Especialistas advirtieron contra las prohibiciones simplistas, apuntaron al diseño adictivo de las plataformas y reclamaron una legislación basada en evidencia y derechos humanos. El desafío es tener un proyecto de ley antes de fin de año.
Con un diagnóstico contundente y un llamado a la acción coordinada, el Palacio Legislativo fue escenario el pasado 29 de abril de una jornada de reflexión sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La apertura estuvo a cargo del senador Daniel Borbonet y contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien celebró que se estén discutiendo “temas difíciles sin temor” y subrayó la importancia de “proteger el diálogo profundo” para llegar a tiempo con las soluciones.
El panel, integrado por referentes locales e internacionales, desplegó un abanico de miradas que coincidieron en un punto central: copiar y pegar leyes de prohibición de acceso a redes sociales, al estilo de las recientemente aprobadas en Australia o Francia, es un camino errado.
Contra las prohibiciones y el mito de la verificación de edad
El director ejecutivo de ObservaCom, Gustavo Gómez, fue tajante: “Precaución con tomar y copiar estas leyes de prohibición. Se llevan todo puesto: se trata de cubrir lo malo, pero se lleva también lo bueno”. Gómez puso el foco en el verdadero nudo del problema: la verificación de edad obligatoria. “Para saber quién tiene más o menos de 16 años nos van a tener que pedir los datos a todos. Eso vulnera el derecho a la privacidad y la protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes, y también de los adultos”, alertó.
En la misma línea, la directora de Programas de Wikimedistas de Uruguay, Evelin Heidel, advirtió que esos mecanismos “terminan regalándole miel a las plataformas” porque les entregan aún más datos, sin garantizar salvaguardas efectivas. Heidel puso a Wikipedia como ejemplo de un espacio digital diseñado sin algoritmos que persigan la atención, sin monetización ni mensajería privada. “El riesgo es significativamente menor que en otras plataformas por una cuestión de diseño”, explicó. Y añadió: “Si la regulación impone barreras que impidan a los chicos acceder a estos espacios de construcción colaborativa de conocimiento, estaremos perdiendo una oportunidad valiosa de ciudadanía digital”.
El verdadero enemigo: el diseño adictivo
Si la prohibición no es la respuesta, ¿dónde hay que poner la lupa? Gómez fue categórico: en el diseño adictivo de las plataformas. “Hay empresas que, a sabiendas del daño que pueden ocasionar y por hacer dinero, desarrollaron productos para enganchar a nuestros niños todo el tiempo posible”, afirmó, citando las sentencias judiciales contra Meta y Google en Estados Unidos. “El centro de la cuestión debe ser ese diseño adictivo y la responsabilidad de estas corporaciones, no seguir poniendo la carga sobre padres y madres que no tienen herramientas para enfrentar a esa maquinaria brutal”.
La doctora en Ciencias Sociales Carolina Aguerre coincidió en que la autorregulación ya fracasó y que la ventana de posibilidades políticas para Uruguay se sitúa en un punto medio: no hacer nada o prohibir todo no son opciones viables. “No podemos hablar de autorregulación ni de prohibición. Hay que jugar en el punto medio, entre el 4 y el 8 de la escala de Overton”, graficó. Aguerre alertó también sobre dos industrias que movilizan el tráfico global de internet: el contenido sexual y las apuestas en línea, que están capturando a los adolescentes de la región.
El marco internacional: una hoja de ruta para legislar
El exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Luis Pedernera, recordó que Uruguay ya tiene una obligación jurídica: la Observación General N.º 25 del Comité, que interpreta la Convención sobre los Derechos del Niño en el entorno digital. “Los Estados tienen la obligación de controlar y regular la conducta de las empresas, establecer deberes de diligencia, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y exigir que evalúen el impacto en los derechos de los niños antes de lanzar un producto o servicio”, enumeró. Pedernera instó a armonizar la legislación nacional con esos principios y a no olvidar que la Convención “es un documento vivo” que se adapta a los nuevos tiempos.
Gustavo Gómez aseguró que ya existen estándares suficientes y experiencias comparadas —como la reciente ley de Brasil, que ataca el modelo de negocio de las plataformas en lugar de prohibir el acceso— como para que “antes de fin de año pueda haber un proyecto de ley presentado formalmente en el Parlamento”. Para ello, reclamó un proceso de consultas amplias, participación de todos los actores y una fuerte base social y política.
La voz de chicos y chicas, y el rol del mundo adulto
La socióloga Paula Baleato, de El Abrojo y la Plataforma Infancia y Adolescencia, enfatizó que los entornos digitales son ámbitos de socialización tan reales como los físicos, y que allí el Estado debe desplegar las mismas protecciones. “Pensar en solo prohibir conductas o tipificar delitos no alcanza. Necesitamos personas e instituciones con capacidades”, subrayó, y puso sobre la mesa una deuda pendiente: “Hay que garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en todo este proceso. Cuando les consultamos, nos traen cuestiones muy concretas, como la falta de disponibilidad del mundo adulto”.
Valeria Ramos, oficial a cargo del UNFPA en Uruguay, trajo a la sala el eco de un diálogo intergeneracional previo: “Los gurises nos piden ‘por favor, enséñenles a nuestras familias, hagan talleres, porque no entienden nada’. Y también nos sorprendieron pidiendo que se prohíban los celulares en los centros educativos, argumentando que les cuesta autorregularse y que valoran el aula como un espacio libre de notificaciones”. Ramos recordó, sin embargo, que la legislación debe ser lo suficientemente amplia y flexible para adaptarse a un fenómeno que cambia a una velocidad vertiginosa.
Institucionalidad y cooperación regional
Desde Italia, la doctora en Derecho Sandra Garin advirtió sobre el riesgo de que las plataformas utilicen la verificación de edad para obtener más datos y eludir su responsabilidad de modificar productos adictivos. “Hay wallets de identidad que permitirían autenticar la edad sin entregarle los datos a las plataformas, pero hoy las que dominan son de las Big Tech”, señaló. Garin abogó también por fortalecer el proceso judicial colectivo como herramienta de tutela ante la ausencia de regulación específica.
Gómez, por su parte, insistió en la necesidad de “trabajar regionalmente” para que corporaciones con más poder que muchos Estados “nos den pelota”. Puso como ejemplo a la Agencia de Protección de Datos de Brasil, que asumirá la aplicación de la nueva ley de protección digital en ese país, y sugirió que en Uruguay AGESIC podría ser el organismo a potenciar con recursos y dientes para fiscalizar.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, recibió las propuestas con “humildad pero con responsabilidad” y anunció que se impulsará una consulta pública para acompañar el proceso legislativo. “Pensar en hacer una ley que dure cinco años en esta materia es contraproducente. Tenemos que ir a un paradigma de legislación evolutiva, que se vaya adaptando”, sostuvo.
La jornada dejó en claro que el Parlamento uruguayo se prepara para dar un paso ambicioso: regular los entornos digitales con el foco puesto en el interés superior del niño, pero sin caer en atajos prohibicionistas.
Fuente de esta noticia: https://www.xn--lamaana-7za.uy/politica/proteccion-de-la-infancia-en-entornos-digitales-el-parlamento-uruguayo-debate-un-nuevo-paradigma-regulatorio/
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