de las empresas. Sin embargo, la eficacia de estos registros suele verse limitada por mecanismos de verificación débiles y deficiencias en su implementación.
Otro problema importante es la dificultad para rastrear el origen de los fondos. “Los sujetos con grandes capitales utilizan múltiples intermediarios, lo que dificulta reconstruir los flujos, especialmente en ausencia de intercambio de información entre las instituciones”, advierte Aprile.
Abordar estas vulnerabilidades, concluye el experto, representa un paso fundamental para reforzar la eficacia de los sistemas de prevención y lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica. Para las autoridades, esto requiere no solo adaptación regulatoria, sino también una mayor coordinación, intercambio de información y capacidad técnica para rastrear flujos financieros a través de entornos digitales y jurisdicciones.
Publicado por: Laura Solano
Fuente de esta noticia: https://dialogo-americas.com/es/articles/como-el-crimen-organizado-reinventa-el-lavado-de-dinero-en-latinoamerica/
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