Jubilaciones sumergidas

Uruguay enfrenta una tensión creciente entre sostenibilidad fiscal y justicia social. En ese delicado equilibrio, hay una realidad que persiste demasiado tiempo en silencio: miles de jubilaciones que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas. Son las llamadas jubilaciones sumergidas, ingresos que, aún dentro del sistema formal, quedan por debajo de lo necesario para una vida digna.

El debate previsional suele centrarse en la viabilidad del sistema, el envejecimiento poblacional o la edad de retiro. Sin embargo, con frecuencia deja en segundo plano una dimensión clave: la calidad de las prestaciones. No se trata solo de cuánto tiempo puede sostenerse el sistema, sino de qué nivel de protección brinda a quienes ya cumplieron su ciclo laboral.

En este contexto, surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es posible mejorar las jubilaciones más bajas sin comprometer la estabilidad fiscal? La respuesta no es sencilla, pero tampoco imposible. Requiere, eso sí, decisiones políticas que distribuyan de manera más equitativa los esfuerzos.

Una de las vías posibles es avanzar hacia un esquema de mayor progresividad fiscal. Esto implica que quienes tienen mayor capacidad contributiva —los sectores de mayores ingresos y patrimonio— realicen un aporte adicional orientado específicamente a reforzar las prestaciones más rezagadas. No se trata de castigar el éxito económico, sino de reconocer que la cohesión social también es una condición para la estabilidad del país.

Uruguay tiene una larga tradición de políticas redistributivas, pero en los últimos años esa lógica parece haber perdido fuerza frente a restricciones fiscales cada vez más rígidas. Sin embargo, la equidad no puede quedar subordinada indefinidamente al ajuste. Una sociedad que naturaliza jubilaciones insuficientes corre el riesgo de consolidar una vejez empobrecida y desigual.

El desafío, por supuesto, es diseñar mecanismos que sean sostenibles y transparentes. Un eventual esfuerzo fiscal de los sectores más pudientes debería estar claramente orientado, con objetivos definidos y control ciudadano. No se trata de abrir la puerta a un gasto desordenado, sino de corregir una inequidad estructural.

Además, mejorar las jubilaciones más bajas no es solo una cuestión ética. También tiene efectos económicos positivos. Los ingresos destinados a sectores de menores recursos tienden a volcarse rápidamente al consumo, dinamizando la economía local y generando un círculo virtuoso que puede amortiguar parte del costo fiscal.

El país ya ha demostrado en otras etapas que es capaz de construir consensos en torno a políticas sociales de largo alcance. Hoy, la mejora de las jubilaciones sumergidas podría ser uno de esos puntos de acuerdo. No como una medida aislada, sino como parte de una visión más amplia de desarrollo inclusivo.

La discusión no debería plantearse en términos de imposibilidad, sino de prioridades. En última instancia, lo que está en juego es qué modelo de sociedad se quiere sostener: uno que acepta la desigualdad en la vejez como un dato inevitable, o uno que asume el compromiso de garantizar condiciones mínimas de dignidad para todos.

Las jubilaciones sumergidas son una deuda pendiente. Y saldarla, aunque implique esfuerzos, es también una inversión en cohesión social y en el futuro del país.