«Sin decisión política ni recursos, la compra de patrulleras nunca avanzó»

La comparecencia del excomandante de la Armada, Leonardo Alonso, ante la comisión parlamentaria que investiga el proceso de adquisición de patrulleras oceánicas (OPV) dejó una conclusión central: durante años existió un trabajo técnico sostenido, pero nunca hubo condiciones políticas ni presupuestales para concretar la compra.

En la sesión del 6 de abril, en el marco de la comisión especial que analiza el denominado caso Cardama, Alonso repasó el proceso desarrollado entre 2010 y 2015, de acuerdo con la versión taquigráfica a la que tuvo acceso Diario La R.

Desde el inicio de su exposición, Alonso dejó en claro que la Armada cumplió un rol estrictamente técnico: evaluar opciones, definir requerimientos y asesorar al gobierno. Sin embargo, ese trabajo no se tradujo en decisiones concretas.

Según explicó, la adquisición de patrulleras oceánicas era considerada “imprescindible” para la institución, pero no contaba con financiamiento asignado.

Esa falta de recursos fue, a su juicio, el principal motivo por el cual el proceso no avanzó. Legisladores de la comisión incluso plantearon que se trató de un “simulacro de compra”, dado que se desarrollaron estudios, contactos y evaluaciones sin que existiera una decisión política firme de invertir. Alonso no negó ese diagnóstico de fondo, aunque defendió la necesidad de haber realizado igualmente el trabajo preparatorio: “La Armada no contaba con los recursos; diferente hubiera sido si el dinero estaba asignado en el presupuesto”, sostuvo.

Uno de los puntos más enfáticos de la comparecencia fue la defensa de los criterios técnicos utilizados para evaluar las ofertas.

Alonso explicó que la Armada fijó una condición “sine qua non”: los buques a adquirir debían ser unidades ya construidas y operativas, no prototipos. El objetivo era minimizar riesgos en una inversión que calificó como “histórica”.

En ese marco, se realizaron visitas técnicas a distintos países para inspeccionar buques en funcionamiento. Uno de los ejemplos fue el viaje a Brunéi para evaluar una patrullera desarrollada por el astillero alemán Lürssen. Durante su gestión, la Armada recibió entre nueve y diez propuestas de distintos astilleros internacionales.  De ese conjunto, se realizó una preselección de cuatro opciones consideradas las más adecuadas desde el punto de vista técnico: empresas de Alemania, Francia, China y el grupo Lürssen.

Alonso insistió en que el proceso se llevó adelante con criterios de transparencia. Incluso señaló que las propuestas económicas eran remitidas directamente al Ministerio sin ser abiertas por la Armada, para evitar cualquier tipo de cuestionamiento.

Otro aspecto relevante fue el costo estimado de las patrulleras. Según detalló el excomandante, en torno a 2015 el precio de cada unidad oscilaba entre 60 y 70 millones de dólares. El proyecto global contemplaba la adquisición de tres OPV, lo que implicaba una inversión cercana a los 210 millones de dólares, a lo que se sumaba equipamiento adicional como helicópteros.

Estas cifras ayudan a dimensionar el peso presupuestal de la decisión, en un contexto de restricciones fiscales que, según se desprende de la comparecencia, condicionaron todo el proceso. Uno de los ejes de la comisión investigadora es el vínculo con el astillero español Cardama, que años después protagonizaría el fallido contrato para la construcción de OPV.

Sobre este punto, Alonso relativizó la singularidad de esos contactos. Afirmó que durante todo el proceso existió un “intercambio fluido” con múltiples empresas del sector naval, en el marco de la búsqueda de opciones.  En ese sentido, explicó que las visitas a astilleros, las solicitudes de información técnica y los pedidos de modificaciones eran prácticas habituales y no implicaban necesariamente un compromiso de compra.

Durante la sesión, varios legisladores cuestionaron por qué se continuaron realizando visitas y gestiones con empresas incluso cuando, según el propio Alonso, el proceso técnico ya estaba definido.

Alonso respondió que ese tipo de intercambios formaban parte de un proceso continuo de actualización y análisis del mercado, necesario para mantener opciones disponibles ante eventuales decisiones políticas. Uno de los momentos más llamativos de la comparecencia fue cuando Alonso reconoció que, en retrospectiva, incluso la opción peor posicionada en la evaluación podría haber sido aceptable.

En referencia a una propuesta de origen chino que había quedado en cuarto lugar, señaló que hoy hubiera estado dispuesto a aprobarla si era la única viable. El argumento fue pragmático: más allá de sus desventajas, se trataba de una solución funcional que hubiera permitido avanzar en la cobertura de las necesidades de la Armada.