Desde su experiencia como preso político en el penal de Yare III, el abogado Eduardo Torres afirma que las constantes requisas impiden que los detenidos tengan acceso a armas, y exige una investigación internacional independiente
El gobierno de Delcy Rodríguez tardó más de 24 horas para dar una versión de lo que estaba ocurriendo en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el estado Miranda a unos 45 kilómetros de Caracas, donde según el reporte oficial se produjo un motín el lunes 20 de abril que arrojó un saldo de cinco reclusos muertos.
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Eduardo Torres, sostiene que la información ofrecida por el Ministerio de Servicio Penitenciario “es un cuento chino, es falsa” y sustenta la denuncia desde su propia experiencia.
“Fui preso político, yo estuve en Yare III y II y en ese complejo los presos no tienen ni un cortauñas porque las requisas son permanentes”, expresó Torres, quien exige la constitución de una comisión internacional independiente que investigue lo sucedido en el penal. El Ministerio Público venezolano anunció que ya inició una averiguación.
El activista fue detenido el 9 de mayo de 2025, en medio de la ola represiva desatada por el régimen de Nicolás Maduro. Su caso fue catalogado como una “desaparición forzada”, pues durante unas 96 horas ninguna autoridad precisó su paradero. El 30 de enero fue liberado.
Torres señaló que el recinto donde supuestamente estalló el motín, la primera tragedia carcelaria que enfrenta la presidenta encargada Delcy Rodríguez, es “un sitio de tortura, de trato cruel, inhumano y degradante”.
Falta de respeto
Condenó el comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario, que acota que Yare III es un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”.
“Eso está mal dicho. Allí hay procesados, gente que no está penada y presos políticos, pero los presos que están penados también tienen Derechos Humanos, es una falta de respeto, ellos (el gobierno) son los responsables de las personas privadas de libertad”, fustigó Torres.
El abogado solicitó a la Defensoría del Pueblo y “a la propia Delcy Rodríguez que dé la cara a los familiares” de los reclusos, que desde el propio 20 de abril demandan una fe de vida de sus parientes y explicaciones sobre lo acontecido.
Con democracia
El coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, enfatizó que “los hechos trágicos ocurridos en Yare III reafirman que la solución del problema carcelario no podría realizarse de manera efectiva si no existe un contexto que garantice la participación democrática, el respeto al Estado de Derecho, el pleno ejercicio de las libertades cívicas, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas”.
Murillo subrayó que “la reforma del sistema de justicia es indispensable para garantizar la dignidad y la justicia, necesitamos instituciones que dejen de estar de espaldas a la gente”.
Delcy Rodríguez indicó el domingo 19 de abril que esta semana instalará “la gran consulta nacional por la nueva justicia”. La presidenta encargada dijo que busca instalar “un sistema de justicia verdaderamente humano”, que no criminalice la pobreza y brinde mecanismos alternativos a la privación de libertad”.
Más muertes
En menos de 48 horas se ha registrado el fallecimiento de ocho reclusos en Venezuela. Primero se conoció el deceso de dos detenidos en las cárceles Rodeo III y IV -estado Miranda- supuestamente por paros respiratorios.
Luego, llegó la noticia de las cinco víctimas del motín en Yare III y este miércoles 22 de abril la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones informó sobre la muerte de un hombre de 71 años internado en una cárcel del estado Lara, en el occidente del país.
El Observatorio afirma que el septuagenario expiró “bajo condiciones de absoluta crueldad”. “Desde el viernes 17 de abril presentaba graves padecimientos de salud, que obligaron su traslado al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Sin embargo, fue devuelto al penal ese mismo fin de semana sin haber alcanzado una estabilización real”.
“Incluso tras su muerte, la dignidad humana del recluso fue pisoteada. Los funcionarios ingresaron el cadáver al hospital, lo dejaron abandonado en el piso del centro asistencial y se retiraron tras entregar los datos. Una falta total de protocolo y respeto a los Derechos Humanos”, censuró el Observatorio Venezolano de Prisiones.
infobae.com
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