De Tabaré a Orsi: cinco administraciones, una misma deuda con las personas en situación de calle

De 320 personas en 2006 a más de 13.000 asistidas en 2025. Casi dos décadas después, la cifra se multiplicó por más de diez. Refugios hacinados, alertas rojas que no alcanzan, muertes por frío evitables y un Estado que sigue midiendo sin resolver. Las denuncias de organizaciones sociales y los datos oficiales retratan una crisis que crece en todas las dimensiones: geográfica, etaria, de género y de salud.

La llegada del invierno no solo trae consigo las temperaturas más bajas del año, sino que también expone con crudeza una de las problemáticas más urgentes y complejas que enfrenta Uruguay: el creciente número de personas que viven a la intemperie. Lo que hace casi dos décadas era una realidad concentrada en zonas puntuales de Montevideo, hoy se ha expandido por todo el país con cifras que no dejan de alarmar.

El problema, sin embargo, no es nuevo. En octubre de 2006, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizó el primer conteo nocturno de personas en situación de calle en Montevideo. Aquella madrugada del 24 al 25 de octubre se registraron 320 personas durmiendo a la intemperie en la capital. El perfil era mayoritariamente masculino (75,6%), adulto (38% entre 31 y 55 años) y solitario, y los lugares elegidos para pernoctar eran, en su mayoría, entradas de edificios privados (23,8%) y comercios (18,8%). El propio informe oficial de entonces admitía que el sistema de recolección de datos era “insuficiente” y que se desconocía la “demanda potencial” de la población en calle no usuaria de refugios.

Cinco años después, en 2011, se realizó el primer censo nacional que extendió el relevamiento a todo el país. Pero la fotografía de 2006 ya anticipaba lo que vendría: un crecimiento sostenido que ningún gobierno logró frenar.

Cifras actuales: la magnitud de la crisis

Hoy, los números son abrumadores. Según datos oficiales del MIDES correspondientes a 2025, la asistencia a personas en situación de calle alcanza cifras récord:

• Durante la Alerta Roja por frío extremo de setiembre de 2025, se brindó asistencia a 2.636 personas en todo el país, de las cuales 1.788 estaban en Montevideo y 848 en el interior.
• A lo largo de todo 2025, el MIDES atendió a 13.000 personas en situación de calle, según declaraciones del ministro Gonzalo Civila.
• El censo de 2023 (el más reciente con metodología de recuento en una sola noche) contabilizó 3.504 personas en situación de calle a nivel nacional, lo que representa un aumento del 24% respecto a mediciones anteriores.

La comparación con 2006 es elocuente: lo que comenzó como un fenómeno de 320 personas en una noche en Montevideo, hoy se traduce en más de 13.000 personas que requirieron asistencia en algún momento del año. El crecimiento es de más del 4000% en términos de demanda anual, y la geografía del problema ya no es solo capitalina: ciudades como Rivera, Salto, Maldonado y Canelones registran cifras crecientes.

El invierno 2025: muertes evitables y alerta roja

El invierno de 2025 dejó una estela de tragedias que encendió todas las alarmas. Entre mayo y agosto, se confirmaron al menos siete muertes de personas en situación de calle, ocurridas en Montevideo, Rivera y Treinta y Tres. Las causas: hipotermia, infecciones respiratorias graves y falta de seguimiento médico.

El gobierno declaró por primera vez una “alerta pública” de nivel rojo, que habilitó la “evacuación obligatoria” de personas y animales en situación de vulnerabilidad. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que en una sola noche se alojó a casi 3.000 personas en refugios o centros de evacuación.

Pero para muchos, la ayuda llegó tarde. Organizaciones sociales denunciaron que los protocolos de activación son lentos y que los refugios nocturnos cierran al amanecer, dejando a las personas sin un lugar donde pasar el día.

Denuncias: cierre encubierto de refugios y hacinamiento

En medio de este contexto, surgen denuncias que cuestionan la eficacia de la respuesta estatal. Humberto, integrante del colectivo “Ni todo está perdido”, advirtió en una entrevista radial que el MIDES “disminuyó los servicios que se prestan en los refugios” y que existe una situación de hacinamiento crítico.

“En el mismo espacio donde normalmente caben 10 personas, están metiendo 30 personas más”, denunció, agregando que “los refugios también están con el cierre por lo de los pagos” y que “disminuyeron todo lo que tiene que ver con los servicios”.

Según su testimonio, no se trata solo de un problema de cupos, sino de la calidad de la atención: “la vianda está en mal estado” y, en ocasiones, directamente “no hay viandas, porque se acabaron”.

Estas denuncias adquieren una dimensión histórica particular si se comparan con los datos del censo de refugios de 2006. En aquel entonces, la evaluación de los usuarios era altamente positiva: el 93,2% de los residentes en refugios PAST calificaba el trato del personal como “muy bueno”, y el 82% estaba satisfecho con la variedad de la comida. Casi dos décadas después, el contraste es brutal: hacinamiento, falta de insumos básicos, precarización laboral de los cuidadores (según denuncias del sindicato SUTIGA, con una ratio de “un psicólogo cada 100 usuarios”) y una sensación general de abandono.

Las respuestas del Estado: ¿parches o soluciones?

El gobierno de Yamandú Orsi ha desplegado un abanico de medidas para hacer frente a la crisis. En mayo de 2025, el MIDES presentó un paquete de iniciativas que incluía la ampliación de cupos en los refugios de 1.100 a 2.085, de los cuales 600 se encuentran en el interior del país. El Plan Invierno se complementó con el lanzamiento del plan “Comunidad a la Calle”, que preveía la creación de nueve centros comunitarios “Puertas Abiertas” y 50 duplas territoriales para la captación directa en las calles.

Paralelamente, en enero de 2026, el Ministerio del Interior lanzó el “Operativo Calle” en los barrios céntricos de Montevideo (Ciudad Vieja, Centro, Cordón y Palermo) para retirar campamentos y trasladar a las personas al centro de referencia del MIDES en Casavalle. Los resultados iniciales mostraron más de 160 traslados y la remoción de nueve toneladas de residuos en una semana. Sin embargo, un dato revelador evidenció los límites del enfoque: al menos ocho personas ya habían sido intervenidas en más de una ocasión, demostrando un ciclo difícil de romper entre el traslado a refugios y el retorno a la calle.

Lo que el censo de 2006 ya advertía y sigue vigente

El informe de 2006 no solo aportó números. También dejó lecciones metodológicas y políticas que parecen no haberse aprendido. Entre ellas:

• La falta de representatividad: el relevamiento inicial tuvo una muestra pequeña (solo 153 formularios válidos) y se perdieron datos por un incendio en un refugio. Hoy, las organizaciones sociales siguen cuestionando la fiabilidad de los registros oficiales.
• El desconocimiento de la demanda potencial: el propio MIDES reconocía que no se sabía cuántas personas en calle no usaban refugios ni por qué. Dos décadas después, el “Operativo Calle” muestra que muchos rechazan los refugios por miedo al robo, la violencia o la pérdida de sus vínculos (incluidos sus animales).
• La salud como eslabón perdido: el censo de 2006 ya detectaba que el 68,9% de los usuarios fumaba, que el 30,1% había consumido alcohol en los últimos siete días y que el 40,5% calificaba su salud como regular o mala. Esas mismas variables siguen siendo hoy los grandes agujeros negros de las políticas de calle, con una ausencia casi total de dispositivos de salud mental y tratamientos de adicciones dentro de los refugios.

El interior, el género y los nuevos rostros de la calle

Si el censo de 2006 mostraba una realidad casi exclusivamente masculina y montevideana, hoy el panorama es muy distinto:

• Mujeres: pasaron del 9,1% en 2006 a representar casi un tercio de la población asistida en 2025. Muchas son madres solas que evitan los refugios mixtos por miedo a la violencia.
• Jóvenes: el 23% de los relevados en 2006 tenía entre 15 y 30 años. Hoy, los equipos de calle reportan un aumento de adolescentes y jóvenes de hasta 25 años, muchos de ellos egresados del sistema INAU sin redes de contención.
• Interior: mientras en 2006 el conteo se limitaba a Montevideo, hoy ciudades como Rivera, Salto, Maldonado y Canelones tienen cifras estables de indigencia, y el MIDES anunció que mantendrá 11 refugios de 24 horas en el interior después del Plan Invierno, aunque con capacidad limitada.

A modo de conclusión: el espejo de dos décadas

Uruguay acumula desde 2006 diagnósticos, censos, conteos, alertas rojas, planes invierno y operativos de desalojo. Sin embargo, la población en situación de calle no dejó de crecer. Lo que en aquel entonces era un fenómeno acotado a 320 personas en una noche en Montevideo, hoy es una crisis nacional que alcanza a más de 13.000 personas al año.

Las denuncias de hacinamiento, falta de viandas y cierre de servicios en los refugios no son nuevas: ya en 2006 el propio MIDES admitía deficiencias en el sistema de recolección de datos y en la capacidad de respuesta. Pero lo que entonces era una advertencia metodológica, hoy es una realidad trágica: personas que mueren de frío a pocas cuadras del Palacio Legislativo, mujeres que eligen la calle antes que un refugio inseguro, jóvenes que pasan de la institucionalización a la intemperie.

El invierno de 2026 está por llegar. La pregunta que persiste, después de casi veinte años de mediciones y promesas, es si Uruguay logrará finalmente construir una política de Estado integral que trascienda la emergencia estacional y aborde las raíces profundas de una crisis que se ha instalado como una de las deudas sociales más urgentes del país.