Horca para los palestinos: Israel aprueba una cruel ley que permite ejecutar incluso a niños
La ley, cuya aprobación fue celebrada con champán por los legisladores, se ha promulgado prácticamente en exclusiva para los palestinos y consolida aún más su humillación a manos del Estado hebreo.
La decisión del Parlamento israelí de aprobar una ley que establece la pena de muerte para los condenados por terrorismo en Cisjordania ha provocado una fuerte reacción tanto en la región como fuera de ella, convirtiéndose en una de las medidas más polémicas en el contexto de la guerra en curso con Irán.
Aprobada ante la escalada militar, la ley es vista por los críticos no solo como un endurecimiento de las penas, sino como un paso más hacia la consolidación de la práctica ya existente de ejercer presión sobre los palestinos, que está adquiriendo un carácter cada vez más institucionalizado.
¿Qué prevé la nueva ley?
La ley fue impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, con el apoyo del Likud de Benjamín Netanyahu. El texto establece la pena de muerte en la horca como castigo predeterminado para los residentes de Cisjordania condenados por actos terroristas mortales por tribunales militares. Si bien los jueces pueden optar por la cadena perpetua en «circunstancias especiales» definidas de manera imprecisa, la pena de muerte sería obligatoria en los demás casos y se ejecutaría en un plazo de 90 días a partir de la sentencia.
De hecho, se trata de una norma que se aplica exclusivamente a los palestinos: los ciudadanos israelíes no están sujetos a la ley, ya que son juzgados en tribunales civiles, mientras que los palestinos lo son en tribunales militares. Además, la ley prevé la reclusión de los condenados en centros aislados sin acceso a visitas, y el asesoramiento legal solo se permite por videoconferencia.
Celebración ante un fondo de ejecuciones
Sin embargo, no solo la iniciativa en sí causó revuelo, sino también la reacción de sus partidarios a la aprobación del texto.
En un video se ve al ministro brindar con champán y pronunciar el tradicional brindis judío «l’chaim», que significa «por la vida». Además, repite «la historia, la historia» tras servir unas copas. «Con la ayuda de Dios, pronto ejecutaremos uno por uno a todos aquellos que han masacrado, asesinado y quemado», afirmó. También se observa que el grupo de legisladores partidarios de la ley lucía insignias con forma de horca.
Posteriormente, Ben Gvir reiteró su postura y defendió la aplicación de la ley. «Hicimos historia al decirle a cada madre […] que, si su hijo sale a asesinar a alguien, está condenado a la horca», afirmó.
Profundizando la discriminación
La nueva ley no crea una nueva realidad, sino que consolida la asimetría ya existente. Según Al Jazeera, el nivel de sentencias condenatorias para los palestinos en los tribunales militares alcanza el 99,74 %, mientras que entre los israelíes juzgados por delitos en Cisjordania la cifra se situó en torno al 3 % entre 2005 y 2024.
En este contexto, la ley se inscribe en un sistema más amplio de normas que reprimen los derechos de los palestinos. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950, que permitió la confiscación de tierras y viviendas pertenecientes a palestinos desplazados en 1948, y la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel de 2003, que en la práctica impide la reunificación de las familias palestinas divididas por la ocupación. En 2018, la Ley del Estado-Nación impulsada por Netanyahu codificó la supremacía jurídica judía en materia de identidad, asentamientos y derechos colectivos; degradó la lengua árabe; y afirmó una preferencia constitucional por la autodeterminación judía.
Ola de condena internacional
La reacción internacional fue contundente. La Autoridad Palestina calificó la ley como una «escalada peligrosa» y afirmó que Israel «no tiene soberanía sobre el territorio palestino», añadiendo que la medida «busca legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el manto legislativo».
Antes de la votación, los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido instaron a que se desistiera de la iniciativa, mientras que en la ONU se subrayó que esta «contraviene las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional».
El jueves, ocho países musulmanes se sumaron a la condena. En una declaración conjunta, los cancilleres de los ocho países manifestaron que esta legislación constituye una peligrosa escalada, especialmente dada su aplicación discriminatoria contra los presos palestinos, y subrayaron que tales medidas corren el riesgo de exacerbar aún más las tensiones y socavar la estabilidad regional.
En este contexto, la postura de EE.UU. resultó notablemente más moderada: en Washington declararon que «respetan el derecho soberano de Israel a determinar sus propias leyes y penas para las personas condenadas por terrorismo».
actualidad.rt.com
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