Evo Morales reclama al Gobierno que le entreguen su pasaporte diplomático

El exmandatario hizo el pedido a través de la radio cocalera aunque aseguró que no tiene intención de dejar el país. Está recluido en su bastión desde hace más de un año y medio

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) solicitó al Gobierno la entrega de un pasaporte diplomático, bajo el argumento de que necesita el documento para poder atender invitaciones internacionales que ha recibido de distintos países. Según manifestó a través de la emisora cocalera Kawsachun Coca, la falta del pasaporte le impide viajar y cumplir con actividades fuera del país.

“Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, dijo el mandatario y afirmó que le corresponde “por derecho” al tratarse de un exmandatario.

Morales rechazó versiones sobre otros supuestos fines de su solicitud, como evadir procesos judiciales, y aseguró que no tiene intención de darse a la fuga.

El expresidente y líder cocalero se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en su bastión del Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de sus seguidores para evitar su aprehensión en el marco de una investigación por abuso de menores.

Morales saluda a sus seguidores durante un acto en su bastión sindical en el Trópico de Cochabamba. 3 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El exmandatario está imputado por el delito de trata de menores por haber presuntamente embarazado a una menor de edad en 2016, cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales y una joven que entonces tenía 16 años tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. La partida de nacimiento es la prueba sobre la que se fundamenta el caso.

El exmandatario fue convocado dos veces —en octubre de 2024 y enero de 2025— a prestar su declaración en la ciudad de Tarija, pero no se presentó. Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes, y emitió una segunda orden de arresto que hasta la fecha no se ejecuta.

En ese contexto, Morales permanece en una suerte de arresto domiciliario en su bastión tropical de Cochabamba, donde sus seguidores han montado una guardia que lo vigila de manera permanente.

“Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó Morales y dijo que su solicitud responde a la intención de viajar porque le “llueven invitaciones” fuera del país. “Por derecho, por norma, me corresponde un pasaporte diplomático”, aseveró.

Vista del municipio de Villa Tunari, cerca del lugar donde vive el expresidente Morales. REUTERS/Agustin Marcarian

En efecto, el Decreto Supremo 1891 de febrero de 2014 establece que entre los beneficiarios de un pasaporte diplomático figuran los expresidentes de Estado y si bien no se especifican las causales para limitar la emisión de este documento, otra normativa faculta al Gobierno, a través de la Cancillería o la Dirección de Migración, a “suspender, cancelar o anular” pasaportes.

Infobae intentó comunicarse con la Cancillería para conocer su posición sobre el reclamo de Morales, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

El tema de los pasaportes diplomáticos y oficiales ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses, luego de que se descubriera que la exdiputada Laura Rojas ingresó al país a finales de noviembre con 32 maletas cuyo contenido se encuentra en investigación.

Según las investigaciones, Rojas llegó en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos y utilizó un pasaporte diplomático para facilitar el tránsito de las valijas que fueron llevadas a depósitos aduaneros en la ciudad de Santa Cruz y luego trasladadas a un galpón donde más tarde se encontró droga.

El caso derivó en la aprehensión de la exdiputada y cuestionamientos sobre un posible uso indebido del documento oficial, cuyo uso está reservado para funciones de representación o en determinadas condiciones reconocidas por el Estado. En paralelo, abrió el debate sobre los controles y la fiscalización de los pasaportes diplomáticos y sobre las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para otorgarlos, suspenderlos o retirarlos en caso de irregularidades.

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